La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

-- Son instrumentales. No son un fin en sí mismas, sino que suponen un instrumento
de intervención sociolaboral con el objetivo de preparar a sus trabajadores para incorporarles
al mercado de trabajo ordinario. Este aprendizaje combina tanto habilidades técnicas como
competencias relacionales básicas para la adquisición de unos hábitos laborales adecuados y
supone una etapa más del itinerario de inserción que realiza el trabajador.
-- Son transitorias. Tienen la voluntad de preparar a las personas para el tránsito
hacia el mercado laboral ordinario y, por lo tanto, se definen como una herramienta
transitoria para la inclusión social.
-- Trabajan con colectivos en riesgo de exclusión. Sus beneficiarios son personas que
tienen dificultades para acceder al mercado de trabajo y que se encuentran en riesgo o en
situación de exclusión social. Estas personas llevan a cabo un itinerario de inserción laboral y
son acompañadas por la entidad, a través de una intervención psicosocial.
Sin embargo, el esfuerzo ha carecido de norma laboral específica y, por consiguiente, de las
facilidades y garantías brindadas por ésta. Únicamente destaca, a modo de oasis en el
desierto, la normativa autonómica en la materia vinculada a aquellas Autonomías con más
tradición en la creación y fomento de estas organizaciones 401 . Por ello, su presencia en las
distintas Comunidades Autónomas es desigual, lo que proporciona un gran espacio para su
crecimiento y desarrollo en aquéllas, como Castilla y León, cuya aparición es más reciente.
En las Comunidades con una mayor tradición de estas estructuras, como Cataluña y País
Vasco, sus políticas se han caracterizado por la apuesta más a favor de la iniciativa privada y
social en los servicios públicos de empleo.
Por fin, la disposición final quinta de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del
crecimiento y del empleo, incorporó el mandato de aprobar una norma con rango de ley, en
el plazo de seis meses desde la aprobación de la misma, y previa consulta con las
organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, incluyendo a las
del sector afectado, con el fin de regular el régimen de estas empresas. Justamente éste es
el origen de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, ara la regulación del régimen de las
empresas de inserción 402 .
La Ley 44/2007 define como empresa de inserción a aquella sociedad mercantil o sociedad
cooperativa legalmente constituida que realice cualquier actividad económica de producción
de bienes y servicios, cuyo objeto social tenga como fin la integración y formación
sociolaboral de personas en situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario.
La primera afirmación destacable en el concepto comentado es la forma jurídica que pueden
adoptar: sociedad mercantil o cooperativa. La práctica demuestra su apuesta a favor de la
Sociedad Limitada, quizá por las facilidades de creación, gestión y responsabilidad que
genera.
En 2006 la forma jurídica de las empresas de inserción era la siguiente 403 :
Sociedad Limitada: 60,85%
Sociedad Limitada Laboral: 4,23%
Sociedad Anónima: 1,06%
Sociedad Anónima Laboral: 0
Sociedad no lucrativa: 20,63%
Cooperativa: 12,17%
401
Tal ha sucedido con la Ley 27/2002, de 20 de diciembre, de Medidas Legislativas para Regular las Empresas de
Inserción Sociolaboral en Cataluña; la Ley 1/2007, de 5 de febrero, por la que se regulan las empresas de inserción
para fomentar la inclusión social en la Comunitat Valenciana; o, por no seguir, la Ley 7/2003, de 26 de marzo, de
Inserción Sociolaboral, en La Rioja.
402
Un análisis exhaustivo en CÁMARA BOTÍA, A.: “Las empresas de inserción: aspectos laborales”, Revista Española de
Derecho del Trabajo, núm. 135, 2007, pág. 603 y ss.
403
Datos proporcionados por la Federación Española de Entidades de Empresas de Inserción.
FOMENTO DEL EMPLEO, AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 614