Tratado De Derecho Penal - Parte General - Tomo III

De cualquier modo, entendemos que la disputa en torno de la capacidad
penal de las personas jurídicas es casi especulativa. Hemos visto que
esta capacidad es defendida con argumentos de corte "defensista" o bien,
de naturaleza formal, pero lo cierto es que en último ánalisis, la discusión
es perfectamente inútil, porque !a circunstancia de que la persona jurídica
no tenga capacidad penal no implica -en modo alguno- que no
sea posible sancionar a los directivos que en el desempeño de sus cargos
cometen delitos. Nada impide tampoco la aplicación de una sanción administrativa
a la persona jurídica, que no afecta el principio penal de la
intrascendencia de la pena -porque no es pena- ni altera los principios
que fundan la culpabilidad penal. Además, no estando la aplicación
de sanciones administrativas sometida a exigencias tan estrictas
como las de la sanción penal, la misma ofrece una mejor defensa
"social" contra estos entes usados como medios para la comisión de
delitos. Las sanciones que les corresponden, como bien lo dice Jeschek,
son Ordnungsstrafe gegen Ve?-bande (penas administrativas contra sociedades)"p,
pudiendo ser ambas aplicadas por el mismo juez penal y en
la misma sentencia, puesto que ello no pasa de ser una mera cuestión
de competencia que no hace a la naturaleza de fondo de la sanción. Entendemos
que de esta manera práctica y realista, se puede defender
la sociedad contra las acciones individuales escudadas en personas ju-
~ídicas, aplicándole sanciones sin alterar lo psicológico de la voluntad ro.
ror supuesto que la circunstancia de que la sanción sea una consecuencia
accesoria de un delito, hará que esa sanción sólo pueda imponerse
con ciertas exigencias que no sean exactamente las mismas que las
del derecho administrativo ordinario, tal como también lo sostiene Jescheck,
pero eso no cambia la naturaleza misma de la sanción.
Por otra parte, y siempre desde el punto de vista político-penal.
llevan toda la razón Pedrazzi y Da Costa, cuando afirman que "la experiencia
enseña que en las sociedades por acciones, no obstante la estructuración
democrática impuesta por la ley, el poder efectivo se concentra
habitualmentte en manos de un número limitado de individuos, cuyos
intereses no siempre coinciden con el interés social. El fenómeno de la
disociación entre propiedad y control tiende a acentuar el distanciamiento
entre intereses de la sociedad como tal e intereses del grupo
directivo. De ello resulta que la amenaza de una sanción penal dirigida
a la sociedad no podría desempeñar una seria amenaza disuasiva". ''El
problema está -sintetizan estos autores- en individualizar y golpear
fi9 JESCHECK, 182.
70 Tal ha sido la solución aue ex~resamente hemos dado al ~roblema en
nuestro Anteproyecto de código pena¡. para la República del ~cuodor (en
DPC, 37, 1970); también, con exposición de motivos en lo periinente, en El
título ZZZ del Libro Z del Anteproyecto de Código penal para la República del
Ec~dor de 1960: la sanción, en "Revista Penal y Penitenciaria", Bs. As..
-%IX, 25 y SS.