La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

Estas entidades de economía social están reguladas por la Ley 4/1997, de 24 de marzo, de
Sociedades Laborales con carácter general para toda España, al carecer las Comunidades
Autónomas de competencia en la materia.
Estas organizaciones son sociedades anónimas o de responsabilidad limitada en las que la
mayoría del capital social es propiedad de trabajadores y acrediten cumplir los requisitos
establecidos en dicha norma reguladora. La gran diferencia con las sociedades anónimas y
limitadas “ordinarias” radica en la división de las acciones y participaciones en dos clases: las
que sean propiedad de los trabajadores cuya relación laboral lo sea por tiempo indefinido -clase
laboral-- y las restantes --clase general-- (art. 6).
La adquisición, transmisión y cambio de clase están sujetas a la norma específica contenida
en la Ley reguladora 478 . En estas sociedades, como en el resto, la participación en la toma de
decisiones no es democrática, sino proporcional a la participación en el capital, igual que el
reparto de beneficios 479 .
Por tanto, los socios con acciones de clase laboral son trabajadores por cuenta ajena a
quienes les es de aplicación las normas laborales, dado que mantienen dicha condición pese
a formar parte de la sociedad laboral. En términos legales, éstos mantienen las dos
condiciones, como socios y como empleados por cuenta ajena al amparo de un vínculo
indefinido con la sociedad en cuyo capital participan 480 .
De nuevo, estas empresas, al prestar servicios simultáneamente socios trabajadores con
participaciones de clase laboral y trabajadores por cuenta ajena, ven limitada su capacidad
de contratación: “el número de horas al año trabajadas por los trabajadores contratados por
tiempo indefinido no podrá ser superior al 15% del total de horas-año trabajadas por los
socios trabajadores. Si la sociedad tuviera menos de 25 socios trabajadores, el referido
porcentaje no podrá ser superior al 25 % del total de horas-año trabajadas por los socios
trabajadores”. Para este cálculo no se tomarán en cuenta aquéllos con contrato de duración
determinada y los trabajadores con discapacidad psíquica en grado igual o superior al 33 %.
(art. 1).
Si fueran superados estos límites, la sociedad en el plazo máximo de tres años habrá de
alcanzarlos, reduciendo, como mínimo, cada año una tercera parte del porcentaje en que
inicialmente se exceda o supere el máximo legal. En este caso la norma no impone el paso
del trabajador a la condición de socio trabajador, pero constituye esta transformación una
buena vía para reducir el límite.
En la Comunidad Autónoma de Castilla y León se ha producido un gran auge de este tipo de
sociedades, debido en gran parte, a los beneficios fiscales y sociales que obtienen. Buena
muestra de la manifestación anterior viene dada por los siguientes datos:
TOTAL SS.LL. TOTAL AGRICULTUR
A
INDUS-
TRIA
645 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN
CONS-
TRUCCIÓ
N
ÁVILA 107 6 7 29 65
BURGOS 149 3 27 27 92
LEÓN 438 6 49 84 299
SERVICIOS
478
Sobre su reforma, LÓPEZ I MORA, F.: “Las sociedades laborales a reforma”, en AA.VV.: El empresario laboral.
Estudios jurídicos en homenaje al Profesor Camps Ruiz con motivo de su jubilación, Valencia (Tirant lo blanch), 2010,
págs. 73 y ss.
479
BURGOS ROSADO, L.: “El autoempleo como fórmula de emancipación de los jóvenes. Especial referencia a las
empresas de economía social”, cit., pág. 303.
480
Sobre esta dualidad, ESPÍN SÁEZ, M.: “El socio trabajador de sociedad laboral”, Revista General de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social, núm. 4, 2003.