La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

superado así el parámetro del 7 por 100 que establecía el art. 25 CCPL . Como no podía ser
de otra manera, el art. 4 Decreto 83/2008, de 23 de diciembre, por el se regula el acceso de
las personas con discapacidad al empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la
formación en la Administración de Castilla y León, reserva un cupo mínimo de plazas del 10
por 100 para este colectivo, parámetro que acoge el art. 3 Decreto 14/2011 581 .
Cabe efectuar al respecto las siguientes consideraciones:
1.- Sobre la adecuación de esta reserva con los principios de mérito y capacidad en el acceso
al sector público se ha pronunciado el Tribunal Constitucional 582 , afirmando que “la inserción
profesional de sujetos con dificultades de acceso al empleo, no sólo no es contraria a la
igualdad, sino que la hace posible y efectiva, a través de un mecanismo, la reserva de
plazas, que no restringe el derecho de los que opositan a las de turno libre (puesto que éstos
acceden a las de su turno en condiciones que no son censurables desde la perspectiva del
art. 23.2 CE), ni exceptúan a los sujetos favorecidos con la reserva, que quedan obligados a
poner de manifiesto su aptitud para el desempeño de las plazas y a acreditar su idoneidad
para el desarrollo de las funciones que les son inherentes 583 , asegurándose así la tutela de la
eficacia administrativa en la gestión de los intereses generales (art. 103.1 CE). En síntesis, el
respeto a los principios consagrados en los arts. 23.2 y 103.3 CE es manifiesto cuando
presiden el proceso de selección de los aspirantes, sin que se vean obstaculizados por las
reglas previas de distribución de plazas ofertadas cuya legitimidad, ya se ha dicho, no resulta
discutible”.
2.- La acreditación del grado de discapacidad, que debe ser igual o superior al 33 por 100
como exige el art. 1 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, debe producirse
con carácter previo al inicio de las pruebas, generalmente a través de un informe expedido
por el órgano competente en la materia en el que corrobore la procedencia de la
compatibilidad con el desempeño de las funciones asignadas a los correspondientes puestos
de trabajo, teniendo en cuenta las adaptaciones razonables que se puedan realizar en los
mismos 584 .
3.- Se trata de establecer la reserva de un cupo de vacantes en las ofertas de empleo público
para ser cubiertas entre personas con discapacidad, a pesar de que se conoce, por la larga
experiencia en la vigencia de la disposición adicional 19ª LMRFP en la redacción otorgada por
Ley 23/1988, de 28 de julio (el cupo, en aquel momento era del 3 por 100), la escasa
virtualidad de tales previsiones.
No debe olvidarse, sin embargo, que esta reserva de plazas permite incluso la realización de
pruebas restringidas, por excepción, como se deduce del art. 61.1 EBEP, sin que ello
suponga infracción del art. 23.2 CE, ya que se trata, como consta, de una acción positiva
justificada en la protección de otros bienes constitucionales, en concreto en el art. 49 CE,
que establece la obligación de los poderes públicos de realizar una política de previsión,
tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos 585 .
También puede efectuarse una convocatoria conjunta con las plazas ordinarias, en cuyo caso
las pruebas selectivas tendrán el mismo contenido para todos los aspirantes, con
independencia del turno por el que se opte. Sin embargo, para que la reserva no quede vacía
de contenido deben aplicarse una serie de medidas complementarias, además de las
adaptaciones de tiempo y medios a las que se hará referencia con posterioridad. Así, debe
tenerse en cuenta que el cupo de reserva implica que las personas con discapacidad que
581
Algunas disposiciones autonómicas también establecen un porcentaje superior. Por ejemplo, el Decreto 54/2006, de
22 de junio, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad a la Administración de la Comunidad de
Madrid prevé un cupo mínimo del 6 por 100. Por su parte, la Ley 3/1990, de 29 de junio, de normas reguladoras de la
Función Pública en La Rioja o el Decreto Legislativo 1/2008, de 13 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de la Función Pública de Galicia, elevan el porcentaje al 7 por 100. Idéntico porcentaje que acogen las
recientes Leyes 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana ó
4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha. En el mismo sentido, se pronuncia el Real Decreto
264/2011, de 28 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2011.
582
STCo 269/1994, de 3 de octubre.
583
STS, Cont-Admtivo, 10 enero 2010 (rec. 4493/2006).
584
GARCIA QUIÑONES, J.C.: “El concepto jurídico laboral de discapacitado”, en AA.VV (VALDES DAL-RE, F., Dir.):
Relaciones Laborales de las personas con discapacidad, Madrid, 2005, págs. 27 y ss. ó RODRIGUEZ ESCANCIANO, S.:
“La integración laboral de las personas con discapacidad tras la Ley de Contratos del Sector Público”, Temas Laborales,
núm. 95, 2008, págs. 101 y ss.
585
STCo 269/1994, de 3 de octubre.
EL TRABAJO DE LOS JÓVENES POR CUENTA AJENA 470