La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

puesto de manifiesto algunas resoluciones judiciales “la figura de la beca no puede servir
entonces como pantalla para encubrir una relación laboral mal remunerada, aprovechándose
de la necesidad real de los posibles perceptores” 435 , cuya ruptura, además, resulta más
sencilla que las exigencias causales y formales previstas por el ordenamiento laboral para el
contrato de trabajo.
En efecto, y tal y como se ha podido comprobar del análisis de las sentencias comentadas,
en numerosas ocasiones --más de las deseadas-- la beca no hace otra cosa sino encubrir una
relación laboral, con el fin de huir del marco protector del Derecho del Trabajo, de manera
que el empresario obtiene unos servicios a un menor coste, recurriendo a una “política
‘subterránea’ de contratación laboral que conlleva la aceptación de la inestabilidad en el
empleo como sistema” 436 .
Sin embargo, la figura no es un mal en sí misma, pues bien utilizada, conforme demuestra la
práctica realizada por un gran número de empleadores en el día a día, pueden constituir uno
de los múltiples cauces para que el joven inicie su camino profesional, consolidando en la
práctica los conocimientos adquiridos previamente, y aumentando su empleabilidad mediante
la consecución de una formación indispensable para acceder a una contratación estable y de
calidad gracias a las capacidades alcanzadas durante el desarrollo de la beca.
Eso sí, el propio legislador ha adquirido consciencia del déficit en la protección de los
becarios, de manera que la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto,
sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social,
mandataba al Gobierno para que, en el plazo de tres meses, procediera a regular los
mecanismos necesarios para la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los
participantes en programas de formación financiados por organismos o entidades públicos o
privados que, vinculados a estudios universitarios o de formación profesional, conlleven
contraprestación económica para los afectados.
En desarrollo de dicha disposición legal, se ha dictado recientemente el RD 1493/2011, de 24
de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen
General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación,
de manera que este colectivo queda asimilado a un trabajador por cuenta ajena en cuanto
hace a su inclusión en el Régimen General (art. 1.1 RD 1493/2011).
Semejante previsión supone una ganancia neta en la protección social del colectivo de
becarios incluido en su marco protector, pues de no poder disfrutar de ningún auxilio de los
garantizados por el sistema público pasan a tener cubiertas todas las contingencias del
mismo a excepción del desempleo (art. 3 RD 1493/2011).
En el reverso de la moneda, habrán de hacer frente a las cotizaciones por contingencias
comunes y profesionales en términos idénticos a los previstos cada año por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado y sus normas de aplicación y desarrollo para los contratos
para la formación y el aprendizaje, sin tener que realizar aportación alguna por desempleo,
al FOGASA o por formación profesional (art. 4 RD 1493/2011). Para el presente ejercicio, y
según establece el art. 43 de la Orden TIN/41/2011, de 18 de enero, será necesario abonar
una cuota única mensual de 36,39 euros por contingencias comunes, de los que 30,34 euros
serán a cargo del empresario y 6,05 euros a cargo del trabajador, y de 4,17 euros por
contingencias profesionales, a cargo del empresario.
La entidad u organismo financiador del programa de formación tendrá la consideración de
empresario, asumiendo los derechos y deberes en materia de Seguridad Social establecidos
para ellos en el Régimen General (art. 5.1 RD 1493/2011), para lo cual tendrán que solicitar
un código de cuenta de cotización específico (art. 5.2 RD 1493/2011).
En consecuencia, deberán cumplir con las obligaciones de afiliación, alta, baja y variaciones
de datos previstas en el RD 84/1996, de 26 de enero, la cual tendrá lugar a partir de la fecha
personas trabajadoras. Por tanto, la precariedad remite a una carencia, a una falta de, bien sea estabilidad, seguridad,
protección o reconocimiento, respecto de la normalidad laboral”, SANTAMARÍA, E.: “Buscarse la vida: trayectorias y
experiencias de precariedad en el acceso al empleo de las personas jóvenes”, cit., pág. 103.
435 SSTSJ Cantabria 11 febrero 2009 (AS 323) y País Vasco 13 octubre 2009 (AS 2701/2010).
436 ÁLVAREZ CUESTA, H.: La precariedad laboral. Análisis y propuestas de solución, cit., pág. 182.
EL TRABAJO DE LOS JÓVENES POR CUENTA AJENA 438