La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

El predominio de la forma mercantil es una realidad relativamente reciente, pues
históricamente las empresas de inserción, impulsadas por asociaciones y fundaciones,
mantenían su forma originaria no mercantil porque les permitía realizar una actividad
productiva. Pero con la aparición de las normativas autonómicas, esta práctica se transforma
y muchas de estas entidades crean sociedades mercantiles para poder registrarse y acceder
a las ayudas específicas otorgadas por las Administraciones Públicas 404 .
A la nota anterior es preciso sumar las siguientes exigencias (art. 5):
a) Estar promovidas y participadas (al menos en un 51% del capital social para las
sociedades mercantiles) por una o varias entidades promotoras, entendiendo por tales las
entidades sin ánimo de lucro, incluidas las de Derecho Público, las asociaciones sin fines
lucrativos y las Fundaciones, cuyo objeto social contemple la inserción social de personas
especialmente desfavorecidas.
La normativa autonómica sobre empresas de inserción establece un porcentaje
mínimo variable. Así Aragón exige el 51%, 40% si el sociedad anónima laboral; País Vasco,
Baleares y Canarias, 33%; Castilla y León, más del 50%; Cataluña y Madrid, 51%; La Rioja,
no fija cifras, sólo que sea significativa.
b) Estar inscritas en el Registro correspondiente a su forma jurídica, así como en el
Registro Administrativo de Empresas de Inserción de la Comunidad Autónoma. Castilla y
León lo ha creado al efecto a través del Decreto 34/2007, de 12 de abril, por el que se regula
el procedimiento de calificación de las Empresas de Inserción y se crea su registro
administrativo.
c) Mantener en cómputo anual, desde su calificación, un porcentaje de trabajadores
en proceso de inserción, cualquiera que sea la modalidad de contratación, de al menos el
30% durante los primeros tres años de actividad y de al menos el 50% del total de la
plantilla a partir del cuarto año, no pudiendo ser el número de aquellos inferior a dos.
La normativa autonómica hace oscilar ese porcentaje: Aragón y Madrid coinciden con la
regulación estatal pero los trabajadores han de ser, como mínimo, tres; Baleares sube el
número a las cuatro personas; Cataluña, entre un 30% y un 70%; Navarra, un 60% y un
mínimo entre 5 y 20 personas; País Vasco, entre un 40% y un 75%, mínimo 2 personas y
Valencia un 30%.
En cualquier caso, las empresas de inserción no son microempresas por sus necesidades y
finalidad ni grandes organizaciones por idénticos motivos, sino entidades de tamaño medio
con una ratio de trabajadores de inserción de 12,5 por empresa 405 , con una media de 21
trabajadores por empresa casi el 60% de éstos son trabajadores de inserción 406 .
d) No realizar actividades económicas distintas a las de su objeto social;
Las entidades promotoras no tienen porqué dedicarse sólo a la inserción de personas
en situación de exclusión, pero las empresas de inserción sí.
e) Aplicar, al menos, el 80% de los resultados o excedentes disponibles obtenidos en
cada ejercicio a la mejora o ampliación de sus estructuras productivas y de inserción;
Las empresas de inserción, a diferencia de otras organizaciones sin ánimo de lucro -al
menos la mayor parte--, tienen el imperativo de ser solventes y económicamente
rentables, pero carecen del ánimo de repartir beneficios entre sus socios, sino que han de
404 Estudio sobre la situación de las empresas de inserción en España, Colección Herramientas para la Inclusión, Vol. 2,
Fundación Un Sol Món, Caixa Catalunya Obra Social, 2007.
405 Datos proporcionados por la Federación Española de Entidades de Empresas de Inserción.
406 Estudio sobre la situación de las empresas de inserción en España, Colección Herramientas para la Inclusión, Vol. 2,
Fundación Un Sol Món, Caixa Catalunya Obra Social, 2007.
615 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN