La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

Siguiendo la recomendación de la Comisión de Expertos para la elaboración del Estatuto
Básico, el art. 57.5 EBEP abre, no obstante, la posibilidad de que por ley pueda eximirse del
requisito de la nacionalidad para el acceso a la condición de funcionario cuando concurran
razones de interés general, lo cual permitirá, en su caso, que determinados puestos
reservados a personas de nacionalidad española, puedan ser ocupados, en ausencia de
éstas, por ciudadanos extracomunitarios sin condición de reciprocidad. Tal previsión ha sido
vinculada a la evolución demográfica de nuestro país y al fenómeno de la inmigración, pues
no es difícil conjeturar que determinados empleos reservados a funcionarios públicos quizá
no puedan ser cubiertos en el futuro con personas de nacionalidad española exclusivamente
o con otros ciudadanos europeos por falta de demanda suficiente. Así ha venido sucediendo
ya con las clases de tropa y marinería del Ejército, en cuyo ámbito la Ley 32/2002, de 5 de
julio, permitió el acceso a personas de otras nacionalidades, ni siquiera necesariamente
europeas, y puede ocurrir en los cuerpos de policía. También puede resultar conveniente
reclutar ciudadanos de otros países para el ejercicio de ciertas funciones públicas en las que
convenga aprovechar el conocimiento de lenguas extranjeras o las relaciones con colectivos
extranjeros asentados en España. Muy probablemente, por ello, este precepto del EBEP será
objeto de desarrollo por leyes especiales.
3.- Reglas particulares se aplican al personal que presta servicios a la Administración
española en virtud de una relación laboral, pues el art. 57.4 EBEP ratifica la posibilidad de
que los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros con
residencia legal en España puedan acceder a las Administraciones Públicas españolas como
personal laboral en igualdad de condiciones que los españoles, tal y como establece también
el art. 10.2 Ley 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España 605 . No se inserta en este caso, por no ser necesaria, reserva alguna de puestos de
trabajo bajo contrato laboral a favor de los españoles, en congruencia con la previsión del
art. 9.2 EBEP, cuya observancia invoca el art. 11.2, según el cual –en expresión ya conocida-
- el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio
de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las
Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a funcionarios, en los términos que
en la Ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca. En la práctica no es
infrecuente la contratación de extranjeros para algunos empleos del sector público, sobre
todo allí donde faltan especialistas de nacionalidad española, y no sólo para la enseñanza de
lenguas o la investigación, sino también en algunos sectores sanitarios o en las oficinas
públicas españolas en el extranjero.
La Orden ADM 853/2009, en su apartado cuarto.punto 1, establece que “en los
procedimientos selectivos de personal laboral será de aplicación, asimismo, lo referido en el
apartado anterior (respecto a los funcionarios). Además, podrán participar los extranjeros
con residencia legal en España, cualquiera que sea su nacionalidad”.
4.- En fin, para ambos regímenes (funcionarios y laborales) se considera que cumplen el
requisito para el acceso a un empleo público que no suponga ejercicio del ius imperium el
cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, y sus descendientes y los de su cónyuge
siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de
dicha edad dependientes. Planteamiento que no deja de ser una aplicación inmediata de la
Directiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004,
relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular
y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, pero que ha olvidado incluir las
referencias hechas en el mencionado instrumento a las uniones análogas a la conyugal que
se encuentren inscritas en un registro público establecido en un Estado miembro de la Unión
Europea o parte del Espacio Económico Europeo, siempre que no se hubiere cancelado dicha
inscripción, tal y como es recogido tanto en el art. 2.2 de la Directiva 2004/38/CE, como en
el art. 2 b) Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero.
En esta misma línea, la Orden ADM 853/2009, en su apartado cuatro.punto 1, reconoce
expresamente que “también podrán participar, con la salvedad referida en el párrafo
anterior, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de los Estados citados, siempre que
no estén separados de derecho, o la pareja de hecho. Con las mismas condiciones, podrán
participar sus descendientes y los del cónyuge o los de la pareja de hecho menores de
veintiún años o mayores de edad que vivan a sus expensas”.
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MOLINA GARCIA, M.: “El acceso al empleo público de ciudadanos extranjeros y comunitarios”, Anales de la Facultad
de Derecho, núm. 18, 2001, págs. 369 y ss.
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