La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

Es más –y en esta línea aperturista a la intervención autónomica--, en los convenios de
colaboración que suscriban el SPEE y los Servicios de Empleo Autonómicos “se podrán
establecer las condiciones de utilización de las cantidades no ejecutadas en la financiación de
gastos de las distintas prestaciones por desempleo”, a fin de financiar programas de fomento
del empleo y de formación profesional para el empleo (nuevo art. 28.1 LE). Esta posibilidad
queda condicionada, no obstante, a que la disminución de los gastos inicialmente previstos
se deba al efectivo cumplimiento por dichos Servicios Autonómicos de dos concretas
funciones, a las que se refiere el art. 17 LE. Por una parte, del conjunto de las políticas
activas de empleo puestas en funcionamiento, las destinadas a los beneficiarios de las
prestaciones y subsidios por desempleo deben haber representado un volumen “proporcional
a la participación que los mismos tengan en el total de desempleados de su territorio” (art.
27.3 LE). Por otra –ya conocida--, los Organismos Autonómicos competentes deben haber
verificado el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la inscripción como demandante
de empleo y la suscripción del compromiso de actividad de los mencionados beneficiarios,
comunicando los incumplimientos de estas obligaciones al SPEE 159 .
Con un objetivo más ambicioso, pero de tiempo incierto, la disposición adicional 6ª Ley
35/2010 añade que “en el momento en el que el empleo inicie su recuperación, el Gobierno
adoptará las medidas necesarias para reformar la normativa que regula las prestaciones por
desempleo con el objetivo de aumentar la vinculación de éstas con las políticas activas de
empleo”.
Lógicamente, todo lo anterior no impide que, atendiendo al desarrollo de la política regional
de empleo y a la administración de los fondos establecidos para tal fin, las Comunidades
Autónomas puedan llevar a cabo, a su exclusiva responsabilidad, prestaciones de asistencia
social (art. 148.1.20ª CE), de las que pueden beneficiarse los desempleados, tal y como
sucede, en paradigmático ejemplo, con la prestación de ingresos mínimos de inserción (renta
garantizada de ciudadanía en Castilla y León) u otros de similar naturaleza que con una u
otra denominación se establecen por las últimas. Estas dispensas de asistencia social externa
al sistema de Seguridad Social son sólo parcialmente incluibles dentro las políticas pasivas de
empleo en cuanto los desempleados son, en ocasiones, sus destinatarios, pero van a quedar
al margen de la competencia exclusiva del Estado 160 .
Y ello porque el título del art. 148.1.20 CE plasma la competencia autonómica en términos
extremadamente amplios, de modo que englobaría desde los “servicios sociales”, hasta dar
nacimiento a un nuevo sistema de protección: la “acción o ayuda social”, en la cual quedará
incluida todo lo que, no estando clara e inequívocamente definido como Seguridad Social, se
considere conveniente por la Comunidad 161 , máxime cuando la crisis ha agudizado los
ingenios de los legisladores autonómicos para la adopción de nuevas medidas, vinculadas –
por lo que aquí interesa-- con la protección por desempleo.
Así, todas las Autonomías, bajo el paraguas de sus competencias en materia de asistencia
social (art. 148.1.20ª CE), han regulado programas de ingresos mínimos propios 162 con el
pretexto de mejorar la regulación estatal, bien ampliando el elenco de supuestos en los que
se puede solicitar la percepción de la renta (complementariedad), bien implementando la
dotación económica (suplementariedad) 163 . Cabe hacer referencia, así, a la Renta
Garantizada de Ciudadanía en Valencia 164 , al Ingreso Mínimo de Solidaridad en Andalucía 165 ,
al Ingreso Aragonés de Inserción 166 , al Salario Social Básico en Asturias 167 , a la Renta Mínima
de Inserción en Baleares 168 , en Madrid 169 y en Cataluña 170 , a la Prestación Canaria de
159
VALDÉS DAL RE, F.: “La reforma de la intermediación laboral”, cit., p. 157.
160
MARTÍNEZ ABASCAL, A.V.: “Derecho al trabajo y política de empleo”, cit., p. 1349.
161
MORENO REBATO, M.: Régimen jurídico de la asistencia social, MTAS, Madrid, 2002, pp. 53 y ss.
162
MARTÍNEZ TORRES, M., “Las rentas mínimas de inserción desde una perspectiva comparada”, Cuadernos de
Relaciones Laborales, núm. 23, 2005, p. 157.
163
SELMA PENALVA, A., “Las rentas mínimas de inserción autonómicas”, www.aedtss.com
164
Ley Valenciana 1/2007, de 12 de marzo.
165
Decreto Andaluz 2/1999, de 12 de enero.
166
Decreto Aragonés 57/1994, de 23 de marzo.
167
Ley Asturiana 4/2005, de 28 de octubre.
168
Decreto Balear 117/2001, de 28 de septiembre.
169
Ley Madrileña 15/2001, de 27 de diciembre.
LA GESTIÓN DE LA COLOCACIÓN DE LOS JÓVENES.
AGENTES INTERVINIENTES
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