La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

Universidades entre las 100 primeras de Europa y a nuestros campus universitarios,
globalmente más competitivos, entre los de más prestigio internacional” 210 .
Por supuesto, en este contexto, la propia competitividad de las Universidades también va a
servir para favorecer la competitividad de las empresas de que habla el art. 63 de la Ley de
Economía Sostenible (dedicado a las agregaciones estratégicas en campus universitarios) y
64 (que trata de la investigación y la transferencia de conocimiento), que es uno de los
signos distintivos de esta caracterización de la competitividad universitaria: su vinculación
(mejor su deseo de vinculación) al tejido económico y empresarial.
Sin embargo, la dinámica que hasta ahora se ha seguido en el sistema universitario y
científico español, en general, tenía poco que ver con estas directrices que ahora rellenan
todas las nuevas normas acerca de la competitividad como algo ínsito (perseguible y
valorable positivamente) al sistema universitario que, a su vez, va a crear condiciones de
competitividad en la vida de las empresas cada vez más imbuidas por esa cultura de la
innovación y de la competencia. Hay que ser conscientes de la dificultad intrínseca que
supone “aplicar el concepto de competitividad a unas Universidades públicas que deben,
porque así lo manda el ordenamiento, una serie de servicios o actividades que la sociedad
juzga de su interés y que ninguna relación guardan, ni pueden guardar, con la rentabilidad y,
por tanto, con la competitividad económica” 211 .
Por lo tanto, siguiendo a los mayores expertos, cabe considerar plausible que el mandato de
competitividad llegue al ámbito universitario y de la ciencia y la investigación, igual que ya
se encuentra presente en otros sectores del país, singularmente en todos los vinculados a la
economía y a la actuación de la empresa privada. Sin embargo, dada la construcción jurídica
de la Universidad en España, donde importantes decisiones sobre la vida de ésta quedan al
margen de la propia Universidad, el mandato de la competitividad tiene que estar presente
también en la vida y actitud de los poderes públicos competentes sobre la Universidad, la
ciencia y la investigación. Por consiguiente, a la luz de esta premisa, el legislador y las
Administraciones estatal y, sobre todo, autonómica, deberán repensar, entre otras, sus
políticas de dispersión territorial de las enseñanzas y de la financiación con que dotan a las
Universidades, teniendo en cuenta los efectos económicos --y de otro tipo, como los
académicos-- inevitables que llevan consigo necesariamente determinadas formas de
proceder.
Todo lo anterior exige dotar a la Universidad, que quiera perseguir ese resultado y pretenda
ser competitiva, de mayores poderes que los que tiene hasta ahora, singularmente en el
plano de la organización interna 212 , pues, como en tantas otras cosas, el principio de la
competitividad señala un destino final, pero no precisa demasiado sobre el concreto camino
que hay que seguir para llegar a él.
La consecuencia práctica de la apuesta decidida del legislador moderno por la competitividad,
es el decantamiento de la estrategia del aprendizaje permanente hacia los postulados de la
empleabilidad y, en razón de ello, el fortalecimiento de la sinergia entre los factores
educativos y el del empleo.
Además, el punto de mira del empleo de categorías prioritarias se ha centrado
particularmente en los jóvenes, a partir de las diversas directrices de empleo aprobadas a
partir del año 2003. Tal perspectiva ha sido ratificada en las conclusiones del Consejo de 23
y 24 de marzo de 2006, en las que se reorientó la Estrategia de Lisboa de 2000 hacia el
crecimiento económico y el empleo, así como a la potenciación de sus líneas principales de
210
Cfr. “Documento de mejora y seguimiento de las Políticas de Financiación de las Universidades para promover la
excelencia académica e incrementar el impacto socioeconómico del Sistema Universitario Español”, de 26 de abril de
2010, del Consejo de Universidades y de la Conferencia General de Política Universitaria.
211
EMBID IRUJO, A.: “Universidad y competitividad. (Premisas para un debate)”, El Cronista del Estado Social y
Democrático de Derecho, núm. 23, 2011, pág. 38.
212
Apostando por una desregulación de la legislación estatal en dicho ámbito, que debería ser una legislación de
mínimos con su complemento específico en la legislación de las Comunidades Autónomas y, sobre todo, de las propias
Universidades que quieran embarcarse, con libertad y responsabilidad, en políticas de signo competitivo, EMBID IRUJO,
A.: “Universidad y competitividad. (Premisas para un debate)”, cit., pág. 41.
543 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN