La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

asumen la competencia, pero el problema que acarrea la diversificación es la desigualdad,
pues las regulaciones regionales evidencian diferencias sustanciales en la definición de los
colectivos beneficiarios 418 .
En primer lugar, los beneficiarios han de residir y estar empadronados dentro de la
Comunidad que otorga la renta, pero el tiempo impuesto varía: desde ausencia de
permanencia alguna, seis meses inmediatamente anteriores; un año anterior a la solicitud -salvo
fuerza mayor o por causas de trabajo--; un año inmediatamente anterior o durante
cinco años continuados de los diez inmediatamente anteriores, dos años; hasta llegar a los
seis años empadronado y tres años inmediatamente anteriores como residente o en los
últimos cinco. Una vez fijada la duración temporal, cada Comunidad Autónoma prevé
excepciones.
Sucede igual con la edad mínima y máxima para su percepción (la mayoría de territorios
exigen ser mayor de veinticinco años y menor de sesenta y cinco, rebajándolo hasta los 23 o
incluso los 18, pero todas las Comunidades Autónomas señalan algunas excepciones por
encima o por debajo de los límites referidos, pero no las mismas: tengan discapacitados a su
cargo o sean discapacitados ellos sin derecho a prestación alguna; tengan a su cargo hijos
menores, menores tutelados o en régimen de acogimiento familiar; hayan sufrido malos
tratos; hayan estado tutelados por la Comunidad antes de alcanzar la mayoría de edad y no
alcancen los 25 años; tengan entre 18 y 25 años y sean huérfanos absolutos o estén en
situación de grave exclusión social) o los ingresos máximos permitidos.
En Castilla y León, la Ley 7/2010, de 30 de agosto, por la que se regula la renta
garantizada de ciudadanía de Castilla y León, exige que los beneficiarios acrediten las
siguientes condiciones para lucrar este mínimo de inserción (art. 10):
a) Tener domicilio, estar empadronado y residir legalmente en algún municipio de la
Comunidad de Castilla y León al menos con un año de antelación a la presentación de la
solicitud. Sin embargo, este plazo de un año no será exigible a los siguientes colectivos:
-- A los emigrantes castellanos y leoneses retornados de otros países.
-- A las mujeres víctimas de violencia de género que por este motivo hayan
cambiado su residencia desde otra comunidad o ciudad autónoma.
-- A quienes se encuentren en situación de necesidad extrema sobrevenida que, de
manera repentina e imprevista, se produzca tras su empadronamiento en un municipio de la
Comunidad.
-- A los extranjeros refugiados o con solicitud de asilo en trámite, así como a los que
tengan autorizada su estancia por razones humanitarias, siempre que en todos estos casos
no tengan derecho a percibir otra prestación.
b) Tener una edad comprendida entre los veinticinco y los sesenta y cuatro años,
ambos inclusive. No obstante, podrán solicitar la prestación quienes se hubieran emancipado
durante la minoría de edad y los mayores de edad que no alcancen los veinticinco años,
siempre que se dé alguna de las siguientes circunstancias:
-- Que hubieran vivido de forma independiente de su familia de origen durante al
menos tres años y continúen manteniendo esa situación, y que en ese período hayan estado
al menos dos años en situación de alta en la seguridad social o en situación asimilada al alta.
-- Que tengan familiares a su cargo.
418 Siguiendo en la exposición a ÁLVAREZ CUESTA, H.: “Lagunas y puentes en la protección de las rentas de inserción
autonómicas”, en AA.VV.: Los nuevos marcos de relaciones laborales en el renovado Estado de las Autonomías. XXI
Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Valencia (Tirant lo blanch), 2011, págs. 841 y ss.
FOMENTO DEL EMPLEO, AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 620