Tratado De Derecho Penal - Parte General - Tomo III

Por otra parte, se ha pensado también en la inculpabilidad (conforme
a la sistemática causalista: atipicidad, para nosotros) de los miembros
de las personas jurídicas o, cuanto menos, de algunos de ellos, como
pueden ser los que no participaron en la resolución o los que no se enteraron
o incluso votaron en contraa4. Esto se vincula estrechamente
con el principio de la intrascendencia de la pena, incorporado a toda la
legislación del mundo civilizado y que proscribe particularmente la
práctica oriental conocida como "principio de corrupción de la sangre"
e incorporada al Código de JustinianoG5. No faltaron antiguos autores
que postularon la punición de la mayoría que había adoptado la resolución
66.
No obstante la solidez de estos argumentos, estimamos que la incapacidad
de la persona jurídica es una clara incapacidad de conducta.
La voluntad de la acción humana es un fenómeno psíquico que no ,puede
concebirse en una persofia jurídica. La persona jurídica es incapaz de
conducta, es ''in~oluntable'~: el conocimiento del aspecto objetivo de1
hacer, como fenómeno psíquico, no puede asignársele a la persona jurídica,
sino a través de una ficción legal que ninguna disposición autorizasr.
Esto no implica que la persana jurídica deba ser incapaz para
otras ramas del derecho, sino que el derecho penal, además del respeto
por la estructura lógico objetiva que liga al legislador con el objeto,
tiene el carácter de ser particularmente reacio a las ficciones.
Para afirmar la capacidad penal de las personas jurídicas es
necesario partir de la identificación de conceptos penales y civiles,
lo que es inadmisible, pues con sólo repasar el enlistado del art. 34
CP, veremos que se está refiriendo claramente a la acción humana,
lo que revela que en nuestro código penal tiene plena vigencia la
fórmula societarr delinquere non pdest 08.
C
64 Este es uno de los argiimentos de SOLER, op. et loc. cit.
Cfr. CARRARA, FRANCESCO, Dante Criminalista, en Opuscoli (versión
castellana de M. DE RIVACOBA y R., en la "Revista de estudios
Madrid, 1966, pp. 16-7).
86 Cfr. T~ANN, URL AUGUST, Handbuch des gemeinen decctschen
peinliclaen Rechts, 1806-1809, $ 113. En base a la trascendencia de la pena,
Rmos MEJ~ afirma que la ley de monopolio viola el principio de culpabilidad
en la legislación argentina (El principio de culpabilidad en la legislación
penal argentina, Jornadas lnt. de Derecho Penal, "Relatos", Univ. de Belgrano.
Bs. AS., 1971, 41-58).
67 Así, MANUEL HUACUJA y ZAMACONA (Responsabilidad penal de lac
personas jurídicas, en DPC, 14 [1966], p. 29) pretende que la "deliberación"
de un cuerpo colegiado equivale a la "deliberación" individual, lo que constituye
un error que se funda en una mera coincidencia de vocablos.
68 Esta fórmula pertenece a Sinibaldo de Fieschi, aunque segiín Paniw
Orallo no tendría en el contexto original el sentido que la tradición le as&
(cit. por B~STAIN, Medidas, cit., p. 51).