La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

ámbito de la reserva de ley 612 , ya que todo veto por razón de edad, desconectado del
principio de mérito y capacidad, puede actuar como una condición o circunstancia personal
susceptible de provocar efectos discriminatorios 613 . Este planteamiento resulta congruente
con la consideración de la edad como un elemento diferenciador que legitima únicamente al
legislador para que, siempre de acuerdo con las características del puesto de trabajo que se
ha desempeñar, pueda fijar de forma objetiva y razonable límites de edad diferenciados para
acceder a determinados cuerpos y escalas de funcionarios 614 .
Hasta hace poco tiempo ha estado vigente la previsión contenida en el art. 135 b) Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueban las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL), conforme a la cual para participar en
las pruebas de acceso a la función pública local no se podría exceder de la edad en la que
faltaran menos de diez años para la jubilación forzosa. Esta exigencia fue derogada por la
Ley 60/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y
posteriormente declarada inconstitucional 615 . La ausencia total de referencias, circunstancias,
condiciones, razones, etc. de las que dependa la fijación de la edad y que justifiquen el
concreto límite establecido (“no exceder de aquella en que falten menos de diez años para la
jubilación forzosa por edad”) induce a pensar que el fundamento mismo puede encontrarse
en una presunción general de merma de facultades o de la capacidad de trabajo de los
aspirantes a la función pública local que se encuentren en esos umbrales de edad, en
perjuicio de las prestaciones, servicios y tareas que los funcionarios locales tienen
encomendadas y, en definitiva, de la eficacia administrativa. Como con acierto ha señalado
el Tribunal Constitucional, una limitación legal de estas características sólo es admisible
cuando está justificada “por las peculiaridades concretas de los puestos a cubrir”, pero no
cabe cuando “la norma se aplica de forma indiferenciada a todos los funcionarios locales”
(fundamento jurídico sexto). Sea cual fuese su argumentación, lo cierto es que no pareció
constitucionalmente aceptable la fijación de un límite, de una condición restrictiva para el
acceso al servicio de las Administraciones Locales, desvinculado de toda razón objetiva que
lo justifique; dudas que se incrementaban si se tiene en cuenta que esa exigencia no se
extendía al personal laboral de las mismas Administraciones.
En fin, para el acceso como personal laboral no se fija, sin embargo, edad máxima, pues en
este régimen la jubilación con carácter general es voluntaria, dado que la obligatoria fue
declarada en su día inconstitucional, por contraria al derecho del trabajo, establecido en el
art. 35 CE 616 , sin perjuicio de que, como autoriza la doctrina del máximo intérprete de la
Constitución, por convenio colectivo pudiera establecerse jubilación obligatoria sujeta a
determinadas condiciones de fomento del empleo, según la disposición adicional 10ª ET 617 en
la nueva redacción otorgada por la Ley 27/2011, de 1 de agosto. Por tanto, únicamente si
mediante la negociación colectiva se ha establecido una edad máxima de permanencia en el
trabajo, esa misma edad actuará como límite a la participación en un proceso selectivo de
personal laboral para el ingreso en el cuerpo o grupo afectado por dicha edad de jubilación
forzosa.
Puede ocurrir, no obstante, bien que no existan previsiones convencionales que establezcan
dicha limitación forzosa, en cuyo caso no operaría el parámetro temporal, o bien, que, aun
existiendo tales cláusulas, tampoco sea aplicable la limitación al no tener cubierto el
trabajador el mínimo de cotización que le permita aplicar un porcentaje de un 80 por 100 a
la base reguladora para el cálculo de la cuantía de la pensión y cumplir los demás requisitos
exigidos por la legislación de Seguridad Social para tener derecho a la pensión en su
modalidad contributiva, circunstancias que deben ser respetadas, permitiéndole continuar en
su puesto de trabajo
En cualquier caso, en virtud de la Resolución de la Secretaria General de la Administración
Pública de 21 de junio de 2007, no cabe duda de que el art. 56.1 c) EBEP es directamente
aplicable a todas las Administraciones Públicas.
612
MENENDEZ SEBASTIAN, P.: “La edad máxima como límite para el acceso a la función pública”, Repertorio Aranzadi
del Tribunal Constitucional, núm. 13, 2005, págs. 13 y ss.
613
STCo 58/1995, de 30 de abril.
614
STCo 75/1983, de 3 de agosto.
615
STCo 37/2004, de 11 de marzo.
616
SSTCo 22/1981, de 2 de julio y 99/1987, de 11 de junio.
617
SSTCo 55/1985, de 30 de abril, y 99/1987, de 11 de diciembre.
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