Tratado De Derecho Penal - Parte General - Tomo III

que quien se encuentra obligado a sufrir 01 tlCiíio no cs "cxtraiio" al
mal amenazado. Por nuestra parte crcemos que no cualqriicr "obli.
gación" jurídica puede dar lugar a la exclusión de la justificante,
sino sólo aquella que hace al sujeto "no extraño" respecto del mal
que le amenaza, y ésta sólo puede ser una particular obligación
juridica que debe emerger de su posición garantizadora del bien
jurídico que lesiona.
Naturalmente, quienes se hallan garantizando la evitación del
mal, sólo serán autores de acciones antijurídicas, sin poder ampararse
en el estado de necesidad, en la medida en que hayan asumido
la posición de garante y hasta donde ésta les obligue. La "tripulación
de un barco actuará lícitamente si arroja la carga al agua para
salvar sus vidas o el barco; el bombero no debe renunciar a su vida
para salvar las muebles" 165.
111. - EL EJERCICIO DE UN DERECHO
436. El ejercicio de iin derecho. Ya liemos dicho que tsta no
,es propiamente una causa de justificxción, sino el carácter genhrico
que todas ellas tienen.
El precepto penal tiene por objeto: a) Precisar que no son
antijurídicas las conductas típicas que se realizan en ejercicio de iin
derecho conferido por cualquier precepto permisivo emergente de
cualquier parte del orden jurídico; 0) A través de esa precisión conceptual,
recalcar suficientemente la vinculación que mediante la
. antijuridicidad conecta al derecho penal con la totalidad del orden
jurídico como tal.
En general es cierto que ejercen derechos todos los que realizan
alguna actividad que no está prohibida, conforme al principio de
reserva legal consagrado constitucionalmente. No obstante, es evidente
que cuando el código penal se refiere expresamente al "ejercicio
de un derecho" no se está refiriendo a lo que e$ obvio v no
puede ser problemático ni problematizado. La especial mención al
que "obrare en el legítimo ejercicio de su derecho" que formula el
inc. 40, del art. 34, está claramente referida a los casos cn que ese
ejercicio surge de un precepto permisivo, que son los supuestos en
que puede haber problemas y mediante cuya expresa mención el
código penal consigna -sin dejar duda alguna- la conexión de las
justificaciones con todas las ramas del orden jiirídico.