La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

Autónoma de Castilla y León, proporcionados por la página web del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León, se recoge información sobre las empresas de trabajo temporal
que en cada una de ellas actúan.
Las principales novedades introducidas por la Ley 35/2010 en el régimen jurídico de las ETTs
se hallan impregnadas (como no podía ser de otra manera si se quiere afianzar el marco de
colaboración público privada perseguido por el legislador) de un claro barniz liberalizador 364 ,
si bien no llega a ser tan profundo como se esperaba en aras a facilitar su contribución a
mejorar las tasas de empleabilidad, objetivo tan necesario en los momentos actuales de
crisis económica, que empezó siendo una crisis financiera, para luego mutar en crisis del
crédito, y terminar por manifestarse como una crisis del empleo ante las pérdidas masivas
de puestos de trabajo y la falta de creación de ocupaciones 365 .
1.- La eliminación de algunos obstáculos al funcionamiento como
operadores del mercado de trabajo
Partiendo del dato cierto de que el modelo de ordenación del mercado de trabajo permite la
actuación de una pluralidad de sujetos, no cabe ocultar que las ETTs desarrollan su actividad
en este mercado atendiendo a las tres razones fundamentales siguientes: del mercado
obtienen los trabajadores que ponen a disposición de sus clientes; para los trabajadores
(sobre todo, jóvenes) constituyen una forma más de acceder al empleo asalariado, una de
las diversas opciones que tienen disponibles; y para las empresas que utilizan sus servicios
son una manera de obtener los operarios que necesitan (normalmente jóvenes), como
alternativa a la contratación laboral directa 366 . Así, aun cuando mediación en el mercado de
trabajo y cesión de trabajadores sean, que lo son, actividades diferentes, y por ello reciben
una regulación jurídica distinta, no es posible desconocer la cercanía entre ambas 367 .
Hasta la promulgación del Real Decreto Ley 18/1993, de 3 de diciembre, la legislación
española se había mantenido inflexible en la idea de que el principio de colocación y sus
operaciones conexas constituían territorio vedado a cualquier forma de interposición o
intermediación por parte de las empresas u organismos privados. Esta prohibición radical,
mantenida hasta ese momento, sólo admitía una excepción: la que afectaba a las “agencias
o empresas dedicadas a la selección de trabajadores”. En la reforma de 1994, sin embargo,
desaparece la obligación de solicitar a la oficina pública de empleo los trabajadores que
necesiten los empresarios, los cuales, en consencuencia, son libres de gestionar la colocación
de trabajadores, bien a través de oficinas públicas, bien por contacto directo y personal con
los desempleados, bien mediante el establecimiento de una contrata, bien a través de una
agencia privada de colocación, o bien utilizando un instrumento jurídico distinto: la
concertación de un contrato de puesta a disposición con una ETT a efectos de que ésta
suministre a la primera los trabajadores que temporalmente necesite 368 .
La legalización de las ETTs y su regulación en la Ley 14/1994, de 1 de junio (LETT), supuso
un profundo cambio derivado de la ruptura de una normativa que prohibía la cesión temporal
de trabajadores en todas sus formas y con cualquier finalidad. Es obvio que el
reconocimiento legal de estas empresas en nuestro sistema fue fruto de dos procesos
simultáneos que confluyen en otro común: de la extensión imparable de la subcontratación
de actividades por parte de las empresas, que, de recurrir a la celebración de contratos
mercantiles de servicios con otras entidades empresariales para encomendarles la realización
de actividades marginales de su fin productivo, o de la contratación temporal directa de
364
MOLINA NAVARRETE, C.: “Un nuevo acto del gran teatro de la reforma laboral 2010: una reforma para reformar o
la galería de los disparates”, cit., p. 109.
365
RAMOS QUINTANA, M.I.: “Intermediación laboral y empresas de trabajo temporal en la reforma de 2010: la
promoción de la intervención privada en el mercado de trabajo”, cit., p. 19.
366
RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M.; LÁZARO SÁNCHEZ, J.L. y VALDÉS ALONSO, A.: “Otras actividades en el mercado
de trabajo”, Lecciones de Derecho del Empleo, RODRIGUEZ-PIÑERO ROYO, M., (dir.), Tecnos, 2ª edición, Madrid,
2006, p. 144.
367
CAVAS MARTÍNEZ, F.: “El entramado institucional del empleo en las vertientes pública y privada”, cit., p. 298.
368
GARCÍA GIL, B.: “Servicios públicos de empleo, agencias privadas de colocación y empresas de trabajo temporal”,
La reforma laboral de 2010, SEMPERE NAVARRO, A.V. (dir.), Aranzadi, Pamplona, 2010, p. 186.
LA GESTIÓN DE LA COLOCACIÓN DE LOS JÓVENES.
AGENTES INTERVINIENTES
296