La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

económicos que permitan la subsistencia de quien trabaja –lo cual ya es mucho--, sino
también --y quizá hasta de superior trascendencia—uno de los más importantes cauces de
realización personal y satisfacción individual del anhelo creador genéticamente incorporado al
individuo 570 . Por tanto, para lograr la integración de las personas con discapacidad y evitar la
conversión de sus limitaciones personales en barreras sociales, el principal “trampolín” viene
dado por el acceso y la permanencia en el empleo (privado o público) 571 , habida cuenta la
falta de ocupación adecuada o de los mecanismos para su correcta inserción laboral
constituyen algunos de los inconvenientes más importantes contra los cuales deben
luchar 572 .
Las tasas de desempleo de los trabajadores discapacitados son en la actualidad muy
superiores a las del resto de ciudadanos, razón por la cual no cabe duda de que la
discapacidad continúa aún hoy mostrándose como un importante lastre para la incorporación
laboral de los sujetos que la sufren (en la actualidad, 3,8 millones) 573 , sobre todo en el
ámbito público donde el panorama es todavía más desalentador 574 . Así fue reconocido
expresamente en la propia Exposición de Motivos de la Ley 53/2003, de 10 de diciembre,
sobre empleo público de los discapacitados, en la cual se afirmaba que según datos
facilitados por el Gobierno, “en los años 2000 y 2001 se estimaba que el número de
personas con discapacidad que llegaron a aprobar en las distintas convocatorias para
funcionarios de la Administración General del Estado oscilaban en torno al 0,2 por 100. El
Estado convocó un total de 94 plazas para personas con discapacidad en esos ejercicios,
pero únicamente se cubrieron 10 vacantes por sujetos con un 33 por 100 o más de
minusvalía”. Tal realidad se ha seguido manteniendo con parecidos parámetros en años
posteriores 575 . Los datos estadísticos no pueden ser más claros a estos efectos: de un total
de efectivos al servicio de las Administraciones Públicas de 2.659.010 en julio de 2009 576 , la
tasa de inserción de las personas con discapacidad en el sector público ronda el 1 por 100 577 .
Cabe afirmar, por ende, que las personas con disminución fisiológica, psíquica o sensorial se
ven sometidas a importantes barreras para acceder al empleo público, obstáculos que no son
justificables pues la prestación de los servicios de interés general es perfectamente
compatible, en la mayoría de los casos, con la capacidad y formación de los integrantes de
este colectivo 578 . Se hace, por tanto, necesaria la adopción en esta materia de algunas
medidas de discriminación positiva 579 singularmente destinadas a la promoción del acceso al
empleo público de los discapacitados 580 , circunstancia a la que pretende dar respuesta el art.
59 EBEP, que establece una serie de mandatos comunes a todas las Administraciones
Públicas, centrados alrededor de tres dos ejes fundamentales:
a) El art. 59 EBEP, tras la reforma operada por la Ley 26/2011, reserva, en primer lugar, un
cupo no inferior al 7 por 100 de las vacantes a favor de los discapacitados que superen los
procesos selectivos, acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las
tareas. Este porcentaje es elevado al 10 por 100 por el art. 46 in fine LFPCL, quedando
570
DE LA VILLA GIL, L.E. y SAGARDOY BENGOECHEA, J.A.: “El derecho al trabajo de los minusválidos”, Revista de
Trabajo, núm. 79, 1995, págs. 17-18.
571
FERNANDEZ FERNANDEZ, R.; TASCON LOPEZ, R.; ALVAREZ CUESTA, H. y RODRIGUEZ HIDALGO, J.G.: Los
minusválidos en el mercado laboral: Incentivos a su contratación y régimen jurídico de su prestación de servicios, cit.,
pág. 28.
572
RODRIGUEZ ESCANCIANO, S.: Un paso adelante en la protección de los derechos laborales de las personas con
discapacidad: el nuevo sistema de contratación pública, Madrid, 2008, págs. 17 y ss.
573
Por solo poner un ejemplo, la tasa de actividad de las personas con discapacidad no llega al 34 por 100.
FERNANDEZ LOPEZ, M.F.: “Políticas selectivas: un peculiar contenido de las medidas activas de empleo”, en AA.VV.:
XVIII Congreso nacional de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Murcia, 2007, pág. 306. Clásica la afirmación de
DE LA VILLA GIL, L.E.: “La regulación del empleo de los minusválidos en España”, Tribuna Social, núm. 55, 1995, pág.
12.
574
PUERTA SEGUIDO, F.: “El acceso al empleo público”, en AA.VV (ORTEGA ALVAREZ, L., Dir.): Estatuto Básico del
Empleo Público, Madrid, 2007, pág. 429.
575
PALOMAR OLMEDA, A.: Derecho de la función pública. Régimen jurídico de los funcionarios públicos, 8ª edición,
Madrid, 2009, pág. 261.
576
Boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. www.mpt.es.
577
www.cermi.es.
578
SEMPERE NAVARRO, A.V. y HIERRO HIERRO, J.: “Art. 59. Personas con discapacidad”, en AA.VV (PALOMAR
OLMEDA, A. y SEMPERE NAVARRO, A.V., Dirs.): Comentarios a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, 2ª edición, Pamplona, 2009, pág. 639.
579
Cuya constitucionalidad ha sido reconocida en las SSTCo 128/1987, de 16 de julio; 52/1987, de 7 de mayo;
84/1992, de 28 de mayo ó 9/1995, de 16 de enero.
580
GONZALEZ ORTEGA, S.: “Las medidas de protección de los minusválidos: caracteres generales y clasificación”,
Temas Laborales, núm. 7, 1986, págs. 54 y ss. y ALVAREZ DE LA ROSA, M.: “La regulación especial de trabajo de los
minusválidos (II)”, Relaciones Laborales, 1987, T. I, pág. 218.
469 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN