La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

máxima libertad de acción de la iniciativa mercantil, a cambio, no obstante, de un razonable
control de transparencia y equidad por el Servicio Público 14 .
3ª.- En paralelo, y como tercer factor a tener en cuenta, no cabe duda que la incorporación
de España a la Comunidad Europea a partir de 1986 ha conllevado una preceptiva
adaptación gradual y paulatina de nuestro ordenamiento jurídico, marcada por la obligación,
a partir de la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, en 1997, de adecuar la política
interna de empleo a las orientaciones generales de la economía comunitaria, a la Estrategia
Europea de Empleo y a las recomendaciones anuales para la ocupación 15 .
A partir de estos tres parámetros (descentralización, privatización y europeízación) y definida
la política de empleo como “la actuación de los poderes públicos sobre el mercado de trabajo
con la finalidad de procurar el ajuste ordenado entre la oferta y la demanda que permita al
sistema económico alcanzar la situación de pleno empleo o, cuando menos, la reducción al
mínimo posible del volumen de desempleo o paro forzoso” 16 , no puede extrañar que su
diseño se concrete mediante la interacción de tres instancias decisorias concurrentes (Unión
Europea, Estado y Comunidades Autónomas –sin olvidar tampoco a las Corporaciones
Locales--) y a través de una multiplicidad de sujetos intervinientes (públicos y privados),
resultando apremiante proceder a una distribución y concreción de las facultades
pertenecientes a cada uno de ellos si se quiere que el sistema sea operativo. Es más, la crisis
económica y financiera actual espolea la necesidad de que se aborde una nueva organización
institucional de la intermediación y de la colocación, enriqueciendo las relaciones entre el
sector público y el privado 17 .
Ahora bien, con toda seguridad no debe ponerse en entredicho la premisa mayor: la
colocación requiere una fuerte intervención oficial. El Estado, como poder público, no puede
permanecer neutral, debiendo implicarse en el bienestar de los ciudadanos, no en vano el
acceso al mundo laboral es un derecho básico y una de las formas más positivas para lograr
la integración social y la vida autónoma de las personas, máxime cuando se trata de
trabajadores de edad temprana. El SPEE sigue siendo, pues, un importante organismo
autónomo de la Administración General, encargado de llevar a cabo sustanciales actuaciones
relacionadas con la política de fomento del empleo y la tutela del desempleo, a través de
distintos cauces, tales como la efectiva igualdad de oportunidades y la no discriminación en
el acceso al trabajo y en las acciones orientadas a conseguirlo, la coordinación entre la
orientación activa y la protección económica frente al paro, el enfoque preventivo en la lucha
contra la desocupación, la formación ocupacional, la inserción laboral de aquellos colectivos
que presentan mayores dificultades (jóvenes, mujeres, discapacitados, parados de larga
duración, mayores de 45 años e inmigrantes, entre otros), la unidad del mercado productivo
en el territorio estatal, la libre circulación de trabajadores y la movilidad geográfica de los
mismos (art. 2 LE) 18 . Para la consecución de estos ambiciosos objetivos, el SPEE debe seguir
realizando tres actividades fundamentales aun cuando no exclusivas, coordinando su
correcta implementación: la intermediación laboral, el fomento activo del empleo y la gestión
y el control de las prestaciones de desempleo 19 , como mera muestra de un elenco dilatado
de competencias recogido en el art. 5 LE, tras su modificación por el Real Decreto Ley
3/2011, de 18 de febrero, en una reforma que, con ser bienintencionada, hay que considerar
inconclusa, haciendo necesario que en el futuro sea preciso continuar reforzando el marco de
actuación del SPEE y de los Servicios Autonómicos para tratar de mejorar una estructura
14 CARDONA RUBERT, M.B.: “Las agencias de colocación en el Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas
urgentes para la reforma del mercado de trabajo”, La reforma laboral 2010, GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I. y
MERCADER UGUINA, J.R. (dirs.), Lex Nova, Valladolid, 2010, pp. 255 y ss.
15 ROJO TORRECILLA, E.: “Servicios públicos de empleo, políticas activas de empleo e intermediación laboral”, Crisis,
reforma y futuro del Derecho del Trabajo. Estudios ofrecidos en memoria del Profesor Ignacio Albiol Montesinos,
CAMPS RUIZ, L.M., RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.M. Y SALA FRANCO, T., (coords.), Tirant Lo Blanch, Valencia, 2010, p.
1077.
16 PALOMEQUE LÓPEZ, M.C.: “Política de empleo y protección social”, Política de empleo y protección social en el
sistema constitucional de relaciones laborales. Segundas Jornadas Universitarias Tarraconenses de Derecho Social,
Editorial Gráficas Signo, Barcelona, 1996, p. 24,
17 CABEZA PEREIRO, J. y BALLESTER PASTOR, M.A.: “Los presupuestos de la Estrategia Europea para el empleo 2020”,
La Estrategia para el Empelo 2020 y sus repercusiones en el ámbito jurídico laboral español, MTIn, Madrid, 2010, p.
54.
18 MONTOYA MELGAR, A. y CRISTÓBAL RONCERO, R., Comentario a la Ley de Empleo, Civitas, Madrid, 2004, p. 76.
19 ALONSO OLEA, M. y CASAS BAAMONDE, M.E.: Derecho del Trabajo, 26ª edición, Civitas, Madrid, 2009, p. 683.
221 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN