La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

convencional (lo cual no es nada frecuente) y, en todo caso, encuentra una serie de límites
objetivos que parten de una distinción inicial entre los supuestos de formación para una
profesión u oficio (entre aquéllos acreditados para la impartición de cada certificado de
profesionalidad --art. 7.1 y 9 RD 395/2007--) y cuantos otros respondan a una finalidad
distinta, como completar la escolaridad obligatoria (centro de educación básica, dependiente
o concertado por la propia Administración educativa) u obedecen a los patrones de las
propias entidades promotoras en el ámbito de los programas de formación en alternancia y
los Centros Especiales de Empleo si se trata de una relación laboral especial.
Respecto a la modalidad, la amplía gama de posibilidades recogidas en la norma, que
intentan hacer frente a los problemas para encontrar un centro apropiado o las limitaciones
numéricas respecto al cupo de alumnos (25 por grupo si es presencial, pero si es a distancia
o teleformación fijado por tutores, no por grupos, de modo que no se pueden superar los 80
alumnos por tutor), no enervan las grandes reticencias que suscita una educación a
distancia, con múltiples pronunciamientos judiciales observando que a su través convertían
la formación teórica en una mera formalidad, para abaratar costes del contrato 93 . Además,
argumentando que tanto el art. 10.4 RD 488/1998 como el art. 6 OM 14 julio 1998 no
otorgan una posibilidad real de elección a la empresa, sino que establecen la obligatoriedad
de la forma presencial salvo de acreditar la imposibilidad para concertarla, bien por la
inexistencia de un centro apropiado en el municipio, bien por incompatibilidad horaria entre
prestación laboral y la formación presencial 94 .
Por otra parte, la formación teórica supone una pérdida salarial para el trabajador, en tanto
no es tiempo retribuido, mientras que para la empresa supone un coste, del cual, no
obstante, puede resarcirse en parte a través de las reducciones en las cuotas que ahora
actualiza el art. 2 del RD Ley 10/2011, en los términos que se expondrán mas tarde.
A cambio de este trato tan favorable asume el compromiso de llevar a cabo un seguimiento
efectivo de la formación teórica 95 , sin que baste para acreditarlo con la mera obtención
de un título cuando no quepa contrastar un verdadero aprovechamiento 96 (art. 22.4 RD
488/1998) o con la mera entrega o puesta a disposición del material docente 97 , pues existan
actos formales, pero no se habrán puesto todos los medios (obligación pues de tal especie,
no de resultado) para garantizar el éxito en el proceso formativo, que es cuanto la norma
requiere.
Cabe aludir, así, a una serie de incumplimientos empresariales que, junto a los reseñados,
pueden ir desde los no sustanciales o formales (que no afectan a la causa del contrato, al
constituir menos incumplimientos “parciales, conforme ocurre con los retrasos esporádicos
en la formación, el desajuste de la programación al efecto o la mala organización de su
puesto en práctica” 98 ), hasta otros que conllevan un incumplimiento “total” o sustancial,
tales como no respetar el tiempo reservado para la formación teórica 99 o utilizarlo para
prestar trabajo efectivo 100 , no otorgar los permisos necesarios para acudir al centro
formativo 101 , incurrir en excesos de jornada 102 , o, con carácter general, corroborar la
inidoneidad --o la falta 103 -- de las enseñanzas al puesto u oficio contratado 104 . En estas
ocasiones procederá estar a las consecuencias de la contratación por fraude de ley asociadas
a la inexistencia de la causa típica demandada, en los términos y con el anclaje jurídico
93
Entre muchos, el elocuente supuesto abordado en la STSJ Castilla y León/Valladolid 29 octubre 2008.
94
Si bien el Tribunal Supremo ha entendido que acogerse a la formación a distancia cuando existe un centro docente
apropiado con un horario compatible no determina por sí mismo el incumplimiento legal de la obligación formativa,
siempre y cuando se acredite que aquélla efectivamente se ha impartido, STS 10 febrero 2003.
95
STS 21 febrero 2007 o STSJ Castilla y León/Valladolid 29 octubre 2008. No obstante, el incumplimiento se modula si
acaece alguna causa impeditiva del seguimiento, como encontrarse en una situación de incapacidad temporal (STSJ
Galicia 9 octubre 2001), y se compensa si es imputable en exclusiva al propio trabajador (SSTSJ Galicia 2 diciembre
2005 o Asturias 29 septiembre 2007).
96
STSJ Cantabria 19 febrero 2003.
97
SSTSJ Asturias 26 marzo 2004 o Castilla y León/Valladolid 29 octubre 2008.
98
Citados por las SSTSJ Castilla-La Mancha 20 febrero 2003 o Murcia 23 marzo 2003; observase su aplicación -ejemplar,
pero respecto de la cual cabe una clara crítica-- en STSJ Castilla y León/Valladolid 21 noviembre 2005; más
aún en STSJ Castilla y León/Valladolid 5 julio 2004.
99
STSJ Comunidad Valenciana 15 noviembre 2002 y STSJ Castilla y León/Valladolid 20 junio 2004.
100
STS 31 mayo 2007 y SSTSJ Asturias 30 marzo 2001, Canarias/Las Palmas 19 junio 2001, Comunidad Valenciana 17
febrero 2002 o Galicia 15 diciembre 2005; muy ilustrativa la STSJ Castilla y León/Valladolid 20 junio 2000.
101
STSJ Comunidad Valenciana 15 noviembre 2002.
102
Sobre la reducción de jornada, STS 10 febrero 2003.
103
STSJ Castilla y León/Valladolid 3 noviembre 2010.
104
SSTSJ Cataluña 30 diciembre 2004 y Castilla-La Mancha 27 abril 2006.
351 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN