La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

profesional, por lo que las riendas han debido ser tomadas por las instituciones europeas,
bajo la forma de Recomendaciones y Decisiones orientadas a fomentar el acceso a la
formación profesional por toda la población y a lo largo de toda la vida 123 .
La inclusión de cuestiones educativas en el ámbito de la formación profesional (aún sin base
directa en el Tratado) recibió el espaldarazo definitivo del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas en 1983 124 , al establecer una interpretación amplia del concepto
incorporado al art. 128 TCEE, abriendo al dominio comunitario un espacio más amplio en
materia de educación, aun cuando únicamente fuera en aquellos aspectos ligados al acceso y
permanencia en el mercado de trabajo (formación permanente, tránsito a la vida activa,
mejora de la empleabilidad, formación en alternancia…). El paso definitivo se dio, empero, en
el año 1992, con el Tratado de la Unión, que reformó el de Roma para incluir la educación
como política de ámbito comunitario, pero de forma sumamente limitada, pues la cuestión
quedaba a la entera competencia de los Estados miembros, reservándose a la UE únicamente
el deber de contribuir al desarrollo de una educación de calidad, fomentando la cooperación
entre aquéllos; de este modo, en sentido estricto la formación profesional sigue desgajada
de la educación y se ve sometida de forma mucho más intensa a la acción comunitaria.
El Tratado de Amsterdam (1997) no supuso, al menos aparentemente, un cambio sustancial,
pues la regulación de la cuestión permaneció inalterada, no obstante lo cual la elevación de
la creación de empleo a objetivo de primer orden incidirá en el desarrollo posterior de la
formación profesional. Así, en el Consejo Europeo de Luxemburgo sobre el empleo de 1997
se adopta una estrategia europea en la materia a seguir a través de las denominadas
“Directrices para el empleo” y se avanzan los ejes principales sobre los que deben
sustentarse, entre los cuales se cita la mejora de la capacidad de inserción profesional y el
fomento de la capacidad de adaptación de los trabajadores y las empresas a las mutaciones
económicas: en el marco del primero, la formación actúa como medida de política activa de
empleo con carácter preventivo frente al riesgo de desempleo juvenil y el paro de larga
duración, lo que no sólo afecta a la necesidad de dotar a los jóvenes de cualificaciones
adaptadas a las necesidades del mercado laboral, sino también a los sistemas escolares y a
la necesidad de reducir el abandono prematuro de la escuela; por cuanto hace al segundo, es
menester impulsar la consideración de la empresa no sólo como centro de producción, sino
también como medio de formación.
Estos planteamientos condicionan la concepción de la formación profesional en el plano
comunitario y, por ende, en el español. Su marco básico viene definido por el Programa de
Acción en el ámbito del aprendizaje permanente (Decisión 1720/2006/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre), que fija los objetivos que deben presidir las
actuaciones de la UE y de los Estados miembros y define la formación profesional como “toda
forma de educación o formación profesional inicial, incluidos la enseñanza técnica y la
profesional y los sistemas de aprendizaje, que contribuya al logro de una cualificación
profesional reconocida por las autoridades competentes del Estado miembro en el que se
obtenga, así como toda educación o formación profesional continua cursada por una persona
durante su vida laboral”.
En todo caso, la importancia de la formación en la UE conecta con la libre circulación de
trabajadores, pues es preciso que éstos puedan “exportar” sus cualificaciones y su formación
en todo el ámbito comunitario, procediendo estar a cuanto al respecto dispone la Directiva
2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre, relativa al
reconocimiento de cualificaciones profesionales, cuya finalidad es unificar en un único texto
la dispersa normativa sobre reconocimiento de títulos para permitir satisfacer aquel derecho
a la libre circulación.
123 CANO GALÁN, Y.: La formación profesional en España y las cláusulas de formación en la negociación colectiva,
Madrid (Ministerio de Trabajo e Inmigración), 2010, págs. 39-40; KOVACS, I.: “Trabajo, cualificaciones y aprendizaje a
lo largo de la vida: Ilusiones y problemas de la sociedad de la información”, Sociología del trabajo, núm. 34, 1998,
págs. 3-26 o SARRATE CAPDEVILA, M.L.: “La educación a lo largo de la vida, prioridad de la Unión Europea”, Educación
XXI: Revista de la Faculta de Educación, núm. 3, 2000, pág. 245-262.
124 Concretamente en STJCE de 13 de febrero de 1983, asunto 293/83, Françoise Gravier contra la Villa de Lieja.
98 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN