Libro de Actas final_2

GT 17 GRUPO DE SOCIOLOGÍA DE LA EDAD Y CICLO VITAL
Una de las voces que han surgido reivindicando este derecho es la del sociólogo y profesor universitario Juan Díez
Nicolás, que encabeza una iniciativa denominada Plataforma en contra de la Jubilación Obligatoria, haciendo público
un manifiesto ya suscrito por medio centenar de intelectuales, profesionales de la docencia, investigadores,… en el
que se considera que la jubilación, en razón de la edad, “es discriminatoria, atenta contra los intereses generales, y su
obligatoriedad para los funcionarios públicos en general y, en particular, a los funcionarios que trabajan en ámbitos y
tareas que requieren la acumulación de conocimiento y experiencia, constituye una discriminación inaceptable”. Por otra
parte, los líderes políticos, determinados cargos públicos, los consejeros de Estado o los de la Banca no tienen jubilación
obligatoria por razón de edad.
La viabilidad del sistema público de pensiones
Según la opinión de diversos analistas económicos y sociales 7 , los criterios básicos en los sistemas públicos de pensiones
son el reparto, la equidad intergeneracional e intrageneracional y la universalidad. Los sistemas públicos contienen tanto
pensiones contributivas, pensiones indirectas derivadas de aportaciones de terceros y pensiones no contributivas.
Un sistema público de pensiones es el que el Estado administra con el fin de garantizar protección social frente a las
contingencias laborales (desempleo, accidentes de trabajo, enfermedad) la vejez (jubilación) u otras circunstancias
sobrevenidas por dependencia.
El sistema español de pensiones está basado en las pirámides de población que, dependiendo de su configuración,
pueden ofrecer una visión general de la juventud, madurez o vejez de una sociedad en concreto. Eso nos permite derivar
consecuencias sociales de tal hecho. Y es sobradamente conocido que España presenta una pirámide poblacional regresiva.
Está ya ampliamente superada la idea existente hace unas décadas de que las aportaciones de los trabajadores constituían
un fondo para asegurarles en su futuro una pensión de jubilación. Esa filosofía ya no sirve. Hoy todo el mundo es
conscientemente realista ante la idea de que las pensiones actuales son el fruto de las cotizaciones de quienes en estos
momentos desempeñan una actividad laboral. Si con las aportaciones de los trabajadores actuales se sufragan las pensiones
de hoy y dentro de unos años se duplicará el número de jubilados pero no así el de los cotizantes, la cuestión planteada es
obvia: ¿Quién aportará o cotizará para dar cobertura a las pensiones de los jubilados del mañana.
La realidad es que las jóvenes generaciones que, con sus cotizaciones pueden posibilitar una cierta garantía del cobro de las
pensiones a esos jubilados, tienen el riesgo de no percibir en el futuro una pensión proporcional a lo que ellos han estado
cotizando. Pero también es cierto que los pensionistas y jubilados actuales han estado cotizando durante 40 o 50 años, e
incluso más, y ahora ven con inquietud la continuidad de sus pensiones o la congelación de las mismas y su depreciación
debido a que los incrementos que pudieran tener en modo alguno se corresponde con el incremento del coste de la vida.
Si no se produce un aumento de los cotizantes o un descenso importante en los perceptores, los 106.350 millones de euros
previstos, se habrán quedado cortos para costear en el año 2013 las más de nueve millones de pensiones contributivas previstas.
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, como señala Julio Fernández 8 , se nutre de los excedentes del sistema, de los
rendimientos del propio fondo, de las inversiones que se hayan hecho con sus activos y de aportaciones extraordinarias
aprobadas por el Consejo de Ministros. Aparece como una medida adoptada por el Pacto de Toledo con la finalidad de
crear unos fondos especiales de estabilización y reserva destinados a atender las necesidades futuras del sistema.
Diferentes especialistas consideran que con este Fondo se puede hacer frente a los desequilibrios que la crisis ocasiona
en el sistema. Sin embargo, parece que esto no es exactamente así. Servirá para financiar el déficit sin tener que acudir a
los mercados, pero sin eliminarle. Si los excedentes de contribuciones se hubieran destinado al sostenimiento del sistema
de pensiones y no se hubieran asignado a financiar parcialmente la sanidad, el déficit o las subvenciones, probablemente
el Fondo de Reserva presentaría una cantidad sensiblemente superior al 6,22%, conforme a la apreciación del autor más
arriba mencionado.
De hecho, en el texto del ya mencionado Decreto-Ley 5/2013, reconoce expresamente que “Los sistemas de pensiones de
los países de la Unión Europea se enfrentan a importantes desafíos en el medio palzo derivados de fenómenos demográficos.
Las bajas tasas de natalidad y el alargamiento de la esperanza de vida exigen la adaptación de estos sistemas para asegurar
su viabilidad en el largo plazo y mantener unas pensiones adecuadas para el bienestar de los ciudadanos de más edad.
España no es una excepción, y el sistema de Seguridad Social debe hacerse cargo del pago de un número creciente de
pensiones de jubilación, por un importe medio que es superior al que sustituyen, y que deben abonarse en un periodo cada
vez más largo, gracias a los progresos en la esperanza de vida”.
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Conclusiones
La jubilación significa el final del ejercicio de una vida profesional, pero no el final de la vida misma. Una cosa es
dejar de desempeñar un trabajo remunerado y otra muy distinta perder las capacidades para el ejercicio de actividades y
ocupaciones gratificantes para la persona y útiles para la sociedad. No se puede incurrir en el despilfarro social que supone
la marginación y exclusión de los jubilados.
7 Fernández García, J.: “El futuro de la jubilación”, en La Voz de Galicia, La Coruña, 14 octubre 2012.
8 Fernández García, J.: “El futuro de las pensiones”, en La Voz de Galicia, La Coruña, 21 octubre 2012
CRISIS Y CAMBIO: PROPUESTAS DESDE LA SOCIOLOGÍA
XI Congreso Español de Sociología (FES)