La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

hubiera podido ocasionar muy serias y negativas consecuencias en los principios
informadores de las políticas de empleo si no se hubiera puesto remedio. Al menos en los
tres siguientes: En primer lugar, la ausencia de un sistema integrado de información podría
haber dañado la unidad de mercado, al permitir la creación de fronteras autonómicas, no en
vano la intermediación laboral habría quedado plegada sobre los límites territoriales de cada
Comunidad, sin que resultara posible el flujo de noticias relativas a las demandas y ofertas
de trabajo más allá de esas fronteras. En segundo término, dicha circunstancia habría puesto
entre paréntesis el principio de igualdad de oportunidades de todos los españoles, ya que
éstos no hubieran podido tener acceso en términos de paridad (en tiempo real y con
garantías de certeza) a los datos sobre las solicitudes y propuestas de ocupaciones. En tercer
lugar, la inexistencia de una intervención estatal viable sobre el mercado de trabajo
imposibilitaría al Gobierno de España cumplir sus compromisos en el marco de la Estrategia
Europea del Empleo. En otras palabras, y siguiendo a la mejor doctrina, “el defectuoso
conocimiento del mercado no permitiría ni el suministro de información a Bruselas, ni la
elaboración de los programas anuales de empleo, ni, en fin, la evaluación de las políticas
puestas en marcha. En suma, nuestro país quedaría prácticamente impedido de participar en
el método abierto de coordinación (MAC) implantado por el Tratado de Ámsterdam” 198 .
A todos estos peligros vino a poner freno la LE de 2003, la cual encarga al Sistema Nacional
de Empleo, entre otras, la función de “garantizar la coordinación y cooperación del Servicio
Público de Empleo Estatal y los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades
Autónomas, prestando especial atención a la coordinación de las políticas activas de empleo
y las prestaciones por desempleo” (art. 9.2) 199 . En consecuencia, el SPEE, denominación que
la LE atribuye al servicio de colocación estatal sucesor del INEM, aparece a partir de este
momento configurado como Organismo Autónomo de la Administración General del Estado
con competencias de “ordenación, desarrollo y seguimiento de los programas y medidas de
la política de empleo” 200 .
3.- De Entidad Gestora a Organismo Autónomo
El diseño de un sistema público, organizado en sus orígenes, para realizar la colocación de la
mano de obra, deriva de la necesidad de poner fin a los constantes abusos realizados por la
intermediación lucrativa que venía considerando al trabajador como una simple mercancía.
Aunque en un primer momento se trató de una reivindicación obrera, lo cierto es que fueron
los Estados los que efectivamente plantearon la necesidad de idear un Servicio Público de
Empleo, constituyendo un hito importante en esta tarea la creación de la propia OIT, pues en
su primera Conferencia (Washington) ya se hizo frente a este problema, aprobando el
Convenio núm. 2 sobre el desempleo y la Recomendación núm. 1, también sobre el mismo
tema, en los cuales se optó por un sistema oficial con representación obrera y patronal,
donde pudieron convivir, en paralelo, las agencias privadas de colocación sin ánimo de
beneficio, todo ello con la intención de ir eliminando las entidades privadas lucrativas 201 .
Sin embargo, y pese a estas pautas internacionales, España no contó con una verdadera
política pública de colocación hasta la II República. Cierto es que en el siglo XVI aparece el
antecedente remoto de lo que después serán los servicios de colocación cuando se establece
la inscripción de los desempleados ante los clérigos o los secretarios de las comunidades de
artes y oficios y se crean las “oficinas de direcciones” de algunas profesiones, pero este
precedente no tuvo desarrollo posterior 202 , de modo que a finales del siglo XIX la colocación
directa es la principal forma de acceso al trabajo, siendo típicas de esa época las largas colas
198 VALDÉS DAL-RE, F., “Cooperación y coordinación entre los Servicios Públicos de Empleo”, cit., p. 55-56.
199 PURCALLA BONILLA, M.A., “El Derecho del Empleo y la Ley de Empleo”, RTSS (CEF), núm. 262, 2005, pp. 229 y ss.
200 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M.C. y LÁZARO SÁNCHEZ, J.L., “La intermediación”, Lecciones de Derecho del Empleo,
RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. (dir.), 2ª edición, Tecnos, Madrid, 2006, p. 124.
201 VIDA SORIA, J., et alii: “Los servicios públicos de empleo”, Empleo y mercado de trabajo: nuevas demandas,
nuevas políticas, nuevos derechos. XXIII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones
Laborales, MOLINA NAVARRETE, C., (coord.), CARL, Sevilla, 2005, p. 150.
202 ROSE, J.: En busca de empleo. Formación, paro, empleo, MTSS, Madrid, 1987, pp. 101-102.
LA GESTIÓN DE LA COLOCACIÓN DE LOS JÓVENES.
AGENTES INTERVINIENTES
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