La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

situación de Dependencia y fomentando medidas de conciliación de la vida laboral, personal
y familiar.
-- Promocionar la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social,
en especial de jóvenes, parados de larga duración y mujeres en situación de vulnerabilidad,
a través de una mejora de la intermediación, un impulso de los contratos de formación y la
mejora la política de bonificaciones.
edad.
-- Desarrollar una estrategia global de empleo para personas trabajadoras de más
-- Promocionar la responsabilidad social empresarial en el sector privado.
-- Apoyar el desarrollo de empresas de inserción y de la iniciativa emprendedora
mediante itinerarios por cuenta propia y el acceso al microcrédito.
-- Fomentar la igualdad a través de la Ley Integral de Igualdad de Trato y de la
Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y la no Discriminación.
Varios de las actuaciones previstas revisten gran importancia a la hora de abordar la
empleabilidad de los jóvenes en las empresas de economía social (mencionados
expresamente) o en la lucha contra el trabajo sumergido, que también será objeto de
análisis.
A nivel legal, en España, la antigua Dirección General de Cooperativas y Sociedades
Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social fue sustituida por el Instituto Nacional
de Fomento de la Economía Social (INFES), por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre. Entre
sus objetivos figuraba el fomento de las entidades de economía social y por ello creó en su
seno el Consejo. Una vez desaparecido el Instituto en el año 1997, sus funciones fueron
asumidas por la Dirección General del Fomento de la Economía Social y del Fondo Social
Europeo. La Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, incorpora el Consejo para el
Fomento de la Economía Social como órgano asesor y consultivo para las actividades
relacionadas con la economía social (desarrollado por el Real Decreto 219/2001, de 2 de
marzo, sobre organización y funcionamiento del Consejo). Este Consejo, después del largo
camino recorrido, se configura como la institución que dota de visibilidad al conjunto de
entidades de la economía social.
Precisamente, en 2011, se satisface la necesidad de aprobar una Ley de la Economía Social
al entenderla conectada directamente con los principios que inspiran y los objetivos que
persigue la Ley de Economía Sostenible (aprobada por Ley 2/2011, de 4 de marzo), en la
medida que la economía social es, en cierto modo, precursora y está comprometida con el
modelo económico de desarrollo sostenible, en su triple dimensión económica, social y
medioambiental. Por ello, se promulga la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social,
la cual define la economía social como el conjunto de las actividades económicas y
empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de
conformidad con ciertos principios, persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes,
bien el interés general económico o social, o ambos (art. 2 Ley 5/2011).
Los principios que rigen su actuación son los siguientes (art. 4):
a.- Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en
gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleva a priorizar la toma
de decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios
prestados a la entidad o en función del fin social, que en relación a sus aportaciones al
capital social.
b.- Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente
en función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios o por
sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de la entidad.
FOMENTO DEL EMPLEO, AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 610