La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

A este último grupo pertenecen el voluntariado docente (Orden de 11 de octubre de 1994);
el cultural (Orden de 9 de octubre de 1995; el de protección civil; el de cooperación al
desarrollo (Ley 23/1998 y Ley 9/2006 en Castilla y León); medioambiental (Ley 43/2003, de
21 de noviembre, de Montes y RD 1803/1999, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el
Plan Director de Parques Nacionales, posteriormente Plan de Acción del Voluntariado del
Organismo Autónomo de Parques Nacionales) y deportivo.
Entre todos, el voluntariado civil goza de gran tradición y autonomía debido a las especiales
circunstancias en las que se desarrolla, su grado de visibilidad externa y la incidencia de la
normativa sectorial con el consiguiente protagonismo de las Comunidades Autónomas (de
hecho, el legislador impone a las diferentes Administraciones Públicas las actuaciones
preventivas en materia de Protección Civil, de promoción y apoyo a la vinculación voluntaria
y desinteresada de los ciudadanos, a través de organizaciones que se orientarán
principalmente a la prevención de situaciones de emergencia que puedan afectarles en el
hogar familiar, edificios para uso residencial y privado, manzanas, barrios y distritos
urbanos, así como el control de dichas situaciones, con carácter previo a la actuación de los
servicios de Protección Civil o en colaboración con los mismos --art. 14 Ley 2/1985, sobre
Protección Civil--; en este sentido, el art. 48 Ley de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana, denomina voluntarios de protección
civil a “aquellas personas que, libre y desinteresadamente, participan de manera organizada
y conforme a la normativa de aplicación en las materias de esta Ley. Su actividad se orienta
principalmente a la prevención y colaboración con los servicios de asistencia en la
organización y desarrollo de las actividades de protección civil”) y los referidos a cultura,
deporte y medioambiente se abordarán en los apartados específicos a ellos conferidos.
1.- Regulación estatal y autonómica
A tenor de sus fines y de los principios rectores expuestos, el voluntariado supone una
expresión de la solidaridad desde la libertad y el altruismo.
Por ello, la participación voluntaria guiada por estos objetivos se reconoce expresamente a
los ciudadanos y a los grupos en que éstos se integran en el art. 9.2 CE, y la que, en razón
del mismo artículo, están obligados a promover, impulsar y proteger los poderes públicos.
Las Administraciones Públicas han cumplido el mandato constitucional y han elaborado
sendas normas en el ámbito de sus competencias. Por un lado, el Estado aprobó la Ley
6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, destinada a “promover y facilitar la participación
solidaria de los ciudadanos en actuaciones de voluntariado, en el seno de organizaciones sin
ánimo de lucro públicas o privadas.. que participen en programas de ámbito estatal o
supraautonómico, así como a las correspondientes organizaciones en cuanto desarrollen
dichos programas; también… a los voluntarios y organizaciones que participen en programas
que desarrollen actividades de competencia exclusiva estatal” (arts. 1 y 2).
Por otro, Castilla y León, en su afán de “promover, fomentar y ordenar la participación
solidaria de los ciudadanos en las actividades organizadas de voluntariado, y regular las
relaciones que, con respecto a dichas actividades, puedan establecerse entre los voluntarios,
las entidades de voluntariado, los destinatarios de la acción voluntaria y las administraciones
públicas de Castilla y León” elaboró la Ley 8/2006, de 10 de octubre, del Voluntariado en
Castilla y León (art. 1). Esta norma es de aplicación a las actividades de voluntariado
realizadas en el territorio de la Comunidad de Castilla y León o que impliquen desarrollo o
participación en programas o proyectos concretos de interés general en el ámbito de
competencias de esta Comunidad, con independencia de la titularidad de las entidades que
en su caso las lleven a cabo y del lugar donde radique su sede o domicilio social (art. 2).
673 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN