La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

domésticos (60,4%), la confección (42,9%), el calzado (37,8%), el cuero (32%), los
servicios personales (34,5%) y la agricultura (30,9%).
2.- Consecuencias legales del trabajo informal
La economía sumergida debe ser perseguida por los poderes públicos a través de todos sus
medios, sin escatimar esfuerzos de organización, lo que implica a corto plazo la colaboración
entre todos los existentes, estatales, autonómicos, locales e institucionales, legislativos,
administrativos y judiciales, recorriendo el camino que llevaría de las actuaciones aisladas o
segregadas de esos poderes, a la colaboración entre los mismos.
Frente a estos comportamientos, la colaboración demandada queda patente en las políticas
públicas de inspección, sanción y tutela de los derechos sociales y de las reglas de
transparencia e igualdad en el mercado, las cuales vienen acometiendo diversas y continuas
acciones en planes dirigidos al control y lucha contra la economía irregular y el empleo
sumergido, de manera regular y permanente. En este sentido, conviene mencionar los
sucesivos Planes anuales integrados de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; la
constitución del Observatorio del Fraude para el análisis y corrección de las irregularidades
en materia laboral y de Seguridad Social entre la Tesorería General de la Seguridad Social y
la propia Inspección de Trabajo y Seguridad Social; el reciente Plan de Acción sobre
empresas ficticias y altas fraudulentas adoptado por ambos organismos; y el Plan Integral de
Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y a la Seguridad Social.
Junto a la Inspección de Trabajo, otros organismos pueden también contribuir al
perfeccionamiento del sistema en la lucha contra el trabajo sumergido, entre ellos ocupa un
lugar destacado el papel a desempeñar por los Consejos Económicos y Sociales, tanto el
estatal como los autonómicos 689 .
Dependiendo de la causa última del trabajo informal, la respuesta ha de ser diferente. En
caso de trabajo sumergido debido a la ilegalidad de la prestación de servicios, la
consecuencia necesaria ha de ser la nulidad del negocio: “declarada la nulidad de una
obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido
materia del contrato” (art. 1303 CCiv.), volviendo “al ser y estado que tenían con
anterioridad al contrato” 690 . Pese a la máxima civilista y en virtud del principio tuitivo
imperante en el Derecho Laboral, procederá en la generalidad de los casos el pago del salario
debido a quien ejecutó la actividad anulada. Sin embargo, no cabrá solicitar retribución
alguna cuando la prestación realizada fuera constitutiva de delito o falta, en tal caso “se
observarán las reglas siguientes: cuando la culpa esté de parte de ambos contratantes,
ninguno de ellos podrá repetir lo que hubiera dado a virtud del contrato, ni reclamar el
cumplimiento de lo que el otro hubiese ofrecido” (art. 1306 CCiv.). El trabajador únicamente
cobrará su sueldo si no participó en el ilícito penal ni tuvo ningún conocimiento al respecto.
Por ello, la lucha contra el trabajo sumergido del primer tipo (aquél oculto por la ilegalidad de
su objeto) sólo va a ser llevado a cabo a través de acciones en la mayor parte de los casos
penales, que lo eliminen de raíz y sin incorporarlo al ciclo productivo, claro está.
En cambio, la labor de aflorar el empleo irregular y dotarlo de un marco de legalidad recae -como
ya se ha expuesto-- en la Inspección de Trabajo a través de procedimientos
sancionadores y liquidatorios, en colaboración con los organismos que integran la Seguridad
Social 691 .
689
Por ejemplo, el Decreto 8/1989 de la Comunidad Valenciana, ya derogado, creó la Mesa de la Economía Sumergida.
690
STSJ Aragón 8 mayo 2000 (AS 2000, 2237).
691
La Memoria del año 2009 indica que su actuación permitió que aflorasen 61.817 empleos sumergidos, de los cuales
7.220 correspondían a población extranjera; a su vez el 60% de los casos pertenece al sector servicios, casi un 20% a
la construcción y un 20% a agricultura e industria, SEMPERE NAVARRO, A.V. y MARTÍN JIMÉNEZ, R.: El empleo
sumergido. Comentarios al RD-Ley 5/2011, de 29 de abril, Valencia (Tirant lo blanch), 2011, pág. 33.
FOMENTO DEL EMPLEO, AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 716