La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

Con el tiempo, la progresiva burocratización, formalización, estructuración e
institucionalización de este mercado de formación, fuertemente centralizado en el INEM, así
como las aspiraciones competenciales de las CC.AA. de cara a participar en la gestión y
establecer criterios más adaptados a las necesidades existentes en sus respectivos
territorios, condujeron, durante los años noventa del siglo pasado, a la descentralización a
nivel autonómico, lo que, sin desmerecer las ventajas, también provocó serios
inconvenientes; señaladamente, duplicidades y disparidad de criterios, financiación, tipos de
formación, evaluaciones o certificaciones 289 . Las posteriores dificultades para la adaptación
efectiva a las necesidades de cada zona y el hecho de que los programas, pese a las
profundas mutaciones padecidas por el mercado de trabajo, se hubieran mantenido casi
intactos durante años hicieron evidente la necesidad de una reforma, finalmente acometida,
según ya se indicó, en 2007, con la creación del nuevo subsistema de formación para el
empleo.
La exposición precedente sirve para constatar como en los albores de la década de los
noventa del siglo XX existía ya un subsistema de formación ocupacional que actuaba
simultáneamente al educativo. El mentado Plan FIP había reorganizado las acciones
destinadas a las personas en paro, pero fue preciso esperar al Acuerdo Nacional de
Formación Continua (1992) para contar con una estrategia formativa global destinada al
reciclaje profesional de los trabajadores ocupados 290 , sustentando así el tercer subsistema de
la Formación Profesional 291 .
Este acuerdo bipartito de 1992, que asentaba el modelo que diseñaba en la planificación de
tal formación a través de los principios de autoorganización y de gestión paritaria a través de
la negociación colectiva 292 , inauguró un proceso que fue inmediatamente continuado por el
Acuerdo Tripartito para la Formación Continua de 1993, cuyo texto establecía la asignación
de una parte de la cuota de la formación profesional a la financiación de planes destinados a
los trabajadores en activo, mientras que el resto se dedicaba a la financiación de la
ocupacional, prevista para los parados 293 .
El art. 1 del Acuerdo de 1992 definía la Formación Continua como “el conjunto de acciones
formativas que desarrollan las empresas a través de las modalidades previstas en el mismo,
dirigidas tanto a la mejora de las competencias y cualificaciones como a la recualificación de
los trabajadores ocupados que permitan hacer compatibles la mayor competitividad de las
empresas con la formación individual del trabajador”. El modelo auspiciado por este Acuerdo,
que perduró hasta 2003, se asentaba sobre tres fórmulas: planes de empresa, planes
agrupados por conjuntos de empresas y permisos individuales de formación. Aquellos planes
eran propuestas de programación formativa por parte de las empresas que debían ser
289
AA.VV. (CASAL, J., Dir.): La interrelación de los tres subsistemas de Formación Profesional en España, cit., págs. 84,
94 y 133.
290 “Una política en materia de formación articulada por las autoridades públicas y totalmente ajena a las necesidades
de las empresas, no serviría a ningún objetivo verdaderamente eficiente. Por ello, fruto del consenso se intenta
modificar el panorama de la formación profesional vinculándolo al empleo y configurando un mapa formativo moderno,
ajustado a las demandas sociales, que beneficie a todas las estructuras implicadas o afectadas: Estado, empresarios,
interlocutores sociales, trabajadores y sociedad en general, que adopta su expresión en los Acuerdos de formación
profesional continua”, CANO GALÁN, C.: La formación profesional en España y las cláusulas de formación en la
negociación colectiva, cit., pág. 98.
291 AA.VV. (CASAL, J., Dir.): La interrelación de los tres subsistemas de Formación Profesional en España, cit., pág. 87.
“Antes de que el primer ANFC entrase en vigor, la formación continua se hallaba regulada por el Plan de Formación e
Inserción Profesional (Plan FIP), que se extendía también a la formación para desocupados u ocupacional. Es decir,
antes de 1992, aquellas comunidades que tenían transferidas las competencias en formación ocupacional, también
tenían competencias en formación continua, porque ambos tipos de formación estaban regulados por el Plan FIP. Sin
embargo, después de 1992, con la firma del primer ANFC, que regula la formación continua en el ámbito nacional, la
gestión de la formación continua pasó a los Agentes sociales. Ello ha ocasionado algunos problemas en cuanto a la
división de responsabilidades entre la formación ocupacional y la formación continua”, OROVAL PLANAS, E. y TORRES
SOLÉ, T.: La financiación de la formación profesional en España. Retrato descriptivo de la financiación, cit.
292 ALCAIDE CASTRO, M.; GONZÁLEZ RENDÓN, M. y FLÓREZ SABORIDO, I.: Mercado de trabajo, reclutamiento y
formación en España, Madrid (Pirámide), 1996, pág. 269 o ALCAIDE CASTRO, M. y GONZÁLEZ RENDÓN, M.: “Análisis
de los cambios introducidos en el subsistema de formación continua por los Acuerdos de formación de 1996”,
Relaciones Laborales, T. III, 1997, pág. 1181.
293 Un repaso a dichos acuerdos en ALCAIDE CASTRO, M. y GONZÁLEZ RENDÓN, M.: “Los Acuerdos de Formación
Continua. Un balance”, Situación, núm. 4, 1997, págs. 317-335
164 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN