La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

que sólo lo sería de conseguir acreditar que “habilita para una determinada profesión o
actividad profesional”, y el Doctorado, por lo normal, “trasmitirá sus efectos al plano
académico o investigador [con vías de integración propias, procedería añadir]”; siguiendo
cómo “en muchos casos estos estudios de tercer ciclo son complemento o perfeccionamiento
de los estudios de […] Licenciatura, lo cual resultará importante a efectos del cómputo
dentro del cual se puede celebrar el contrato en prácticas” 17 .
Igual ocurre con el Master no oficial, del cual se defiende su inclusión 18 , pues “suele tener
clara proyección profesional” 19 (si bien procederá demostrarlo 20 ), y que ahora podría
encontrar fácil acomodo a través del certificado de profesionalidad siempre y cuando fuera
objeto de los correspondientes procedimientos de evaluación y acreditación, según demanda
la nueva redacción del art. 11.1 ET.
B.- En cuanto hace a las exclusiones por vía legal, cabe mentar las significativas que
derivaban (y derivan aún, dado el tenor de la disp. transitoria 4ª LCTI) del RD 63/2006, de
27 de enero, por el cual se regula el Estatuto del Personal Investigador, el cual contemplaba
--y contempla-- una relación de becario durante los dos primeros años y un contrato en
prácticas con condiciones especiales para los años tercero y cuarto; también la de formación
de los especialistas en Ciencias de la Salud, con un régimen contractual propio tanto en el
RD 63/2006 como en la LCTI, según se expondrá en detalle más adelante.
Igual consideración merecen las prácticas profesionales (o “estancias en prácticas”, según
figuran en numerosos planes de estudios) realizadas por los alumnos como parte de sus
estudios académicos, aun cuando sirvan --no dejan de ser una curiosa coincidencia-- como
vía (“a modo de periodo de prueba” 21 ) para la consecución de un primer contrato en
prácticas (disposición adicional 1ª RD 488/1998).
En fin, tampoco tienen cabidas las prácticas no laborales realizadas al amparo del sistema de
formación profesional para el empleo, reguladas en el RD 395/2007, de 23 de marzo, y con
desarrollo en la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.
C.- Respecto de las exclusiones por vía judicial cabe hacer mención, entre muchas, a dos
harto llamativas. En primer lugar, parece meridiano que tal ocurre con el título de bachiller,
en tanto no capacita para ejercer ninguna profesión concreta 22 . Pero a aquél han de quedar
equiparados los que no obedezcan a estudios anteriores al contrato y que tenga conexión o
relación con el trabajo que se realiza en virtud del mismo 23 . Cualquier carnet o licencia
provenientes de una autorización administrativa --menos aún si concedidos por un privado 24 -
- o del mero nombramiento para desempeñar una actividad profesional no pueden ser
considerados título habilitante.
A este respecto es contundente el rechazo a admitir como tal el permiso de conducir 25 o -dando
pie a cuantiosos pronunciamientos judiciales-- el nombramiento como vigilante
jurado 26 , pues se trata de una habilitación administrativa para ejercer una actividad que
guarda relación con el orden público, pero no constituye un título académico; ello siempre y
cuando quien lo haya obtenido no lo haya hecho a partir de la superación de un curso de
formación profesional ocupacional, pues en tal caso --y como se conoce-- el Tribunal
Supremo sí considera que existe un certificado de profesionalidad.
17
STSJ Madrid 18 septiembre 1995.
18
CARDENAL CARRO, M.: Contratos de trabajo formativos, Pamplona (Aranzadi), 1997, pág. 114.
19
STSJ Madrid 18 septiembre 1995.
20
STSJ Madrid 7 abril 1994.
21
DE VICENTE PACHÉS, F.: “El contrato de trabajo en prácticas”, cit., pág. 321.
22
STSJ Cataluña 26 junio 1996.
23
SSTS 1 octubre 1992 o 11 febrero 1993.
24
STSJ Andalucía/Málaga 3 septiembre 1993.
25
STSJ Andalucía/Sevilla 20 noviembre 1991.
26
Así, la serie de pronunciamientos llamados a constituir doctrina jurisdiccional que se extiende desde finales de 1993 y
todo 1994; entre otras, SSTS 28 diciembre 1993 y 26 enero, 23 febrero, 13, 14 y 29 junio, 6 (dos) y 7 julio o 3 y 19
octubre 1994.
341 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN