Tratado De Derecho Penal - Parte General - Tomo III

mento y porque de ella dependen todos los bienes jurídicos restantes.
Como objeción al concepto de bien jurídico como relación de disponibilidad
-y referido siempre a la vida-, se plantea el pioblema del
suicidio. Veremos que hay bienes jurídicos que se afectan, porque se
afecta la relación misma de disponibilidad, en tanto que en otros casos,
lo que se afecta es el término de la relación, o sea, el ente con que el
sujeto se halla en relación de disponibilidad. En casi todos los casos, la
re!aciÓn, aunque se la lesione, puede restablecerse, pero en otros la lesión
es irreversible, lo que acontece cuando se destruye el téirnino de la misma.
Hay dos supuestos en que el sujeto, a causa de la destrucción irreversible
de la relación de disponibilidad por aniquilamiento del objeto de la
misma, pierde de un golpe todos los bienes jurídicos penalmente tutelados:
uno de ellos es el suicidio y el otro la desaparición del Estado.
En el caso del suicidio -como en el de la autolesión gravísimano
podemos comprender, tratándose de una situación más o menos nor.
mal, que un individuo, para autorealizarse socialmente, destruya de un
golpe todos sus bienes jurídicos. De allí que el tercero qüe impide el
suicidio cumple un deber jurídico, puesto que presumimos que el suicida,
superado el trance en que se halla (que en situación más o menos normal
no puede considererse de otra forma que como una incapacidad psíquica),
habrá de agradecer la acción salvadora. Por otra parte, como
normalmente no nos es comprensible (en sentido existencial) la acción
suicida, entre una afectación al bien jurídico libertad -perfectamente
reversible y un peligro inminente para el bien jurídico vida, cuya afee
tación sería totalmente irreversible, preferimos la primera para evitar
la segunda. Más aún: creemos que la conducta de quien no impide el suicidio
pudiendo hacerlo sin riesgo personal, o, mediando riesgo personal. no
da aviso a la autoridad que puede evitarlo, incurre en una omisión de auxilio40.
No obstante, veremos que dejamos de cumplir un deber o de
actuar justificadamente --en el caso en que el sujeto impida el suicidio
con riesgo para su vida- cuando podemos comprender la acción suicida.
Esto sucede cuando el voluntario se lanza a una acción de guerra heroica,
pero de la que él y no'sotros sabemos que no habrá de salir con vida.
Mucho menos podemos impedir la competición deportiva de elevado riesgo
para la vida, que el Estado reglamenta y fomenta, como las carreras
automovilísticas, por ejemplo. Tampoco podemos imponer un tratamiento
médico-quirúrgico amputativo, aunque ello le signifique la muerte al
paciente. El derecho no puede penar el autoperjuicio(1, por mucho que
en los últimos tiempos se pretenda otra cosa4?. El suicidio ha dejado
40 Cfr. CALLAS, WILHELM, Strafbare Unterlassen im Fall einer Selbstotu%,
en 1960, 692.
41 Cfr. BINDINC, Handbuch, 1885, 1, 699.
*2 Sobre ello, Scm~n, RUDOLF, Strafrechtlicher Schutz des Opfers oor
sích selbst?, en "Fest. f. Maurrich", 1972, 113; dentro de nuestra legislación,
uia forma inconstitucional de penar el autoperjuicio es la punición de la