Tratado De Derecho Penal - Parte General - Tomo III

plicadísimas frente a la clara disposición de nuestro texto legal. Una
de ellas sería sostener que el tercero ajeno a la provocación puede
"defender", es decir, ser Iegítimamente "autor" de la defensa de1
tercero, pero que no puede cooperar legítimamente en la defensa
que lleve a cabo el propio agredido, pero sería absurdo pretender
que alguien pueda actuar legítimamente como "autor" de una defensa
racionalmente necesaria y que adÚe antijurídicamente cuando
se limite a cooperar en una defensa racionalmente necesaria. Otra
alternativa sería sostener que la participación configura una tipicidad
independiente y no accesoria de un injusto ~rincipal, lo que
presenta graves inconvenientes que en su momento veremos 'O9 Y
que nadie sostiene en la doctrina nacional. Otras soluciones, más
lejanas y descabelladas, serían sostener que la legítima defensa del
provocador no es una causa de justificación, sino de inculpabilidad,
o que no participar en la provocación significa no conocer la provocación
y pretender resolver la cuestión como error de prohibición.
En general, todas estas soluciones son violatorias del principio de legalidad
o, al menos, gravemente extensivas de la punibilidad y su
sólo enunciado nos demuestra que el inc. 79 del art. 34 CP coloca a
los sotenedores del "injusto objetivo" en su callejón sin salida 'Og ter.
432. La defensa del Estado. Es incuestionable que es legítimamente
defendible cualquier bien, pertenezca a una persona física
como a una persona jurídica. El Estado es también una persona,
por lo que nadie duda de la posibilidad de defender sus bienes
jurídicos, al menos cuando de "bienes individuales" se trata llO.
Quien impide que un sujeto se apodere de una ambulancia perteneciente
al Estado actuará en legítima defensa si su conducta ha sido
el medio racionalmente necesario para impedir el hurto "l.
El problema más grave que a este respecto se plantea es cuando
se trata de la defensa del Estado en sí mismo y del orden jurídico.
Para quienes entienden que la legítima defensa es primrdialmente
defensa del orden jurídico, es casi una consecuencia necesaria
la admisión de la legítima defensa del orden jurídico por los par-
lO9biS V. infra, § 524.
10gter La doctrina nacional pretende suprimir la disposición de lege ferenda,
pero no logra explicarla de lege lata (V. TERÁN LOMAS, 1, 406).
110 Cfr. JESMECK, 272; SAMSON en RUWLPHI y otros, StGB Kommentar,
p. 256.
111 STRATENWEKIII. 13 ed., p. 130.