La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

Esta calificación ha servido a la doctrina judicial para considerar que el SPEE sigue gozando
del beneficio de justicia gratuita del que disponía anteriormente el INEM, entendiendo
aplicables los “arts. 119 CE, 20 y 449.2 Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con el
art. 2 b) Ley 1/1996, reguladora de la asistencia jurídica gratuita, en el que se establece, en
cuanto al ámbito personal de aplicación, que `en los términos y con el alcance previstos en
esta ley y en los tratados y convenios internacionales sobre la materia en los que España sea
parte, tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita… las Entidades Gestoras y Servicios
Comunes de la Seguridad Social, en todo caso”. Argumenta el Tribunal Supremo lo siguiente:
“en cuanto a la gestión de las prestaciones de desempleo, en sus niveles contributivo y
asistencial, incluidas en la acción protectora del sistema de Seguridad Social, (el SPEE) es el
mismo organismo que el anterior INEM pero con distinto nombre, ya que la disposición
adicional primera de la LE, relativa a la identificación del SPEE, establece que el INEM pasa a
denominarse SPEE, sin perjuicio de las nuevas competencias que se atribuyan a este último,
y conservando el régimen jurídico, económico, presupuestario, patrimonial y de personal, así
como la misma personalidad jurídica y naturaleza de Organismo Autónomo de la
Administración General del Estado, con las peculiaridades previstas en esta Ley, lo que
corrobora plenamente la identidad esencial de las dos entidades, de modo que, en
consecuencia con lo anterior, todas las referencias que en la legislación vigente se efectúan
al INEM o a sus funciones y unidades deben entenderse realizadas al SPEE, entre ellas, por
tanto, la calificación de Entidad Gestora que se efectúa en el art. 226 LGSS respecto del
INEM que debe entenderse ahora referida al Servicio Público de Empleo” 212 .
Como novedad, la disposición final primera Real Decreto Ley 10/2011, de 26 de agosto,
establece que el SPEE y el Fondo de Garantía Salarial se integrarán en un único organismo,
de modo que en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-
Ley se adoptarán las disposiciones precisas para la citada integración y el funcionamiento
efectivo del nuevo organismo.
4.- Organización
La atribución de personalidad jurídica al SPEE no sólo implica su independencia como
conjunto de personas y medios adscritos a la gestión del quehacer público asumido, sino
también que las relaciones jurídicas necesarias para su gestión concluyen en éste, sin que se
transfieran (con los consiguientes canales y dilución de responsabilidades) a la
Administración matriz (Ministerio de Trabajo) 213 . Esta última gana eficacia creando una
organización independiente y personificándola, sin perjuicio de reservarse respecto de ella un
control constante y una utilización instrumental, por lo mismo que el servicio a cuya dispensa
se destina es un servicio propio de la misma Administración matriz, cuyo nivel de realización
y prestación afecta a su propia responsabilidad 214 .
Esta encomienda se manifiesta de forma plena ad extra, esto es, dentro de la esfera
funcional específica del SPEE en las relaciones con terceros, incluyendo el ejercicio de
potestades autoritarias de intervención o limitación sobre sujetos privados 215 . Sin embargo,
de manera más limitada lo hace ad intra, es decir, en su imbricación con la Administración
matriz. Frente al Ministerio de Trabajo, la autonomía del Ente filial, tanto en su aspecto
formal de centro último de imputación, como en su aspecto funcional, que postula
autodeterminación e independencia, es en muy buena parte ilusoria, no en vano el SPEE
constituye un simple instrumento en manos del citado Departamento Ministerial
(“instrumentum regni”), tal y como se deduce de lo dispuesto en el art. 1.2 LOFAGE 216 .
Es más, el art. 11 LE se encarga de dejar claro que el SPEE (al igual que sucede con el Fondo
de Garantía Salarial y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene) queda adscrito al
Ministerio de Trabajo a través de la Secretaría General de Empleo (art. 13.1 Real Decreto
212
SSTS, Social, 21 febrero 2005 (RJ 3544), 13 mayo 2008 (RJ 3487) y 9 febrero 2009 (RJ 1619).
213
SSTS, Cont-Admtivo, 31 enero 1978 (RJ 189) y 10 junio 1981 (RJ 2941).
214
GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R.: Curso de Derecho Administrativo, T. I, 10 ª edición,
Civitas, Madrid, 2000, pp. 398.
215
SANTAMARÍA PASTOR, J.A.: Principios del Derecho Administrativo, Tomo I, 2ª edición, Iustel, Madrid, 2009, p. 599.
216
GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R.: Curso de Derecho Administrativo, cit., pp. 407.
271 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN