Tratado De Derecho Penal - Parte General - Tomo III

taria, Código de faltas o ley complementaria, según corresponda)
y por lo tanto, una y otras, deberán dictarse dentro del marco de
las respectivas atribuciones de cada organismo legiferante, distribución
que parte de la CN.
Así el P. E. no puede crear infracciones penales y si una ley
penal remite a tales infracciones es absolutamente inconstitucional.
Mientras que el tipo se complete con normas que emanan de la
esfera legislativa (en sentido material) competente, no habrá ninguna
delegacibn de poder y el tipo será perfectamente constitucional.
Para mencionar un ejemplo derogado y extremo de inconstitucionalidad
en este sentido, recordemos el decreto 5541 del 5-VII-63 por el
cual el P. E. "reglamentaba" un decreto-ley (4214 del 24-V-63). Si bien
se trataba de un régimen "de facto", el decreto ley en tal sistema es ley
en sentido formal, en tanto que no lo es el decreto. Con la citada reglamentación
se creaba la figura misma y se confería la facultad de calificar
a un organismo administrativo.
Una cuestión que parece meramente teórica, pero que tiene
importa~ites consecuencias prácticas es la de saber si la disposición
emanada de la otra autoridad integra la ley penal misma, o si ésta
tiene existencia propia como ley que contiene uaa sanción sin precepto.
En nuestro concepto resulta claro que la disposición que
"rellena" el "blanco" integra la ley penal, porque no concebimos
,que pueda haber una ley penal que no individudice la conducta a
la que asocia una pena. Esta posición tiene como consecuencia que
no hay ley penal hasta que no se dicta la reglamentación que la
integra y, recién entonces, entrará en vigencia la ley penal en blanco.
Esto es lo que sucedió con la ley de tráfico de estupefacientes,
promulgada el 3 de octubre de 1974 (ley 20.771) y cuva más importante
lista de estupefacientes y psicotrópicos se publicó casi un
año después, el 18 de setiembre de 1975. Hasta el 18 de setiembre
de 1975 no había ley penal, de modo que no podía considerarse en
vigencia la ley 20.771, por lo que seguían vigentes las disposiciones
del código penal que esa ley derogó. Entendemos, pues, que la ley
penal en blanco entra en vigencia cuando se dicta la reglamentación
a que remite 86.
Cfr. SOLER, 1, 122; RIVAS GODIO, Lurs E., Falsía o cuasi perjrrn'o 10-
"atice, en "Hev. Arg. Cs. Ps.", no 5, 1977, p. 39.