La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

sólo existe una Universidad Pública en la Comunidad Autónoma (con preclaro referente en la
Universidad Pública de Navarra). También el legislador reacciona proporcionando nueva
redacción, en 2007, al art. 48.1 LOU, para establecer que sólo “en los términos previstos en
la presente ley”, las Comunidades Autónomas pueden, dentro del marco de sus
competencias, proceder a desarrollar el régimen del PDI contratado, en concurrencia con la
regulación procedente de la autonomía colectiva. Recupera así la función directiva de la
norma estatal en el diseño de las modalidades de contratación laboral respecto del PDI, sin
que las normas territoriales ni la autonomía colectiva puedan escapar de tal previsión legal.
Desde luego, pueden precisar y desarrollar sus orientaciones, pero no alterar el contenido
proporcionado por la LOU, ni tampoco crear nuevas formas de inserción distintas a las
recogidas en la mentada Ley; de ahí la dificultad hermenéutica, que obliga a releer
disposiciones contenidas en preceptos o disposiciones surgidos al calor de la LOU en su
versión de 2001 que devienen contradictorios con la LOU en su redacción de 2007: la
sucesión de normas en el tiempo manda, sin duda.
De este modo, y dejando al margen el contrato para obra y servicio y el de interinidad para
la sustitución de trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo que menciona
expresamente el art. 48.1 LOU --más la ampliación contenida en el renovado art. 48.3 LOU
por la disposición final 3ª. Cuarto LCTI y el contrato con cargo a proyectos o el celebrado al
amparo del art. 84 LOU, normalmente por obra o servicio 158 --, y que perfectamente deben
ser reconducidos a la normativa común proveniente del art. 15 a) y c) ET 159 , el resto de las
modalidades contractuales son nuevas y distintas, propias y peculiares del ámbito
universitario, lo cual no enerva la función supletoria que el ET está llamada a asumir en este
aspecto, debiendo ser aplicado en todo cuanto no contradiga la regulación específica de la
LOU, la cual pretende un régimen laboral dotado de ciertas particularidades o especialidades,
pero en modo alguno aspira a “excluir la introyección o integración del régimen del PDI
contratando en el ámbito del ordenamiento laboral, cuya supletoriedad para corregir
contradicciones o anomias y cubrir lagunas resultará incuestionable en lo teórico y utilísimo
en lo práctico” 160 .
Centrando la atención en las modalidades específicas de carácter formativo diseñadas en la
LOU (y excluyendo todas las demás laborales de carácter temporal, que casi por definición
no se ajustan al perfil de inserción de estos jóvenes), es habitual diseñar el camino a
transitar por quienes han depositado sus esperanzas profesionales en la Universidad a partir
de lo previsto en la LOU en tres estadios iniciales y sucesivos: la obtención de una beca,
como período de cualificación formativa no laboralizada 161 (y que, por tanto, no interesa a
este discurso salvo cuando encubriera un fraude de ley destinado a ocultar una verdadera
relación de trabajo por cuenta ajena, a solventar --en los supuestos de conflicto--
reconociendo aquella naturaleza y, dado el contexto y los principios de igualdad, mérito y
capacidad exigidos por el art. 103.3 CE, a solventar mediante una extinción reconocida o
calificada como despido improcedente, con derecho para el afectado a indemnización
contemplada para estos supuestos 162 ), el Ayudante --que, de forma harto indicativa sobre su
posición jerárquica, no recibe la denominación de profesor, conforme ocurre con el resto de
los miembros del PDI--, aun cuando, sobre todo en el pasado, fuera fácil de sortear, en un
“juego de la oca” o progresión per saltum en algunos casos asombrosa 163 , para acabar
158
Así en la ampliación (sobre cuanto contempla la LOU y el Decreto 85/2002, de 27 de junio), incorporada al art. 4.2
del convenio del PDI de las Universidades públicas de Castilla y León, que, además de las citadas en texto, incluye a los
contratados bajo el programa Ramón y Cajal, Juan de la Cierva o similares y al personal técnico contratado para obra y
servicio, siempre y cuando en la convocatoria de la plaza venga especificado que el vínculo tendrá por objeto la
investigación.
159
OJEDA AVILÉS, A.: “La representación y la negociación colectiva del personal docente e investigador contratado en
las Universidades públicas”, en MOLINA NAVARRETE, C.; ÁLVAREZ DE LA ROSA, M. y OJEDA AVILES, A.: Ordenación y
gestión del personal docente e investigador contratado: problemas y soluciones, Jaén (Universidad de Jaén), 2003, pág.
51.
160
MOLINA NAVARRETE, C.: “Improvisación de la LOU, ‘perversión’ de la práctica. ¿Sabemos quién fija el régimen del
PDI contratado”, cit., pág. 100.
161
En muchas ocasiones con colaboración empresarial como cabe leer, por ejemplo, en el art. 16 CC empresa Editora
de Medios de Castilla y León: “La dirección de la empresa mantiene su compromiso de formación e integración en el
mundo laboral de los jóvenes futuros profesionales mediante la firma de convenios de colaboración con las
Universidades que permita la realización de prácticas de becarios. La finalidad de estas prácticas será única y
exclusivamente con fines formativos y no se recurrirá a estos alumnos para actividades laborales de puestos
estructurales”.
162
Por todos, el reciente y muy ilustrativo análisis de ARRIETA IDIAKEZ, F. J.: Becas: una cuestión de contornos, Bilbao
(Academia Vasca de Derecho), 2009, especialmente págs. 105 y ss.
163
FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J.: Acceso y movilidad en la función pública (Sobre la laboralización de alguno de los
“núcleos duros” del Derecho de la Función Pública), cit., especialmente págs. 314 y ss.
EL TRABAJO DE LOS JÓVENES POR CUENTA AJENA 360