La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

1.- Nacionalidad española
La exigencia de nacionalidad española debe ser matizada atendiendo a lo dispuesto en el art.
57.5 EBEP, en virtud del cual se establece la equiparación absoluta entre extranjero y
nacional a efectos del acceso a puestos de personal laboral, mientras la asimilación no es
total respecto de los puestos funcionariales, por cuanto quedan exceptuados de la misma
“aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder
público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o
de las Administraciones Públicas”, siendo así que estos puestos necesariamente han de ser
ocupados por funcionarios según el art. 9.2 EBEP. Tal previsión obliga a aclarar los siguientes
extremos:
1.- La heterogeneidad de funciones que tienen encomendadas las Administraciones públicas
en la actualidad –las clásicas de soberanía y otras nuevas que también implican ejercicio de
autoridad, prestación de servicios públicos de muy distinta naturaleza, gestión de
infraestructuras y bienes públicos, regulación y fomento de la economía, protección del
medio ambiente y del patrimonio cultural, etc--, permite que los funcionarios públicos
abroguen, en muchos casos, del ejercicio directo de sus potestades de imperio y
desempeñen meras actividades de asesoramiento técnico o de mantenimiento, carentes del
más mínimo ejercicio de la autoridad pública y de la responsabilidad de protección de los
intereses generales del Estado o de las Administraciones, pudiendo, por ende, ser éstas
desarrolladas en igualdad de condiciones por los nacionales de los Estados miembros de la
Unión Europea en el ejercicio de la libre circulación de trabajadores.
Hay aquí una primera e importante diferenciación, pues cabe restringir algunos puestos
dotados de imperium a los ciudadanos españoles, que coinciden con los reservados a los
funcionarios, en virtud del art. 9.2 EBEP, y con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Europea 597 .
En consecuencia, la reserva a favor de los nacionales españoles no puede extenderse a
cualquier empleo público. Lo decisivo para poder justificar la exclusividad de éstos para el
ejercicio de determinados cargos en la Administración es participar en el desarrollo de una
actividad dotada de autoridad pública y, en este sentido, según ha manifestado el Tribunal
de Justicia Europeo 598 , sólo existe cuando se origina en la soberanía del Estado, implicando
poderes de coacción que se imponen a los ciudadanos. A este respecto la Comisión Europea
en su Comunicación 88/C72/02, sobre “la libre circulación de los trabajadores y el acceso a
los empleos en la Administración Pública de los Estados miembros (acción de la Comisión en
materia de aplicación del apartado 4 del art. 48 del Tratado CEE)” 599 , interpretando su propia
normativa a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, indica que el ámbito de
exclusión del art. 48.4 “se refiere a las funciones específicas del Estado y de las
colectividades que puedan serle asimiladas, como son las fuerzas armadas, la policía y otras
fuerzas de orden público, la magistratura, la administración fiscal y la diplomacia. Además,
se consideran incluidos en esta excepción los empleos en los Ministerios del Estado, en los
gobiernos regionales, en las colectividades territoriales y de otros organismos asimilados y
en los bancos centrales, en la medida en que se trate de personal (funcionarios y otros
agentes) que realiza actividades organizadas en torno a un poder jurídico público del Estado
o de otra persona moral de derecho público, actividades tales como la elaboración de actos
jurídicos, la ejecución de dichos actos, el control de su aplicación y la tutela de los
organismos dependientes” 600 .
En esa misma Comunicación (88/C 72/2002), la institución comunitaria señaló, al tiempo,
cómo quedan fuera de la excepción, debiendo potenciarse para ellos la libertad de
circulación, los servicios públicos de carácter comercial (transportes, gas y electricidad,
correos y telecomunicaciones, radiotelevisión), los sanitarios, los de enseñanza y los de
investigación civil. También entiende que, lógicamente, no pueden quedar justificadas
597
SSTJCE 12 febrero 1974, asunto Sotgiu; 17 diciembre 1980, asunto Comisión contra Reino de Bélgica y 3 junio
1986, asunto Comisión contra el Reino de Bélgica.
598
SSTJCE 3 junio 1986, asunto Comisión contra República Francesa ó 16 junio 1987, asunto Consiglio Nazionale delle
Ricerche.
599
DOCE 72/2, de 18 de marzo de 1988.
600
DOMINGUEZ-BERRUETA DE JUAN, M.A. y NEVADO-BATALLA MORENO, P.T.: “La libre circulación de servidores
públicos: un estudio sobre el acceso de ciudadanos comunitarios a la función pública de los Estados miembros”, Noticias
de la Unión Europea, núm. 145, 1997, págs. 9 y ss.
475 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN