La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

pretericiones por razones de nacionalidad en el acceso a los empleos subalternos de la
Administración.
Conviene precisar, por tanto, que, salvo en las excepciones referidas, los nacionales de otros
Estados comunitarios no sólo pueden acceder al empleo público en España sino que tienen
derecho a hacerlo en igualdad de condiciones con los españoles, sin que puedan ser
preteridos por causa de su nacionalidad. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Europea ha declarado que, en garantía de esa igualdad, la experiencia de un candidato en la
Administración de otro país miembro de la Unión debe ser objeto de la misma valoración en
el procedimiento de selección que la experiencia de los nacionales en la Administración
propia 601 .
Sin embargo –y pese al esfuerzo de las instancias europeas--, previendo la dificultad de
concretar cuáles habrán de ser aquellos empleos públicos que implican una participación,
directa o indirecta, en el ejercicio del poder público y en las funciones que tienen por objeto
la salvaguardia de los intereses generales del Estado o de las demás Administraciones
Públicas y que, por tanto, impedirán su acceso a los nacionales de otros Estados miembros,
el segundo párrafo del apartado 1 del art. 57 EBEP encomienda a los órganos de gobierno de
las distintas Administraciones Públicas la determinación de las agrupaciones de funciones
conforme a lo dispuesto en el art. 76 EBEP en las que no podrá ejercerse el derecho a la libre
circulación de trabajadores, que a buen seguro habrá de respectar la interpretación
comunitaria anteriormente transcrita. Hasta el momento, para la Administración General del
Estado, ha sido el Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, el que ha llevado a cabo dicha
determinación. En lo que respecta al ámbito de competencia de las Comunidades
Autónomas, son ellas las que deben precisar las agrupaciones de funciones a las que no
pueden acceder nacionales de otros Estados 602 .
Por lo que hace a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la Orden ADM 853/2009, en su
apartado cuarto. 1, viene a reiterar las pautas anteriormente explicadas, señalando que “con
carácter general, excepto en aquellas pruebas selectivas para el ingreso en cuerpos o escalas
de funcionarios en las que sólo puedan participar los candidatos de nacionalidad española y
así se refleje en la respectiva orden de la convocatoria, se exigirá ser español o nacional de
un Estado miembro de la Unión Europea, o nacional de algún Estado al que le sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores, en virtud de los tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España”.
En fin, pese al reconocimiento, incluso a nivel constitucional, de la potestad
autoorganizatoria a favor de las Entidades Locales, éstas se muestran menos sensibles al
problema y no han desarrollado, por el momento, una acción clara que dé cumplimiento a las
exigencias derivadas de la libre circulación de trabajadores impuesta por el Derecho
Comunitario 603 .
2.- En diferente situación jurídica se encuentran los nacionales de Estados que no sean
miembros de la Comunidad Europea y que no estén amparados por Tratado Internacional
alguno que disponga la aplicación de la “libre circulación de trabajadores”. El punto de
partida ha de encontrarse en el art. 13.2 CE, el cual establece que sólo los españoles serán
titulares de los derechos reconocidos en el art. 23 (con la excepción, atendiendo a criterios
de reciprocidad, de los derechos de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales),
precepto este que reconoce, como es sabido, en su apartado segundo “el derecho a acceder
en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos”. Por tanto –permítase la
aclaración--, sólo los españoles, y también los ciudadanos comunitarios y asimilados en los
términos ya expuestos, son titulares del derecho de ingreso en condiciones de igualdad a las
funciones y cargos públicos. Los extranjeros no comunitarios no tienen, por tanto, posibilidad
de acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos en nuestro país 604 .
601 STJCE 17 mayo 2005, asunto Comisión contra Italia.
602 SALAS PORRAS, M.: “El derecho de acceso de los extranjeros al empleo público en España”, en AA.VV.: El Estatuto
Básico del Empleado Público. XIX Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Madrid, 2009,
págs. 749 y ss.
603 GOMEZ MUÑOZ, J.M.: “El acceso de nacionales comunitarios al empleo público en España: insuficiencias del régimen
jurídico vigente”, Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 24, 1995, págs. 91 y ss.
604 YSAS MOLINERO, H.: “El acceso de los extranjeros extracomunitarios a la función pública en el EBEP: una
oportunidad perdida para una reforma necesaria”, en AA.VV.: El Estatuto Básico del Empleado Público, XIX Congreso
Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Madrid, 2009, págs. 801 y ss.
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