Tratado De Derecho Penal - Parte General - Tomo III

?-EOR~A DEL DELITO
c) En lo que respecta a las intervendones cEe cambio de sexo,
consistentes en ablación de genitales, cirugía plhstica y tratamiento
hormonal, antes de la sancibn de la ley 17.132 eran intenienciones
lícitas y no cabe considerarlas carentes de fin terapéutico, porque
lo tienen, aunque su indicación sea discutida en el ámbito mkdico
20: A partir de la sanción de esa ley, dichas intervenciones requieren
una aiitori7ación judicial por expresa disposición legal.
En qué casos corresponde concederla no lo dice la ley y consideramos
que esta omisión no puede suplirse por vía de reglamentación,
pues se tratada de una delegación de facultades legislativas, ya
que el texto no señala criterio alguno. Debemos suponer que la
autorización corresponde a los casos de hermafroditismozO', pero
también puede entenderse que la autorización obedece a rodear de
mayores garantías al consentimiento del paciente. Este es un interrogante
que no podemos responder, por defecto legal. De cualquier
modo, este nuevo requisito legal es de un criticable casuismo,
pues hay otras intervenciones de consecuencias gravísimas para las
que no se exige semejante requisito previo. Este casuismo, que es
muy común en la legislación penal de los últimos años, dentro de
su absoluta carencia de técnica y del peligro que entraña (el "legislador"
no actúu con prudencia y serenidad, sino con falta de información
de la legislacwn comparada y bajo el impacto emocional del
"caso sonado" m& reciente), resulta sin embargo preferible al estatablecimiento
de fórmulas generales mal acuñadas, como la de la
irrelevancia del consentimiento en las lesiones cuando es "contrario
-''" Así lo declarcí la CJmara de la Capital en el citado fallo (JA, U)
iiov. 1970). Consideramos que en este aspecto el fallo del tribunal fue conecto,
porque las iiitervenciories tuvieron finalidad terapéutica, aunque fuese discutible
t.11 grado siinio mí.clicnmente. Esta última cuestión es meramente médica y no
drl>e resolverla la jiisticia, que dehe limitarse a confirmar sil vigencia en e1
campo cirritifico y dejar que la disputa se resuelva entre los médicos. "ES
necesario el principio de que cualqiiier terapia, en tanto tenga validez científica
c. sea eit)rcitadii pricticamente, deba considerarse equivalente por el derecho.
No pertenece a In competencia de los jiiristas y de la justicia decidirse por
tina escuela médica" (GRWNWALD, CERALD, Heilbehandlung tind ürztliche Aufkliirr~ngs))fliil~t.
en "Arzt iind Recht", editado por Hans Goppinger, München,
1966, 129j. El criterio de que el homosexual presenta un consentimiento viciado
por iin "dc~fecto psíqiiico" (JA, 1966-abril, 546) es científicamente inadmisible,
pues rem.ite a In tesis de la responsabilidad parcial de Mario Carrara (en sentido
crítico. ZAFFAR~KI. La capacidad psíquica de delito, cit.). En Alemania
estas operaciones se hallan expresamente aiitorizadas por ley de agosto de 1969.
En Brasil SP Iia desarrollado una gran discusión al respecto, pero no están
prohihiclas (V. ANTONIO CHAVES, Direitos da personalidade. en "Justitia", Min.
Púb. de S. Pntilo. 1977 (98). pp. 63 y SS. (8490).
2"': LOPE;. HOI.AM. JORGE - VIDAL ALBARRAC~S, Hhclon, Aspectos jurídicor
de Iri lionroscxii