La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

ámbito de la facultad judicial revisora 525 , atentando contra verdaderos derechos subjetivos de
los elegidos 526 , en tanto significaría cambiar la opinión de especialistas por la de quienes
carecen de aquella capacidad específica 527 y, muchas veces, del conocimiento preciso de todos
los datos para decidir 528 .
Según ha reconocido el propio Tribunal Constitucional, “ni el art. 24 ni el art. 23.2 CE incorporan
en su contenido un pretendido derecho de exclusión del control judicial de la llamada
discrecionalidad técnica, pues debe recordarse que, frente a esta cualidad que ha de
reconocerse a los órganos de selección en el marco de un `prudente y razonable’ arbitrio, nunca
excesivo” 529 , lo cierto es que “las modulaciones que encuentra la plenitud de conocimiento
jurisdiccional sólo se justifican, en una `presunción de certeza o de razonabilidad de la
actuación administrativa, apoyada en la especialización y la imparcialidad de los órganos
establecidos para realizar la calificación; una presunción iuris tantum, por cierto, de ahí que
siempre quepa desvirtuarla `si se acredita la infracción o el desconocimiento del proceder
razonable que se presume en el órgano calificador, bien por desviación de poder, arbitrariedad o
ausencia de toda justificación del criterio adoptado’, entre otros motivos por fundarse en
patente error debidamente acreditado por la parte que lo alega” 530 . Con parecidos argumentos,
el Tribunal Supremo ha considerado que “la discrecionalidad técnica reduce las posibilidades de
control de la actividad evaluadora, que prácticamente quedarán constituidas por estos dos
básicos supuestos: el de la inobservancia de los elementos reglados –cuando éstos existan--, y
el del error ostensible o manifiesto; y, consiguientemente, deja fuera de ese limitado control
posible a aquellas pretensiones de los interesados que sólo postulen una evaluación alternativa
a la del órgano calificador, pero moviéndose también dentro de ese aceptado espacio de libre
apreciación, y no estén sustentadas con un posible error manifiesto” 531 .
Así entendida, la construcción es razonable y aceptable 532 , pudiendo extraer un doble criterio:
a) Regla general: prevalencia absoluta de la discrecionalidad técnica del tribunal o de la
comisión frente a otros criterios expertos aportados por los concursantes, en tanto lo contrario
supondría extender la facultad revisora de la jurisdicción, lo cual no es de recibo 533 .
b) Regla especial, admitiendo la revisión cuando: la propia comisión o el tribunal se
autoimponga normas y así autolimite sus facultades 534 , no cumpla los requisitos formales o de
procedimiento establecidos en la convocatoria 535 , no motive suficientemente la resolución del
concurso 536 , exista error evidente 537 , el interesado consiga acreditar la existencia de vicios en la
formación de su parecer (para lo cual queda garantizado el derecho de acceso al expediente del
resto de aspirantes) 538 o su juicio aparezca viciado por desviación de poder derivada de la
inadecuación entre lo tratado en las pruebas y los conocimientos requeridos para acceder a las
plazas afectadas 539 , aparente arbitrariedad convenientemente acreditada por el impugnante 540
o, en fin, valoración desproporcionada de un mérito 541 e infravaloración manifiesta 542 . En
resumen, cuando de la discrecionalidad se pasa a la arbitrariedad 543 .
525
SSTS, Cont-Admtivo, 2 mayo 1972 (RJ 2167) y 27 octubre 1973 (RJ 4282). Por su contundencia, SSTS, Cont-
Admtivo, 12 febrero 1990 (RJ 2281) y 1 marzo 1994 (RJ 1627).
526
STS, Cont-Admtivo, 30 octubre 1974 (RJ 4175).
527
SSTS, Cont-Admtivo, 28 abril 1976 (RJ 1784), 18 julio 1988 (RJ 5639) o 16 marzo y 28 septiembre 1989 (RJ 2102 y
6374).
528
PIÑAR MAÑAS, J.L.: “El pleno control jurisdiccional de los concursos y oposiciones”, Documentación Administrativa,
núm. 220, 1989, págs. 139 y ss. Igualmente, STS, Cont-Admtivo, 17 diciembre 1996 (RJ 7471).
529
STCo 138/2000, de 29 de mayo.
530
SSTCo 353/1993, de 29 de noviembre; 34/1995, de 6 de febrero y 73/1998, de 16 de marzo.
531
STS, Cont-Admtivo, 14 julio 2000 (RJ 7714).
532
SSTS, Cont-Admtivo, 1 octubre y 27 noviembre 2007 (RJ 7931 y 8943). En la doctrina, TASCON LOPEZ, R.: “La
discrecionalidad técnica de los órganos de selección en el acceso al empleo público”, en AA.VV.: El Estatuto Básico del
Empleado Público. XIX Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, vol. I, Madrid, 2009, pág.
780.
533
STS, Cont-Admtivo, 21 diciembre 1961 (Ar. 4354).
534
STS, Cont-Admtivo, 7 diciembre 1983 (Ar. 6264).
535
SSTCo 115/1996, de 25 de junio y 96/1997, de 19 de mayo.
536
STS, Cont-Admtivo, 28 marzo 1970 (Ar. 1328). También, SSTSJ, Cont-Admtivo, Castilla y León/Valladolid 16 marzo
2007 (JUR 214845), 15 mayo 2007 (JUR 278493) y 18 julio 2008 (RJCA 525)
537
STSJ, Cont-Admtivo, Castilla y León/Valladolid 8 junio 2007 (RJCA 585), 1 septiembre 2008 (JUR 2009, 82294), y
24 septiembre 2010 (JUR 374666).
538
SSTS, Cont-Admtivo, 15 febrero 1990 (Ar. 4971) y 8 julio 1994 (Ar. 6478).
539
SSTSJ, Cont-Admtivo, Castilla y León/Valladolid 15 junio 2007 (JUR 293156) y 7 y 18 septiembre 2007 (RJCA 2008,
111) y 30 noviembre 2007 (JUR 73660).
540
STS, Cont-Admtivo, 31 marzo 1966 (Ar. 1972). También, SSTSJ, Cont-Admtivo, Castilla y León/Valladolid 20
noviembre 2009 (JUR 26543) y 10 marzo 2011 (JUR 18668)
541
SSTSJ, Cont-Admtivo, Castilla y León/Valladolid 24 julio y 2 octubre 2009 (JUR 374721 y 469988), 3 diciembre 2010
(JUR 107938) y 8 febrero 2011 (JUR 116073).
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