La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

El legislador interno ha aprovechado, no obstante, el contexto de la reforma laboral de 2010,
para modificar lo previsto en el art. 8 b) LETT de 1994, que ahora se limita a prohibir la
realización de “trabajos y ocupaciones” –antes hablaba con carácter más genérico de
“actividades o trabajos”—“especialmente peligrosos para la seguridad y la salud, en los
términos previstos en la disposición adicional segunda de esta Ley, y, de conformidad con ésta,
en los convenios o acuerdos colectivos”. Esta disposición adicional segunda, lejos de remitirse a
otras normas delimitadoras de trabajos que se consideran peligrosos a estos efectos,
singularmente al art. 8 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, por el que se desarrollaba el
art. 8 b) LETT, actualmente derogado, lo que hace es diferenciar dos niveles de prohibición,
con fuentes de determinación también distintas 397 .
1.- En su primer apartado, la disposición adicional 2ª LETT continúa prohibiendo el contrato de
puesta a disposición, de forma taxativa y ahora impuesta por la propia ley, en la realización de
tres de los trabajos peligrosos que con anterioridad formaban parte del elenco de actividades
vedadas por el art. 8 Real Decreto 216/1999, incorporando, como listado exhaustivo,
únicamente los supuestos recogidos en las letras f) (radiaciones ionizantes en zonas
controladas según el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, modificado por Real Decreto
1439/2010, de 5 de noviembre), g) (agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la
reproducción, de primera o segunda categoría según el Real Decreto 363/1995, de 10 de
marzo, y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, así como sus respectivas normas de
desarrollo y de adaptación al progreso técnico), y h) (agentes biológicos de los grupos 3 y 4,
según el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, así como sus normas de modificación,
desarrollo y adaptación al progreso técnico) 398 .
Estas previsiones, de derecho necesario absoluto, indisponibles por la negociación colectiva,
han de interpretarse, además, de la forma más restrictiva posible, esto es, debiendo
entenderse prohibidos únicamente aquellos trabajos concretos donde la exposición a los
agentes y factores de riesgo referidos venga “cualificada” por su consideración peligrosa en
función de la “actividad” en su acepción más lejana a la generalidad del término “sector”,
teniendo en cuenta, además, que esta consideración sólo puede venir avalada, además, por
una evaluación concreta de riesgos en los que el trabajo conlleve un peligro grave en función
de la severidad y probabilidad de la exposición 399 .
2- La Ley 35/2010 prorroga hasta el 1 de abril de 2011 –ampliando en tres meses el plazo
establecido en el Real Decreto Ley 10/2010-- las prohibiciones hasta ese momento vigentes,
estableciendo un breve período de tiempo, hasta el 31 de marzo de 2011, para que los
acuerdos interprofesionales o la negociación colectiva de ámbito estatal establezcan, de forma
motivada, en las actividades, recogidas anteriormente en el art. 8 Real Decreto 216/1999, que
no se han incorporado a la disposición adicional segunda LETT (esto es, construcción, minería a
cielo abierto y de interior, industrias extractivas por sondeos en superficie terrestre, plataformas
marinas, fabricación, manipulación y utilización de explosivos y trabajos con riesgos eléctricos
de alta tensión), limitaciones para la celebración de contratos de puesta a disposición para
determinados empleos u ocupaciones de especial peligrosidad.
Por si fuera poco, esta posibilidad de intervención convencional no sólo se constriñe por el plazo
marcado sino por el cumplimiento de unos estrictos requisitos: habrán de referirse a
ocupaciones o puestos de trabajo concretos o a tareas determinadas, sin que quepan, por tanto,
exclusiones globales relativas a sectores enteros de la actividad; deberán justificarse por razón
de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo asociados a los puestos afectados; y
tendrán que fundamentarse en un informe razonado que se acompañará a la documentación
397
GARCÍA RUBIO, M.A. y LÓPEZ BARRAGUER, M.: “Prohibiciones en la celebración del contrato de puesta a
disposición tras la Ley 35/2010”, cit., p. 19.
398
CALDERÓN PASTOR, F.J.: “Las empresas de trabajo temporal tras la Ley 35/2010 de reforma del mercado de
trabajo”, Información Laboral. Jurisprudencia, núm. 8, 2010, pp. 13-14.
399
CARRERO DOMÍNGUEZ, C. y BLASCO DE LUNA, F.J.: “La Ley 35/2010, de 17 de diciembre, de medidas urgentes
para la reforma del mercado de trabajo. Empresas de trabajo temporal”, La reforma del mercado de trabajo. La Ley
35/2010, de 17 de septiembre, GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I. y MERCADER UGUINA, J.R. (dirs.), Lex Nova,
Valladolid, 2010, p. 309.
301 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN