La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

participantes sean necesariamente elegidos, pues el proceso de selección puede quedar desierto
sin merma de la misma 468 .
Las relaciones descubiertas --y antes descritas-- entre los arts. 23.2 y 103.3 CE forzarían
todavía más a una "interpretación integradora de la Constitución" 469 , a partir de la cual afirmar
que la publicidad, mérito y capacidad están presentes como elementos esenciales dentro de la
igualdad en aquélla proclamada, por ser la base común a todos los sectores de la Administración
y a todos los empleados al servicio de la misma en la primera fase del proceso de ingreso, sin
distinción de ninguna clase 470 . Quedan así armonizados los principios constitucionales del art.
103.3 CE con otros también reconocidos en la Carta Magna como el de tutela efectiva --art.
24.1 CE-- e igualdad ante la ley 471 --arts. 14 y 23.2 CE-- 472 .
2.- Su aplicación a trabajadores
Tal y como ha reconocido el máximo intérprete de la Norma Fundamental –y se ha dejado
cumplida constancia en las páginas precedentes--, el derecho del art. 23.2 CE "entronca
válidamente en el principio general de igualdad ante la ley reconocido en el art. 14 CE" 473 , lo
cual implica que "la referencia al art. 14 como manifestación general, del que el citado art. 23.2
sólo sería una concreción para la función pública, permite sostener que la igualdad, mérito y
capacidad deben ser predicables, y así se recoge expresamente en la normativa legal y
reglamentaria vigente, tanto para los accesos de laborales como obviamente para cuantos se
produzcan en el ámbito funcionarial" 474 . De no ocurrir así quedaría muy mal parada la regla
destinada a garantizar la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.2 CE),
pues se estaría tratando de forma distinta a quienes desean incorporarse a la Administración
como trabajadores 475 .
Es más, "en la materia rige un principio de igualdad absoluta de trato referido a todos los
ciudadanos que limita la libertad de nombrar y contratar a quien se desee, a concretar en la
exigencia de objetividad de acuerdo con los principios de mérito y capacidad" 476 . Todo ello sin
olvidar cómo "la CE contiene una reserva de Derecho Administrativo capaz de impedir a los
Entes públicos convertirse en una persona de Derecho Privado más, evadiéndose de las
garantías y controles a cambio de perder sus privilegios...; en consecuencia, el sometimiento al
ordenamiento privado no va a hacer decaer ni perder vigor a determinados principios
reguladores de la selección de personal" 477 .
Por tales motivos, resulta preciso aplicar los arts. 23.2 y 103.3 CE también en el caso de los
trabajadores, para así evitar que el principio de igualdad quede reducido a la nada, vedando a la
Administración "no sólo contratar libre o discrecionalmente los servicios de quien considere más
conveniente, sino obligándola a hacerlo respecto de aquel ciudadano que acredite encontrarse
con las cualidades objetivas, requeridas para el desempeño de las tareas predichas cuando le
hagan acreedor de contraer tal vínculo" 478 . Es menester "velar, en última instancia, por la
468
CAVAS MARTINEZ, F.: “Acceso al empleo público y adquisición de la relación de servicio”, en AA.VV (MONEREO
PEREZ, J.L. et alii, Dirs.): El Estatuto Básico del Empleado Público. Comentario sistemático de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, Granada, 2008, pág. 586.
469
MARTIN PUEBLA, E.: "Trabajadores al servicio de la Administración (la problemática aplicación del Derecho del Trabajo
en el seno de la Administración Pública)", Relaciones Laborales, 1990, T. I, págs. 28-30.
470
MOLERO MARAÑON, Mª.L.: Acceso y clasificación profesional en las Administraciones Públicas, Valencia, 1999, pág. 45.
471
JIMENEZ ASENSIO, R.: "Selección, formación y carrera administrativa en la función pública vasca", Documentación
Administrativa, núm. 204, 1985, págs. 66 y ss.
472
En tal sentido, y por todas, la continuada sucesión de pronunciamientos contenida en las SSTS, Cont-Admtivo, 11
febrero, 22 marzo, 12 abril, 10 mayo, 1 julio y 4 octubre 1988 (Ar. 1394, 2060, 2754, 3640, 4182 y 6463).
473
STCo 269/1993, de 20 de septiembre. En el mismo sentido, STS, Cont-Admtivo, 17 febrero 2003 (JUR 2112) y SSTSJ,
Cont-Admtivo, Castilla-La Mancha 8 febrero 2003 (JUR 112258), Andalucía/Sevilla 14 febrero 2003 (JUR 911) ó Castilla-La
Mancha 5 julio 2004 (JUR 197086).
474
ROJO TORRECILLA, E.: "La relación del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas", en AA.VV.: Las
relaciones laborales en las Administraciones Públicas. XI Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, Vol. I, Madrid, 2000, pág. 87.
475
STCo 83/2000, de 27 de marzo. En la doctrina científica, SANCHEZ ICART, J.: "Contratación laboral por la
Administración Pública: consecuencias jurídicas del incumplimiento de la normativa aplicable", Relaciones Laborales, núm.
14, 1994, pág. 36.
476
SALA FRANCO, T.: Incidencia de la legislación laboral en el marco de la función pública, Madrid, 1989, pág. 26.
477
DEL SAZ CORDERO, S.: "Desarrollo y crisis del Derecho Administrativo. Su reserva constitucional", en CHINCHILLA
MARIN, C.; LOZANO, B. y DEL SAZ CORDERO, S.: Nuevas perspectivas del Derecho Administrativo. Tres estudios, Madrid,
1992, pág. 173.
478
STCo 282/1983, de 27 de septiembre, siguiendo el pronunciamiento de la STCo 181/1991, de 18 de julio.
EL TRABAJO DE LOS JÓVENES POR CUENTA AJENA 452