La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

no cabe duda que las Comunidades Autónomas tienen competencias para regular su propia
función pública mediante leyes y reglamentos.
El art. 70.1, primer párrafo, del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, atribuye a la
Comunidad Autónoma competencia exclusiva en materia de “organización, régimen y
funcionamiento de sus instituciones de autogobierno”. En ejercicio de esta atribución, la
Comunidad Autónoma podrá establecer el régimen jurídico de los funcionarios de la
Comunidad y de la Administración Local ubicada en su ámbito territorial, respetando, en todo
caso, lo previsto en el art. 148.1.18ª CE.
A este objetivo responde --por el momento y a la espera de una nueva iniciativa autonómica
que desarrolle las previsiones del EBEP--, la Ley 5/2005, de 24 de mayo de la función pública
de Castilla y León (LFPCL), la cual parte de la idea de que las relaciones de los ciudadanos
con la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León se realizan normalmente
a través de funcionarios públicos; ellos representan el rostro y el escaparate de la
Comunidad Autónoma. Al servicio de esta premisa, la LFPCL efectúa un tratamiento
minucioso de todas las condiciones de trabajo de los funcionarios, descendiendo al detalle,
entre otros aspectos, de los principios rectores, de los valores éticos de la actuación del
personal, de los órganos superiores en materia de función pública, de su planificación y
organización, de sus derechos, deberes y responsabilidades, de la adquisición y pérdida de la
condición de funcionario, de los sistemas de acceso y de provisión de puestos, del régimen
retributivo y de Seguridad Social, de la formación y promoción interna, de las
incompatibilidades, del régimen disciplinario aplicable, de las posibles situaciones
administrativas que pueden afectar a los funcionarios y –cómo no-- de su representación y
participación en la condiciones de trabajo 442 .
Lógicamente, un estudio exhaustivo de todas estas cuestiones excedería de las pretensiones
de este trabajo, razón por la cual procede realizar un racional esfuerzo de síntesis en aras de
centrar la atención únicamente en el acceso a la condición de funcionario, aspiración de
muchos jóvenes castellanos y leoneses, no sin antes alertar de que el empleo público en
Castilla y León se encuentra estructurado en una dualidad fundamental, la que hace
referencia a funcionarios y trabajadores, circunstancia que obligará en algunas ocasiones a
distinguir el régimen jurídico aplicable a unos y otros, singularmente por lo que hace a los
segundos, cuya relación de empleo será regida, “además de por la legislación laboral (de
carácter estatal a tenor del art. 149.1.7 CE) y por las demás normas convencionalmente
aplicables, por los preceptos del EBEP que así lo dispongan” (art. 7 EBEP).
II.- El principio de mérito y capacidad
No cabe duda de que cualquier Administración, capaz de servir con objetividad los intereses
generales, precisa de unos servidores que sean seleccionados conforme a unos criterios no
subjetivos o arbitrarios 443 , no en vano la eficacia y calidad de los servicios públicos prestados
a los ciudadanos dependen de que se produzca la elección del personal más preparado 444 .
Así, para acceder a la condición de funcionario, a través de una relación de servicios
profesionales y retribuidos regulada por el Derecho Administrativo, es imperativo superar un
proceso selectivo efectuado a partir de criterios objetivos, no en vano todos los ciudadanos son
iguales ante la ley y ante su aplicación, de manera que los poderes públicos no pueden expresar
preferencias discriminatorias o fundadas en razones subjetivas de unos sobre otros 445 . Dichas
pautas neutras deben fundarse, además, en los parámetros de mérito y capacidad, verdaderos
índices de una gestión eficaz del interés de la comunidad 446 .
Estos principios reconocidos en los arts. 23.2 y 103.3 CE y, con la importancia que merecen, en
el art. 55.1 EBEP, son, por tanto, "los pilares de la configuración de una función pública
profesional, imparcial en sus actuaciones y siempre orientada al servicio, con probidad, de los
442
QUINTANA LOPEZ, T.: “Función pública”, en AA.VV.: Derecho Público de Castilla y León, Valladolid, 2008, pág. 485.
443
LORENZO DE MEMBIELA, J.B.: El acceso y provisión de puestos de trabajo en la Administración Pública, 2ª edición,
Pamplona, 2009, pág. 55.
444
MARINA JALVO, B.: “Consideraciones para el estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado Público”,
Justicia Administrativa, núm. 29, 2005, pág. 19.
445
SSTSJ, Cont-Admtivo, Castilla y León/Valladolid 16 octubre 2009 (RJCA 850) y 14 enero 2011 (RJCA 213).
446
GARCIA-TREVIJANO GARNICA, E.: "Consideraciones en torno al derecho de igualdad en el acceso a la función pública",
Revista de Administración Pública, núm. 121, 1990, pág. 249.
449 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN