La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

3º.- Poseer cierto nivel de conocimientos a nivel teórico ya sea titulación oficial
universitaria, de formación profesional de grado medio o superior o titulación del mismo nivel
que esta última, correspondiente a las enseñanzas de formación profesional, artísticas o
deportivas, o bien contar con un certificado de profesionalidad, de manera que no se está
pensando en quienes carecen de la más absoluta cualificación.
4º.- No haber celebrado con anterioridad un contrato de trabajo o acreditar alguna
clase de experiencia profesional superior a tres meses en la misma actividad con cualquier
empresa, si bien no serán tenidos en cuenta a este respecto los períodos prácticos
desempeñados como parte de los currículos para la obtención de las titulaciones o
certificados correspondientes.
Ahora bien, antes de celebrar cualquier acuerdo con quienes cumplan los requisitos
anteriores, el empleador interesado en formar a una persona joven viene obligado a celebrar
un convenio con el Servicio Público de Empleo competente por razón del territorio del centro
de trabajo donde será desarrollada la actividad instructora. Dicha competencia será asumida
por el Estatal cuando el desempeño sea realizado en unidades productivas con instalaciones
ubicadas en más de una Comunidad Autónoma, si bien la preselección de los elegidos así
como el control y seguimiento de sus quehaceres corresponderá al órgano gestor
competente en razón de la ubicación de los centros de trabajo (art. 4.1 RD 1543/2011).
La norma exige también un contenido mínimo a incorporar en el convenio de colaboración
que se ha de suscribir con el Servicio Público correspondiente: un programa de prácticas
donde habrán de constar, al menos, el contenido del adiestramiento y la formación que le
acompaña, la duración de las mismas y los sistemas de evaluación y tutorías (art. 4.4 RD
1543/2011); referencia al proceso de preselección de las personas jóvenes candidatas por el
órgano administrativo, si bien la designación final de los preferidos corresponderá al
empleador (art. 4.2 RD 1543/2011); en fin, recogerá de forma expresa los mecanismos de
control y seguimiento a llevar a cabo por la oficina pública tendentes a poder verificar el
cumplimiento de los requisitos establecidos y de los objetivos de esta medida,
especialmente, la contribución de las prácticas en la mejora de la empleabilidad de los
jóvenes (art. 4.3 RD 1543/2011).
De igual manera, pero esta vez de manera optativa y no obligatoria, podrán incluir en el
pacto un apartado específico donde adquieran un compromiso de contratación de estos
jóvenes de conformidad con lo previsto en el RD 395/2007, de 23 de enero y desarrollado
por el art. 21 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, en cuyo caso, y ex art. 24 de esta
última norma, podrán beneficiarse de las subvenciones compensatorias de los gastos
vinculados a las acciones de tutoría y evaluación (art. 5.2 RD 1543/2011).
Por otro lado, el Real Decreto ordena una serie de previsiones sobre el régimen jurídico a
aplicar durante el desempeño de estas prácticas y que pretenden ofrecer ciertas
prerrogativas mínimas para el joven, limitando la absoluta libertad de las que disfrutaban
hasta ahora las bases de las convocatorias de las becas:
1ª.- Es necesario suscribir un acuerdo, cabe entender que debe ser por escrito aun
cuando la norma no exija dicha forma de manera expresa, entre la empresa y la persona
joven en el cual es necesario incluir como mínimo los siguientes aspectos: el contenido
concreto del adiestramiento a desarrollar, la duración del mismo, las jornadas y horarios
para su realización, el lugar o lugares de desempeño, la delimitación del sistema de tutorías
y la certificación a la que se tendrá derecho por la ejecución de las prácticas (art. 3.3 RD
1543/2011).
2ª.- Estas prácticas deben ser desarrolladas en centros de trabajo de la empresa o el
grupo y, para reforzar su naturaleza formativa, es obligado nombrar un tutor que dirija y
supervise la actividad del joven (art. 3.2 RD 1543/2011).
3ª.- Su duración no puede ser inferior a tres meses ni superior a nueve --nada se
dice sobre la posibilidad de prórrogas hasta agotar la duración máxima--, de manera que el
joven una vez finalizado tal plazo pueda incorporarse al mercado mediante la celebración de
un contrato de trabajo bajo cualquier modalidad (art. 3.2 RD 1543/2011).
EL TRABAJO DE LOS JÓVENES POR CUENTA AJENA 440