La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

2.3.- El plazo para la suscripción del contrato
El RD 10/2010, de 16 de junio, modifica la anterior versión del art. 11.1 ET para establecer
que el contrato de prácticas se podrá celebrar dentro de los cinco --y ya no cuatro 27 -- años
siguientes a la obtención de la titulación que lo ampara. Dato temporal ya hace años
corregido por la Ley 63/1997, de 26 de diciembre, contemplando una ampliación a seis años
si el trabajador es una persona con discapacidad --que el RD 10/2010 incrementa a siete--,
para así tratar de facilitar la inserción profesional de este colectivo 28 . De superarse el
mentado plazo, el contrato habrá de entenderse como indefinido, aún cuando no exista
fraude de Ley 29 .
El inicio del cómputo al efecto reseñado tendrá lugar desde la fecha de la terminación de los
estudios (la superación de todas las asignaturas o créditos que conforman su plan
docente 30 ), y no de la expedición (o recepción) del título oficial, “pues el objetivo de este
contrato no es, simplemente, adquirir experiencia laboral, sino que éste refluya en los
estudios realizados, finalidad que no podría cumplirse si no se exige una cierta inmediación y
el comienzo de la práctica” 31 . En el caso de personas que hayan cursado sus estudios en el
extranjero, únicamente comenzará desde la fecha de reconocimiento y homologación del
título en España (cuando fuera menester, no si tal acaece de manera automática), con el
propósito de no perjudicar a quienes (españoles o foráneos) lo han obtenido fuera de las
fronteras nacionales.
Al trabajador corresponde entregar al empresario la copia compulsada, bien del título, bien
de la certificación de la finalización de los estudios, pues será a través de esta presentación
cuando el empresario pueda observar --y éste es su deber-- que concurre el requisito
mentado.
Por lo demás, algunos consideran inocua la interrupción en tal cómputo por servicio militar o
prestación social sustitutoria a partir de lo previsto en la disposición adicional 13ª Ley
17/1999, de 18 de mayo, pues ya no son obligatorios (a salvo de lo contemplado en el art.
163 sobre los “reservistas” y su régimen jurídico) 32 . Con todo, procederá advertir sobre cómo
tales previsiones no sólo están contempladas para los nacionales, sino también para los
extranjeros residentes legales en España, respecto de los cuales aquél servicio o prestación
pudieran ser obligatorios.
3.- Dinámica de la relación laboral
Cumplidos los anteriores condicionantes, la dinámica contractual queda signada por los
aspectos a continuación analizados:
3.1.- Duración
La duración del contrato en prácticas en ningún caso puede ser inferior a seis meses ni
superior a dos años [art. 11.1 b)]. Máximo y mínimo legales indisponibles tanto para la
autonomía individual como para la colectiva, sin admitir interrupción alguna, salvo expreso
pacto en contrario, reanudándose su cómputo cuando cesó la causa motivadora de aquélla.
Respecto de la primera, se establece que el concertado tanto por debajo 33 como por encima
de sus umbrales ha de ser considerado fraudulento. Queda incluida en esta prohibición el
27
Según sigue manteniendo, por ejemplo, el art. 20 a) CC Sector de Arqueología de Castilla y León.
28
A este último efecto cabrá tener en cuenta que la disposición adicional 6ª Ley 24/2001, de 27 de diciembre,
considera persona con discapacidad a aquélla que cuenta con una minusvalía igual o superior al 33 por 100. La
necesidad de que, además, presentara una disminución de la capacidad para trabajar igual o superior al mentado
porcentaje fue suprimida por la disposición adicional 4ª Ley 51/2003, de 2 de diciembre. Por tal motivo, no cabrá
equiparar grado de minusvalía y reducción de la capacidad profesional o para trabajar; al respecto, STSJ Asturias 3
noviembre 2006, pues es de todo punto factible la existencia de incapacidad permanente sin discapacidad, y de
discapacidad sin incapacidad permanente, según aclaran las SSTS 23 marzo 2007 y 21 de enero y 11 junio 2008.
29
STSJ Cantabria 31 mayo 2006.
30
YANINI BAEZA, J.: “La nueva regulación de los contratos formativos”, Tribuna Social, núm. 43, 1994, pág. 10.
31
STSJ Madrid 3 noviembre 1994; también, SSTSJ Madrid 26 mayo 1995 o Castilla y León/Burgos 18 enero 1995. En la
doctrina, concluyentes los argumentos aportados por ALBIOL MONTESINOS, I.: Contratos formativos: prácticas y
aprendizaje, Valencia (Tirant lo Blanch), 1994, pág. 17.
32
MORENO CÁLIZ, S.: El contrato de trabajo en prácticas”, cit., pág. 148 o DE VICENTE PACHÉS, F.: “El contrato de
trabajo en prácticas”, cit., pág. 325.
33
STSJ Castilla y León/Valladolid 31 marzo 2003.
EL TRABAJO DE LOS JÓVENES POR CUENTA AJENA 342