La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

4.- Centros especiales de empleo
Dentro de las empresas pertenecientes al Tercer Sector, los centros especiales de empleo no
luchan contra la exclusión social de la generalidad de las personas en riesgo en tal situación,
sino que centran su atención sólo en uno de los colectivos: los discapacitados.
Su función no parece sencilla a la luz de las cifras de desempleo de este colectivo. Más de
100 millones de hombres y mujeres con discapacidades tenían entre 15 y 24 años en 2003.
En el acceso al trabajo se encuentran desproporcionadamente desfavorecidos, representando
como media el 21% de los no empleados entre la población activa de los países de la OCDE,
y sus tasas de desempleo varían enormemente, hasta alcanzar el 60% en Noruega y
Suiza 486 .
Para lograr la integración de las personas con discapacidad, especialmente los jóvenes en tal
situación, y evitar que sus limitaciones personales se conviertan en limitaciones sociales, el
principal “trampolín” es el acceso y la permanencia en el empleo como en tantos otros
aspectos 487 . La falta de trabajo adecuado o de los mecanismos para su correcta inserción
laboral constituyen, al tiempo, las principales dificultades contra las que deben luchar 488 .
La desigualdad de situación en que se encuentran los discapacitados motiva que la
Constitución --en cabal comprensión de la igualdad que proclama como uno de los cuatro
valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico (art. 1.1)-- inste a los poderes públicos
a llevar a cabo una política de rehabilitación e integración de este colectivo, ordenándoles
que los ampare especialmente para el disfrute de los derechos que el Título I CE reconoce a
todos los ciudadanos (art. 49 --quizá el “más relevante” 489 --), por ejemplo, el derecho al
trabajo, la libre elección de la profesión y oficio, la promoción a través del trabajo y a una
remuneración suficiente (art. 35.1 CE), en inequívoco mandato de que han de recibir un
trato de favor (o discriminación positiva, en la no muy afortunada expresión actualmente en
boga) que permita compensar las dificultades derivadas de su propia peculiaridad 490 .
En aplicación de los mandatos constitucionales, y a la vista de las dificultades añadidas a que
se enfrenta este colectivo, en tanto sus circunstancias personales pueden colisionar con el
núcleo duro de las obligaciones del trabajador en un contrato común 491 , la Ley 13/1982, de 7
de abril 492 , regula la integración social de los minusválidos, siendo “finalidad primordial de la
política de empleo de trabajadores minusválidos, su integración en el sistema ordinario de
trabajo o, en su defecto, su incorporación al sistema productivo mediante la fórmula especial
de trabajo protegido” (art. 37). En relación con la lucha contra la discriminación y en pro de
la igualdad real y efectiva de todas las personas, tiene especial relevancia la aprobación, en
la sede de la Organización de las Naciones Unidas el día 13 de diciembre de 2006, de la
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, siendo éstos, entre otros,
los derechos civiles y políticos, la accesibilidad, la participación y la inclusión, el derecho a la
educación, la salud, el trabajo y el empleo, y la protección social. En efecto, recientemente, y
con el fin de incorporar a la legislación interna dicha Convención, se ha promulgado la Ley
26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, pasando así a considerar a las personas con
486
OCDE: OECD Employment Outlook: Towards more and better jobs, 2003.
487
RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M.: “Centros especiales de empleo y cuota de reserva para trabajadores con
minusvalía”, RL, núm. 5, 2000, pág. 1 y ÁLVAREZ DE LA ROSA, M.: “La regulación especial del trabajo de los
minusválidos (I y II)”, RL, T. I, 1987, pág. 218.
488
GARRIDO PÉREZ, E.: El trabajo de minusválidos en Centros Especiales de Empleo, Valencia (Tirant lo blanch), 2000,
pág. 9 y CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL: “Informe sobre la situación del empleo de las personas con discapacidad y
propuestas para su reactivación”, en Informe de 1995.
489
SEMPERE NAVARRO, A.V.: “El trabajo de los minusválidos: problemas de su regulación”, TS, núm. 91, 1998, pág.
56.
490
STSJ País Vasco 13 octubre 1998 (AS 1998, 7279) y 18 abril 2000 (AS 2000, 3288).
491
ESTEBAN LEGARRETA, R.: Contrato de trabajo y discapacidad, Madrid (Ibidem), 1999, págs. 83-84.
492
Esta legislación está inspirada en “la declaración de derechos del deficiente mental, aprobada por las Naciones
Unidas el 20 de diciembre de 1971, y en la declaración de derechos de los minusválidos, aprobada por la Resolución
3447 de dicha Organización, de 9 de diciembre de 1975” (art. 2 Ley 13/1982).
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