La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

En fin, el Plan Regional de Empleo 2011 indica que se mantendrán los programas de
formación de trabajadores desempleados y ocupados actualmente existentes, pudiendo citar,
entre otros, el Pacto Autonómico por la Emancipación Juvenil y el Plan de Formación para
2011, documentos que han sido analizados en otro apartado de la presente obra.
8.- Autorización de agencias privadas de colocación (remisión)
Sin perjuicio de un posterior análisis más detenido, no cabe duda que los Servicios Públicos
de Empleo de las Comunidades Autónomas son competentes para conceder las
autorizaciones de funcionamiento de aquellas agencias privadas de colocación que
desarrollen sus actividades en centros de trabajo establecidos únicamente en el territorio de
la Comunidad Autónoma de que se trate (art. 3.1 Real Decreto 1796/2010, de 30 de
diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación). En Castilla y León, la Orden EYE
486/2011, de 7 de abril, crea el fichero automatizado de datos de carácter personal
denominado “agencias de colocación autorizadas por el Servicio Público de Empleo de Castilla
y León”, dando cumplimiento así a lo previsto en el art. 20 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos Personales (LOPD). La finalidad del mismo es la
tramitación de los expedientes para la autorización como agencia de colocación, el
seguimiento y evaluación de las mismas.
No obstante y pese a esta prerrogativa autonómica, el SPEE, a través de su Dirección
General, se reserva la competencia de autorización si la agencia pretende desarrollar su
actividad desde centros de trabajo establecidos en diferentes Comunidades Autónomas o si
va a utilizar exclusivamente medios electrónicos para casar ofertas y demandas (art. 3.1. in
fine Real Decreto 1796/2010) 157 .
Asimismo, es el SPEE el órgano competente para remitir información a los Servicios Públicos
de Empleo de las Comunidades Autónomas sobre los convenios de colaboración con agencias
privadas que se hayan suscrito en su ámbito territorial (art. 18 Real Decreto 1796/2010). En
fin, la disposición adicional segunda de esta misma norma reglamentaria aclara que en los
supuestos en los cuales las disposiciones que regulen los procedimientos para la selección de
personal de carácter temporal por parte de las Administraciones Públicas permitan acudir a
los Servicios Públicos de Empleo, éstas se dirigirán exclusivamente a los Servicios
autonómicos o, en su caso, al Estatal, dando preferencia, lógicamente, a los mecanismos
oficiales frente a la iniciativa privada.
9.- Asistencia social en materia de empleo
Las Comunidades Autónomas carecen de potestad para la gestión de las prestaciones por
desempleo del sistema de Seguridad Social y, por lo tanto, para el reconocimiento del
derecho a las mismas y del correspondiente pago a los beneficiarios. La gestión de los fondos
del sistema de Seguridad Social con destino al abono de las prestaciones resultantes de su
acción protectora (incluidas lógicamente las de desempleo –art. 41 CE--) corresponde, así,
de modo exclusivo al Estado (art. 149.1.17ª CE) 158 , sin que en consecuencia puedan
intervenir las Autonomías Territoriales. Sin embargo, el nuevo art. 27 LE, en la redacción
dada por la Ley 35/2010, deja claro que estas últimas “verificarán el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la inscripción como demandantes de empleo y la suscripción del
compromiso de actividad de los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo,
debiendo comunicar los incumplimientos al SPEE en el momento en que se produzcan o
conozcan”, pues es al órgano central a quien compete la adopción de las medidas oportunas.
157 GARCÍA NINET, J.I. y SALIDO BANÚS, J.L.: “Intermediación laboral y agencias de colocación y recolocación
privadas”, Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (Iustel), núm. 24, 2011, p.19.
www.iustel.com.
158 BORRAJO DACRUZ, E.: “Distribución de las competencias entre el poder central y los poderes territoriales en
materia de sanidad y seguridad social”, Revista de Derecho Público, Vol.III-IV, 1980, pp. 465 y ss.
253 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN