La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

Estos vínculos regularizados también podrán acogerse a los beneficios ordinarios previstos
para cualesquiera otros contratos siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en la
correspondiente norma.
En fin, soslayar la normativa laboral, según dispone este RD-Ley, origina cuatro grupos de
quebrantadores: en primer lugar, aquellos en los que la irregularidad ha sido ya descubierta
(no será aplicable la exención “cuando ya se hubiere iniciado una actuación en la empresa en
materia de Seguridad Social, que tenga por objeto o afecte a las situaciones de hecho
referidas en dicho apartado o hubieren tenido entrada en la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social denuncias, reclamaciones o escritos de cualquier naturaleza relacionados
con tales situaciones en la misma empresa, o demandas ante la Jurisdicción Social --art. 3.2-
-); los empresarios que no reúnen los requisitos para acogerse a la regularización
(disposición adicional 1ª.1, párrafo primero, inciso primero); los empresarios que incumplen
el régimen jurídico de la regularización (disposición adicional 1ª.2); finalmente, cuantos
extinguen los contratos de los trabajadores afectados en los seis meses siguientes
(disposición adicional 1ª,1, párrafo primero, inciso segundo).
En cuanto a las irregularidades ya descubiertas, se aplicarán las sanciones previstas en la
LISOS, pero el literal es impreciso e insatisfactorio, en cuanto que la actuación a que se
refiere el primer inciso debe ser únicamente una inspección estatal, y no una actuación
privada. A su vez, la equiparación de efectos de las actuaciones que tengan ese objeto
definido y aquellas otras que “afecten” a dichas situaciones, aunque sea de refilón, es
impropia. Finalmente, a lo que la ley debería atribuir importancia es a la veracidad de los
contenidos de las reclamaciones o escritos, tras la oportuna comprobación administrativa, y
no al mero hecho de formular cualquiera de ellos, abstracción hecha de su naturaleza, lo que
irremisiblemente acarrea una situación de indefinición excesiva, cuando no de auténtica
indefensión. En todo caso, debe prevalecer el dato cronológico del inicio de la “actuación
administrativa” y no el de la entrada del escrito de denuncia o similar en el registro de las
dependencias administrativas 701 .
Respecto a quienes se hubieran acogido al proceso voluntario de regularización sin reunir los
requisitos establecidos al respecto o los que, aún reuniéndolos, hubieren procedido a la
extinción del contrato de trabajo de los trabajadores afectados por la regularización antes de
seis meses (plazo que no corre desde el concierto, ni siquiera desde el registro público del
vínculo contractual, sino desde la fecha de la solicitud de la afiliación/alta en el sistema de
Seguridad Social, ex art. 4.1) salvo, claro está, las extinciones por despido disciplinario
declarado como procedente, o por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente
total, absoluta o gran invalidez del trabajador, cualquiera que fuera la modalidad de
contratación utilizada, perderán automáticamente el derecho a acogerse a los efectos
descritos con efectos desde la fecha de la regularización 702 .
Asimismo deberán reintegrar las ayudas, bonificaciones y, en general, los beneficios
derivados de la aplicación de los programas de empleo, obtenidos como consecuencia de
esta contratación (disposición adicional 1ª).
En fin, los empresarios que incumplan el régimen jurídico de la regularización (cabría aludir
aquí, a título de ejemplos, a la regularización intentada a partir del 1 de agosto de 2011, o a
la solicitud de alta/afiliación para periodo menor del que finalmente resulte exigible, o a
minoración de las bases a efectos de cotización que corresponda, o a la celebración de
contrato de trabajo inadecuado en atención a su tipicidad/causalidad, o al no formalizado por
escrito, etc.) deberán proceder al ingreso de las cuotas de Seguridad Social que procedan (y,
sin duda, con los recargos e intereses de demora que correspondan de conformidad con la
legislación de común aplicación, incluida la multa por las infracciones cometidas en cuanto a
701 DE LA VILLA GIL, L.E.: “La economía sumergida y los arañazos superficiales a la realidad social a través de las
medidas adoptadas por el gobierno. Breve comentario al Real Decreto-Ley 5/2011, de 29 de abril”, cit., pág. 11.
702 La norma guarda silencio en caso de jubilación o incapacidad del empresario persona física o del despido por causas
objetivas o colectivo procedente, SEMPERE NAVARRO, A.V. y MARTÍN JIMÉNEZ, R.: El empleo sumergido. Comentarios
al RD-Ley 5/2011, de 29 de abril, cit., pág. 77.
719 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN