La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

orientaciones y objetivos de la estrategia española de empleo (art. 17.4 LE). Aun cuando en
la elaboración de estos planes anuales participan las Comunidades Autónomas y las
organizaciones empresariales y sindicales más representativas (art. 3.3), lo cierto es que
incorporan medidas relacionadas con las “políticas activas de empleo” (orientación,
formación profesional e incentivos al empleo), cuyas prescripciones o indicaciones han de ser
observadas en los “programas de empleo” de las Comunidades Autónomas 92 . Así, sólo de
forma indirecta estas últimas intervienen en la verdadera configuración de las políticas de
fomento del empleo.
Al tiempo, corresponde al SPEE, tal y como dispone el art. 13.4 LE, la gestión de los
programas financiados con cargo a la reserva de crédito establecida en su presupuesto de
gastos, esto es: 1) Aquéllos cuya ejecución afecte a un ámbito geográfico superior al de una
Comunidad Autónoma, cuando éstos exijan la movilidad geográfica de los desempleados o
trabajadores participantes en los mismos a otra distinta y precisen de una coordinación
unificada. 2) Los destinados a la mejora de la ocupación de los demandantes de empleo
mediante la colaboración del SPEE con órganos de la Administración General del Estado o sus
organismos autónomos para la realización de acciones formativas y ejecución de obras y
servicios de interés general y social relativas a competencias exclusivas del Estado. 3) Los de
intermediación y políticas activas de empleo cuyo objetivo sea la integración laboral de
trabajadores inmigrantes, realizados en sus países de origen, facilitando la ordenación de los
flujos migratorios. 4) Los que se establezcan con carácter excepcional y duración
determinada, cuya ejecución afecte a todo el territorio nacional, siendo imprescindible su
gestión centralizada a los efectos de garantizar la efectividad de los mismos, así como
idénticas posibilidades de obtención y disfrute a todos los potenciales beneficiarios (apartado
introducido por el Real Decreto Ley 1/2011).
Queda reservada, además, al Estado la posibilidad de prever incentivos como la concesión de
ventajas fiscales o de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social en virtud de lo
previsto en el art. 149.1.17ª CE, sin perjuicio de que a través del oportuno convenio se
puedan adoptar acuerdos de traspaso para la participación en la gestión de las bonificaciones
de las cuotas sociales a la contratación indefinida, respecto de los trabajadores de los
centros de trabajo ubicados en una Comunidad Autónoma o respecto de los trabajadores
autónomos radicados en ella (nueva disposición adicional 8ª LE). Todo ello sin olvidar que
aun cuando las actividades de fomento de empleo puestas en marcha por las Comunidades
Autónomas pueden ser muy variadas, desde subvenciones directas a fondo perdido, hasta
bonificaciones a tanto alzado por contrato celebrado, pasando por exenciones a la creación
directa de puestos de trabajo, preferencias en la contratación pública o facilidades crediticias,
lo cierto es que todas ellas deben pasar también el tamiz de su adecuación al Derecho de la
Unión Europea, en el que las libertades económicas de libre circulación de mercancías, libre
circulación de capitales, libre prestación de servicios y de establecimiento (art. 26 TFUE) en
el marco de “una economía de mercado abierta y de libre competencia” (art. 119.1 TFUE)
tienen un papel muy importante. Es necesario tener en cuenta, en este marco, el
Reglamento 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, que determina las ayudas
compatibles con el mercado único, como son las regionales a la inversión y empleo, que se
podrán asignar teniendo en cuenta el Mapa de Ayudas Regionales 2007-2013: las destinadas
a la inversión y empleo de PYMES, a la formación y a la contratación de trabajadores
desfavorecidos (entre los que cabe incluir a los jóvenes) y discapacitados 93 .
En contrapartida, las Autonomías Territoriales sí pueden asumir competencias de gestión y
control, dentro de su extensión geográfica, de las subvenciones y ayudas de fomento del
empleo previstas en los programas establecidos por el SPEE. Sin perjuicio de la justificación
cierta de dicho título competencial en las funciones de ejecución de la legislación laboral del
Estado (art. 149.1.7ª CE), nada impide, a la postre, que dicha atribución pueda encajarse,
asimismo, en las potestades autonómicas de fomento del desarrollo económico de cada
92 MARTÍNEZ, E.: “Empleo y mercados de trabajo. Algunos rasgos que distinguen a las Comunidades Autónomas”,
Revista del Instituto de Estudios Económicos, núm. 1, 1999, pp. 1 y ss.
93 APARICIO TOVAR, J.: “La continuidad de una política de empleo flexibilizadota en la reforma de 2010”, Garantía de
empleo y derechos laborales en la Ley 35/2010, de reforma laboral, BAYLOS GRAU, A., (coord.), Bomarzo, Albacete,
2011, pp. 40 y 44.
LA GESTIÓN DE LA COLOCACIÓN DE LOS JÓVENES.
AGENTES INTERVINIENTES
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