La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

2.1.- La ausencia de cualificación profesional
Aun compartiendo la misma finalidad, la relación entre los dos contratos formativos
recogidos en el ordenamiento español es de exclusión por razón de los estudios previos
acreditados. De este modo, la posesión de una de las titulaciones que habilitan para ejercer
una profesión u oficio y la firma de un contrato en prácticas, enervan la facultad de celebrar
otro para la formación 65 , que habría de entenderse en fraude de ley 66 .
Pero esta relación entre titulación y oficio o puesto a desempeñar es capaz de abrir una Caja
de Pandora difícil de dominar tanto en la interpretación doctrinal como en la judicial. A pesar
de los criterios que en sentido contrario --y de seguro más ajustados a una interpretación
sistemática de la norma-- cabe encontrar entre los autores 67 y en la doctrina de Tribunal
Supremo 68 , lo importante no debería ser la titulación, sino su relación con el objeto del
vínculo trabado 69 . Bien es verdad que ello supondría tanto como prescindir eventualmente
del requisito formación teórica (contra lo cual reaccionan muchos convenios 70 ), pero la tesis
podría seguir manteniéndose al entender que, de lo contrario, “se limitaría el campo de
acción de esta modalidad de un modo injustificado, puesto que disponer de una titulación
superior no es sinónimo de inserción laboral segura; es más, en determinados momentos de
crisis, las necesidades del mercado de trabajo no tienen por qué coincidir con altas
cualificaciones para el empleo, el modo de acceder al mismo será adaptar la formación del
joven a los requerimientos del propio mercado” 71 .
No obstante las anteriores elucubraciones, el literal del precepto resulta harto concluyente, e
in claris non fit interpretatio: si el trabajador dispone de una cualificación reconocida por el
sistema educativo o por el sistema de formación profesional para el empleo sólo cabe el
contrato de prácticas; nunca el aquí analizado, y menos tras expresamente haber incluido el
certificado de profesionalidad como título habilitante para suscribir un contrato en prácticas.
En esta línea procede contemplar cuanto recoge el art. 13.2 c), a partir del cual una vez
expirada la duración de este contrato no podrá volver a acceder a la misma modalidad para
vincularse con la misma o distinta empresa; en lectura de la cual cabe seguir que una vez
preparado para una profesión u oficio ha de seguir por tal vía en su futuro profesional o
cambiar, pero ya no al amparo de este tipo, en tanto la misión ya habría sido cumplida. De
difícil hermenéutica es cuanto dispone el segundo apartado de esta letra (“No se podrán
celebrar contratos para la formación y el aprendizaje cuando el puesto de trabajo
correspondiente al contrato haya sido desempeñado con anterioridad por el trabajador en la
65 STSJ Castilla-La Mancha 27 abril 2006.
66 STSJ Cataluña 15 junio 2006. Sobre tal consideración y lo variable del criterio judicial baste contrastar, de un lado, la
prevista en la STSJ Andalucía/Sevilla 5 noviembre 1999, y, de otro, la recogida en las SSTSJ Castilla y León/Valladolid
29 julio 1996, 1 junio 1998 o 24 julio 2000.
67 Pues consideran que romper tal relación, conforme parece establecer el art. 6 RD 488/1998, constituye una
extralimitación reglamentaria; por todos, GARCÍA MURCIA, J. y ESCOTET VÁZQUEZ, M.: “La nueva regulación de los
contratos de trabajo en prácticas: algunos aspectos problemáticos”, cit., pág. 506.
68 Procedería remitir, al respecto, a las SSTS 18 diciembre 2000(dos).
69 Cabría, así, acudir a los pronunciamientos contenidos en la STS 18 diciembre 2000 o STSJ Castilla y León/Valladolid 5
diciembre 2002; en la doctrina, RABANAL CARBAJO, P.: Los contratos de trabajo formativos, Madrid (Dykinson), 2003,
pág. 57; HERRÁIZ MARTÍN, M. S.: “El contrato para la formación: nueva legislación y jurisprudencia”, Aranzadi Social,
núm. 18, 2006, pág. 4. El planteamiento con más firmes argumentos en tal sentido en SEMPERE NAVARRO, A. V.:
“Incidencia del RD 488/1998 en el contrato para la formación”, Aranzadi Social, núm. 3, 1998, pág. 11.
70 Vid, en este sentido, art. 21.2.1.1º CC Sector de Actividades Forestales de la Comunidad de Castilla y León.
71 VILA TIERNO, F.: “El contrato para la formación”, en AA.VV. (MONEREO PÉREZ, J. L. y Dir. y SERRANO FALLÓN, C.,
Coord.): Las modalidades de contratación temporal. Estudio técnico de su régimen jurídico, cit., pág. 331.
Ejemplar resulta al respecto la muestra contenida en los párrafos 2,3,4,5 y 6 CC Marroquinería, Cueros,
Repujados y similares de Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria, Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid,
Palencia, León y Zamora, a cuyo tenor:
“Durante el período de aprendizaje, el o la aprendiza deberá practica en todas y cada una de las máquinas de
las que se componga su sección, para poder alcanzar la categoría de oficial.
Supeditando la cantidad y rendimiento en el trabajo a la calidad de la obra realizada y a la enseñanza efectiva
de un oficio, que constituye la razón de ser del aprendizaje, señaladamente se descarta la práctica de incentivos
individuales que exijan un rendimiento no apto para las condiciones físicas y experiencia profesional del aprendiz, de
modo correlativo el/la aprendiza deberá aportar el esfuerzo e interés necesario a su formación profesional y acceso a la
categoría superior.
El aprendizaje finalizará obligatoriamente mediante la superación de una prueba de aptitud que acredite la
suficiente necesaria para el desempeño de la categoría correspondiente. Dicha prueba podrá solicitarse voluntariamente
por quien haya cumplido los 17 años y lleve, como mínimo, un año de aprendizaje en la empresa.
La prueba de aptitud tendrá un carácter esencialmente práctico y se rendirá ante un tribunal constituido en el
seno de la empresa y formado por dos representantes de los trabajadores y trabajadoras y la persona cuya categoría
sea de oficial de primera de mayor antigüedad de la especialidad sobre la que verse el examen.
Superada la prueba de aptitud, percibirá el salario que le corresponda según su categoría profesional”.
347 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN