Libro de Actas final_2

GT 17 GRUPO DE SOCIOLOGÍA DE LA EDAD Y CICLO VITAL
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Por jubilación anticipada se entiende la situación en la que el trabajador se jubila entre los 60 y los 65 años, teniendo
derecho a percibir una pensión de la Seguridad Social, pero con una penalización porcentual por cada año que le quede
hasta cumplir los 65 años. Por su parte, la prejubilación tiene lugar cuando el trabajador no tiene derecho a percibir
pensión alguna de la Seguridad Social porque en el momento del cese de su actividad laboral no tenía la edad requerida.
En general, cuando un trabajador aceptaba esta medida, podría disfrutar según en el supuesto en que se encontrara, en
alguna de las siguientes modalidades: Indemnización por parte de la empresa y/o compromiso de futuro, prestación por
desempleo o subsidio por desempleo.
En este supuesto, generalmente se llegaba a un acuerdo entre la empresa y los sindicatos, mediante un Expediente de
Regulación de Empleo (ERE) o plan de prejubilación, para establecer una indemnización para el trabajador. La empresa
puede o no pagarle la Seguridad Social hasta su jubilación. En otros casos, el trabajador que se queda sin trabajo pasa, en
primer lugar, a percibir el subsidio de desempleo durante dos años y, posteriormente, un seguro de desempleo acordado
con la empresa hasta cumplir los 61 años para poder jubilarse y tener una pensión.
A principios del año 2009 se estimaba que alrededor de un millón doscientas mil personas estaban afectadas por
prejubilaciones forzosas en España, prejubilaciones que suponen un despilfarro de habilidades y saberes como, por otro
lado, lo suponen para las jubilaciones forzosas de ciertos profesionales, particularmente en el ámbito de la creación, la
investigación o la transmisión de conocimientos.
A pesar de la entrada en vigor de la Ley de Jubilación Gradual y Flexible, a pesar de las recomendaciones del Pacto de
Toledo, de la Unión Europea y de las directrices que marcaba la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, a pesar
de todos los estudios nacionales e internacionales sobre los sistemas de protección social que inciden en la necesidad de
mantener a los trabajadores en el mercado laboral el mayor tiempo posible, las jubilaciones anticipadas se convirtieron
en los últimos años del pasado siglo y en los primeros del presente, en una opción frecuentemente empleada por las
empresas para reducir sus plantillas sin conflicto. En el año 2012 las jubilaciones anticipadas representaros en 42% de las
jubilaciones registradas.
Las prejubilaciones han sido un procedimiento cada vez más frecuente para reducir costes, rejuvenecer las plantillas,
amortizar puestos de trabajo o solventar situaciones de crisis como la que vivimos actualmente.
La diferencia con otros países de occidente ha estado en que mientras que en ellos se reconocía la existencia de la crisis
económica y se tomaban medidas, en España el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no sólo no las reconocía, sino que
incluso la ha negado y ha tildado de falaces y antipatriotas a quienes hacían referencia a tal situación. Era un tiempo preelectoral.
Una de esas medidas que en diferentes países de Europa empezaron a adoptarse ha sido la de retrasar la edad de jubilación,
a la cual España se ha sumado más recientemente, limitando primero el recurso a las prejubilaciones y prolongando
voluntariamente la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación y proponiendo, después, que esta prolongación
tenga carácter forzoso con aplicación paulatina y progresiva hasta los 67 años. Esta medida ha entrado en vigor en enero
del año 2013. Pero, por otra parte, se mantenía la obligatoriedad de la jubilación forzosa a determinadas edades.
Como consecuencia de lo establecido en el Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo, por lo que se refiere a las jubilaciones
anticipadas, la voluntaria solamente podrá solicitarse dos años antes de cumplir la edad legal de jubilación vigente en cada
ejercicio, es decir, 63 años y un mes para 2013, que se irá aumentando de manera progresiva, hasta alcanzar los 65 años
en 2027, año en el que la edad legal de retiro alcanzará los 67 años en virtud de la última reforma de las pensiones, con
un mínimo de 35 años cotizados, en tanto que la forzosa podrá adelantarse como máximo cuatro años con una cotización
mínima de 33 años.
Más fácil lo tendrán quienes deseen hacer compatible su pensión de jubilación con un trabajo por cuenta propia o ajena,
para lo que se precisa haber alcanzado la edad legal de jubilación y haber adquirido el 100% de la base reguladora.
Quienes opten por esta modalidad percibirán el 50% de su pensión y el salario que obtengan por seguir en activo, que en
el caso de los funcionarios únicamente podrá provenir de una empresa privada.
Crisis económica y jubilación
De una etapa de bonanza económica se ha pasado a una fuerte recesión y las consecuencias del elevado nivel de desempleo
se han dejado sentir en las afiliaciones a la Seguridad Social. Diversos países de Europa, como ya ha quedado expresado,
han acometido ya algunas reformas tales como poner freno a las prejubilaciones, el retraso en la edad de jubilación o
el aumento del periodo para el cálculo de la pensión. Finlandia y Dinamarca han optado por incentivar la prolongación
de la vida laboral y han retrasado la edad de la jubilación hasta los 67 años, medidas que pueden tener importantes
repercusiones en el gasto y a las que también se ha sumado Alemania. Bélgica ha decidido en el año 2009 el aumento de
la edad de jubilación de las mujeres de los 63 a los 65 años, siguiendo intacta la de los hombres en los 65 años de edad.
En el año 2010 Francia ha aprobado el aumento de la edad de jubilación de los 60 a los 62 años y de 65 a 67 para quienes
no hayan cotizado el tiempo pertinente, en medio de importantes protestas con huelgas y manifestaciones no exentas de
una notable violencia.
CRISIS Y CAMBIO: PROPUESTAS DESDE LA SOCIOLOGÍA
XI Congreso Español de Sociología (FES)