Tratado De Derecho Penal - Parte General - Tomo III

528 T~0~í.4 DEL DEL110
Adán Quiroga se expresaba con gran claridad a este respecto,
sentando la tesis qiie fue siempre sostenida por nuestra sana doctrina.
Del art. 19 constitucional deducía "que no hay delitos por violación
de deberes contra nosotros mismos. No hacer uso de las facultades
o hacer uso excesivo de ellas; no desarrollar nuestra inteligencia; no
dar el destino de la libertad en las evoluciones o condiciones de
nuestra existencia; destruir nuestro espíritu o nuestro ctierpo. todo
ello es un crimen moral, o más bien dicho un pecado; pero estos
actos no constituyen un delito, porque no salen de la esfera individual)>
'ga.
Frecuentemente, hay en nuestro derecho penal positivo, penas
para conductas que afectan bienes jurídicos propios, pero, a poco que
reparemos en ellas, veremos que no se trata precisamente de penar
la afectación de bienes propios, sino de conductas que mediante la
afectación de bienes propios afectan bienes ajenos. Así el art. 177 CP
pena al comerciante que causa su propia quiebra, pero por la lesión
que sufre el patrimonio de sus acreedores; el art. 820 del código
de justicia militar pena al que sc muti!a, pcro poir;cc es el medio
para sustraerse al servicio y afectar de esta manera la seguridad del
Estado que de él depende
En otros delitos: la apariencia de tutela de bienes más allá de
la voluntad del titular es aún mavor. Así parece suceder con el
art. 127 bis del CP, es decir, con el rufianismo, pues parecería que
nada importa allí el acuerdo de la persona que ejerce la prostitución.
Creemos que así entendido, este artículo es inconstitucional, porque
nada impide -ni es posible constitucionalmente prohibir- que quien
ejerce la prostitución mantenga a alsuien "becado" en París, y que
el beneficiario exija por c~rrcspondeilcia los sucesivos giros cuando
se atrasan. Se nos ocurre que la única interpretación constitucional
de esta disposición es la consideración de la misma como un delito
de peligro abstracto contra la libertad sexual. Con este entendimiento
queda a salvo su constitucionalidad y se precisa su alcance.
No obstante, hay un supuesto en que se pretende que la ley
argentina pena al titular del bien jurídico por el uso que del mismo
hace, que es el previsto en el art. 6v de la ley 20.771 atimo párrafo:
"Será reprimido con prisión de uno a seis años y multa de cien a
'69 QUIROCA, ADÁN, Derecho Penal Argentino, Delito 11 Pena, Estudio de
la Parte General del Proyecto de Código Penal de los Dres. Villegas, Ugarrizo
y Gorda, Córdoba, 1886, p. 38.
109'''S V. Zaffaroni-Cavallero, Dereclio Penal Militcrr, Bs. AS., 1980, pp.
368-9.