La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

u otro Régimen, sin comprobar si efectivamente estas personas tienen los requisitos exigidos
para su inclusión como trabajador por cuenta ajena.
En numerosos supuestos el sujeto, por ignorancia legislativa o con la intención de otorgar una
más amplia tutela jurídica al pariente, procederá a inscribir a su familiar en el Régimen General,
despreocupándose o no teniendo conocimiento suficiente de todas las cuestiones jurídicas que
quedan abiertas sobre la presunción de no laboralidad y sobre su aplicación al empresario no
individual ex disposición adicional 27ª LGSS. Sucesivamente, cuando la Seguridad Social
controle la declaración efectuada por el “empresario familiar” y tenga que calificar el carácter
laboral o no de la actividad prestada por un familiar -- incluido en el abanico establecido por los
arts. 1.3 e) ET y 7.2 LGSS-- procederá de manera casi “instintiva” 356 a sostener la tesis
contraria y a revocar dicha inscripción o sus efectos jurídicos como, por ejemplo, la prestación
por desempleo.
En segundo término, y con anterioridad a la relativa seguridad jurídica propiciada por la
disposición adicional 27ª LGSS, se han creado, en numerosas ocasiones, empresas con forma
jurídica societaria para ocultar la verdadera situación y dar de alta al propietario de la misma
como trabajador por cuenta ajena.
Una tercera e importante vía de fraude es la realización de contratos de trabajo simulados con
los familiares o falseando la situación de convivencia o dependencia del titular para incluirlos en
el Régimen General 357 . Esto afecta mayoritariamente a los hijos menores de 18 años que
trabajan en la empresa familiar 358 , pues en la actualidad suelen abandonar el hogar familiar a
edades muy superiores a la mayoría de edad, por lo cual para que dicho hijo pudiera estar
protegido por la Seguridad Social ha debido falsear la situación de convivencia y dependencia,
pues no se olvide que administrativamente --y salvo algún aislado pronunciamiento judicial que
otorgaba cobertura al menor emancipado-- en el RETA no se podía estar incluido por ser menor
de dieciocho años, a pesar de realizar la actividad en las condiciones señaladas, hasta la
aprobación de la LETA.
8- La exclusión de la cobertura por desempleo de los hijos contratados en la
empresa familiar
8.1.- Elementos de contexto a propósito de la función social y económica de dicha
cobertura tanto en el trabajo por cuenta propia como en el subordinado
Como “empresa familiar” cabe identificar aquélla en la que “una parte esencial de su propiedad
está en manos de una o varias familias, cuyos miembros intervienen de forma decisiva en la
administración y dirección del negocio” 359 . Así definida, las características más relevantes de la
empresa familiar podrían resumirse en tres:
1) Que la propiedad está concentrada en un grupo familiar
2) Que el grupo familiar participa en el gobierno y gestión de la empresa
3) Que existe vocación de continuidad.
La empresa familiar no define, por tanto, ni el tamaño, ni la extensión del mercado en el cual
interviene --no debe expresar exactamente una idea de pequeña, mediana o gran empresa,
como tampoco ha de significar una acepción de empresa nacional o multinacional--, sino que
refleja, fundamentalmente, el origen y el control de la misma, aproximándose a una idea
familiar: unos fundadores, el trabajo de miembros de la familia en la empresa, el
356 FERRANTE, A.: “El trabajo familiar en el Derecho español: el trabajo ¿autónomo? de sus miembros entre las mallas
laborales y civiles”, cit., pág. 79.
357 ÁLVAREZ CORTÉS, J.C.: “La presunción de la condición de trabajador autónomo de los familiares del empresario en
la protección por desempleo. A propósito de las SSTS de 17 de enero de 2001 y de 13 de marzo de 2001”, cit., pág. 210.
358 Ampliamente sobre el particular MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “El trabajo familiar del menor de edad”, Revista de
Información Laboral. Legislación y Convenios Colectivos, núm. 32, 2006, págs. 2 y ss.
359 AA.VV.: Guía para la pequeña y mediana empresa familiar, Madrid (Ministerio de Economía), 2003, pág. 15.
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