La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

En el afán por superar estas lacras, las medidas adoptadas se centraron en cada uno de los
puntos negativos detectados, procediendo al reconocimiento de la Educación Infantil como el
primer tramo del sistema educativo (sin perjuicio del valor que posee en sí misma); a la
extensión de la Educación básica y gratuita con carácter obligatorio hasta los dieciséis
años 36 ; a la reducción del Bachillerato a dos cursos académicos; a la reformulación de los
estudios de Formación Profesional 37 y a la obligación de adaptar cualquier tipo de enseñanza
a las características del alumnado con necesidades educativas especiales. Además, la LOGSE
llevó a efecto la voluntad manifestada años atrás desde diversas instancias de establecer
pasarelas entre la educación reglada y el mercado laboral, aunque fue preciso esperar a la
LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), para flexibilizar los mecanismos de
interconexión entre ambas esferas y “adaptarlo a los nuevos tiempos en los que se exige una
orientación mucho más acentuada hacia la formación a lo largo de la vida de las personas” 38 .
La reforma a la LOE mediante LO 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y las
modificaciones legislativas operadas por su complementaria LO 4/2011, de 11 de marzo,
acentúan todavía más la tendencia, conforme habrá ocasión de comprobar.
En el plano competencial, y como consecuencia de los postulados constitucionales, la LOGSE
“implantó un modelo de colaboración entre la Administración del Estado y las
Administraciones autonómicas a la hora de elaborar y aprobar los currículos académicos”,
intentando “hacer compatibles las sensibilidades autonómicas y aquellas otras de carácter
estatal o nacional”, lo que, sin negar las consabidas polémicas que siempre acompañan a las
relaciones entre ambas instancias, significó una novedad de alcance en la historia educativa
y curricular española que ha ido consolidándose tanto en la LOCE (2002), como en la LOE
(2006), pese a algunas modificaciones 39 . Esta concurrencia de Estado y CC.AA. ha incidido,
evidentemente, en la organización y estructura a través de la cual el sistema adquiere forma
y contenido 40 , de modo que, en términos generales, aquél asume la competencia de aprobar
la norma básica educativa (incluidas las enseñanzas mínimas y comunes), mientras que en el
nivel autonómico se desarrolla y completa dicha normativa y se asume la gestión del sistema
en el respectivo ámbito territorial 41 . Al margen de toda implicación política, la diversidad
educativa entre las CC.AA. acaba provocando diferencias en los resultados de los escolares,
tal y como revela el prestigioso Informe Pisa en su estudio de 2009, en el que, como ocurría
36 La prolongación de la educación obligatoria actúa como indicador del aumento de calidad global del sistema educativo
[GUARDIA GONZÁLEZ, S.; PESQUERO FRANCO, E. y RONCHI FERRARI, C.: “La Europa del conocimiento en la
Educación Secundaria Obligatoria”, cit., pág. 659]. Curiosamente, “la tasa neta de escolarización a los quince años, que
teóricamente debía ser del 100%, no se cumplía en el curso 2007-2008 en ocho comunidades o territorios autónomos”;
a saber, Baleares, La Rioja, Murcia, Ceuta, Madrid, Canarias, Melilla y Comunidad Valenciana, SÁENZ ALMEIDA, P.;
MILÁN HERNÁNDEZ, M. y MARTÍNEZ MARTÍNEZ, J.B.: La educación en España. Situación, problemas y propuestas, cit.,
pág. 22.
37 La LOGSE esbozó la idea de la formación permanente como orientación de la política educativa [GARCÍA ARCE, M.C.:
Diálogo social sobre la formación profesional en España, Montevideo (Cinterfor), 2002, pág. 37 o GONZÁLEZ GARCÍA,
L.: “Formación, mercado de trabajo y diálogo social”, RMTAS, núm. 1, 1997, pág. 65] y puso las bases de una
formación profesional inicial moderna, que ha ido ganando prestigio y eficacia hasta la actualidad. En efecto, “introdujo
un cambio fundamental en la concepción de la formación profesional, en la medida que modernizó la formación
profesional con el abandono de una concepción de vía secundaria o de segunda oportunidad para los estudiantes con
menos recursos económicos o intelectuales, con la voluntad de transformarla en la vía de especialización y cualificación
para acceder al mercado de trabajo” [HOMS, O.: La formación profesional en España. Hacia la sociedad del
conocimiento, cit., págs. 9 y 43]. Previamente, la Ley General de Educación de 1970 había situado a la Formación
Profesional dentro del sistema de enseñanza, pero de forma separada, lo que potenció su minusvaloración respecto al
Bachillerato, “con el consiguiente descrédito social”; la reforma efectuada por la LOGSE afectó, sobre todo, a dicha
Formación Profesional, que quedó integrada en el sistema educativo y, por cuanto hace a la de grado superior, la situó
al mismo nivel que los estudios universitarios [CESCYL: Informe a iniciativa propia sobre la Enseñanza no universitaria
en Castilla y León. Parte I: la Formación Profesional, Pleno ordinario del 10 de noviembre de 1999]. Por extenso,
FARRIOLS, X.; FRANCÍ, J. e INGLÈS, M.: “La Formación Profesional en la LOGSE. De la Ley a su implantación”,
Cuadernos de Educación, núm. 14, 1994.
38 HOMS, O.: La formación profesional en España. Hacia la sociedad del conocimiento, cit., pág. 25.
39 FRÍAS DEL VAL, A.-S.: “El currículo escolar y la descentralización educativa en España”, Revista de Educación, núm.
343, 2007, págs. 204 y ss. Sobre las implicaciones de esta competencia compartida, DE PUELLES BENÍTEZ, M.:
“Educación y autonomía en el modelo español de descentralización”, Revista de Educación, núm. 309, 1996, págs. 182
y ss.
40 CABALLERO CORTÉS, A.: “Educación y Formación Profesional. Evolución de la Formación Profesional en España”, en
AA.VV.: Educación, empleo y Formación Profesional (Actas del V Congreso de Educación Comparada), Valencia
(Universidad de Valencia), 1996, pág. 272.
41 FRÍAS DEL VAL, A.-S.: “El currículo escolar y la descentralización educativa en España”, cit., pág. 203.
LA FORMACIÓN COMO MECANISMO PARA FOMENTAR LA
CUALIFICACIÓN Y EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES
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