La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

privadas, con o sin ánimo de lucro, que realicen labores de selección de personal; d)
Agencias con labores de intermediación destinada a recolocar a los trabajadores. La finalidad
de esta ampliación no es otra que la de acercarlas al concepto de “agencias globales de
empleo” existente en la mayoría de los países de la Unión Europea, pero –como se tratará de
explicar seguidamente-- sin llegar a implementarlo del todo 296 .
Como se ha dicho, la Ley 35/2010 establece una nueva variedad de agencias privadas:
“entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro”, que realicen actividades de
intermediación laboral, “bien como colaboradoras de los Servicios Públicos de Empleo, bien
de forma autónoma pero coordinada con los mismos” (art. 21. bis.2 LE). La atribución a una
concreta agencia de colocación de la condición de entidad colaboradora de los Servicios
Públicos de Empleo se instrumenta a través de la suscripción del correspondiente convenio
de colaboración, cuyo alcance será determinado en vía reglamentaria, así como en el propio
convenio que se firme.
Con la regulación previa a la Ley 35/2010, las agencias de colocación debidamente
autorizadas eran admitidas como agentes de intermediación realizando su labor en estrecha
colaboración con el Servicio Público de Empleo. Era éste el que asumía la dimensión pública
de la intermediación laboral, la única posible, estableciendo con las agencias preceptivos
convenios a través de los cuales éstas aparecían como meras extensiones del propio Servicio
Público que controlaba su actividad. Esta consideración se evidenciaba con claridad en el
concepto de agencias de colocación que aparecía en el art. 1 Real Decreto 735/1995, en
virtud del cual estas agencias “se configuran como entidades que colaboran con el Instituto
Nacional de Empleo en la intermediación en el mercado de trabajo…”. La reforma no ha
eliminado la colaboración entre los Servicios Públicos de Empleo y las agencias de colocación,
sino que les ha dado a estas últimas un mayor margen de maniobra, pudiendo decidir si
desarrollan una actuación independiente del Servicio Público o colaboradora con el mismo 297 .
Tal alternativa tiene su trascendencia, pues las obligaciones previstas en materia de
Seguridad Social, para el beneficiario o solicitante de prestaciones por desempleo (participar
en trabajos de colaboración social, renovar la demanda de empleo y comparecer, cuando
haya sido previamente requerido, devolviendo el correspondiente justificante de haberse
presentado en el lugar y fecha indicados para cubrir las ofertas de empelo), podrán ser
exigidas o cumplidas ante la Entidad Gestora, los Servicios Públicos de Empleo, o las
agencias de colocación siempre y cuando éstas desarrollen actividades en el ámbito de
colaboración con aquéllos, pero no en el caso contrario (art. 231.1 LGSS) 298 . A tal efecto, el
citado convenio habrá de fijar los mecanismos de comunicación por parte de las agencias de
colocación “de los incumplimientos de las obligaciones de los trabajadores y de los
solicitantes y beneficiarios de prestaciones por desempleo”, comunicación ésta que se
realizará “a los efectos de la adopción por parte de los Servicios Públicos de Empleo de las
medidas que procedan” (art. 21.bis. 5 LE) 299 . Como es natural, esta previsión no atribuye a
las agencias de colocación ninguna potestad de intervención para corregir tales
infracciones 300 .
Si las agencias no suscriben el pertinente convenio, pueden prestar servicios de
intermediación, de forma autónoma, pero sin las contraprestaciones que la legislación
concede a aquéllas que sí lo han hecho, sobre todo a efectos de recibir financiación para el
296
RODRÍGUEZ CRESPO, M.J.: “Los mecanismos de intermediación laboral tras la reforma operada por el Real Decreto
Ley 10/2010. En Especial, la aparición de las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro”, Información
Laboral. Legislación y Convenios Colectivos, núm. 14, 2010, p. 20.
297
VALLECILLO GÁMEZ, M.R.: ”La reforma de la intermediación laboral: ¿nuevo modelo de colaboración públicoprivado
o nuevo mercado?”, Estrategias de competitividad, mercados de trabajo y reforma laboral 2010:
convergencias y divergencias, MOLINA NAVARRETE, C., RUESGA BENITO, S.M. y VALLECILLO GÁMEZ, M.R., CEF,
Madrid, 2010, p. 188.
298
MORÓN PRIETO, R.: Medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Comentarios a la Ley 35/2010, de 17
de septiembre, El Derecho, Madrid, 2011, p. 59.
299
RUESGA BENITO, S.M.: “La reforma laboral de 2010. Una aproximación económica”, RTSS (CEF), núm. 331, 2010,
p. 153.
300
MOLINA NAVARRETE, C.: “Un nuevo acto del gran teatro de la reforma laboral 2010: una reforma para reformar o
la galería de los disparates”, cit., p. 121.
287 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN