La empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León - Consejo ...

3.- Edad
Aun cuando el art. 46.1 b) LFPCL, por ser anterior al EBEP, exige tener cumplidos 18 años, lo
cierto es que la edad mínima de acceso ha sido rebajada a 16 [art. 56 c) EBEP], con el fin de
hacerla coincidir con la que rige en el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por
el que se aprueba la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET) para el personal laboral (art.
6), lo cual evidencia, una vez más, la tendencia a la unificación de los regímenes de los
empleados públicos. La fijación de esta edad se corresponde con las etapas escolares
obligatorias, que, en nuestro caso, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, está integrada por la educación primaria y la secundaria obligatoria, cuyo
desarrollo regular comprende una década de escolaridad, entre los diez y los dieciséis años.
Esta correspondencia entre formación y edad laboral se ajusta a lo dispuesto en el Convenio
138 OIT, adoptado en 1973 y ratificado por España en 1977, sobre edad mínima de admisión
al empleo, y al contenido de la Directiva 94/33/CE, relativa a la protección de los jóvenes en
el trabajo.
No obstante, ha de advertirse que la equiparación entre el ordenamiento funcionarial y
laboral no es absoluta, pues el art. 7 ET limita la capacidad contractual de los menores de
dieciocho y mayores de dieciséis, que no estén emancipados, requiriendo el consentimiento
de sus padres o tutores, o la autorización de la persona o institución que los tenga a su
cargo, para realizar un trabajo. Además, el legislador laboral prohíbe ciertos trabajos a
quienes no son mayores de edad, caso de las actividades o puestos insalubres, penosos,
nocivos o peligrosos, tanto para su salud como para su formación profesional y humana.
Conforme establece el art. 6 ET este tipo de actividades deben ser declaradas por el
Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo, previa consulta con las organizaciones
sindicales más representativas. En tanto esta declaración no se ha realizado, sigue estando
vigente el Decreto de 26 de julio de 1957, sobre trabajos prohibidos a menores y mujeres,
que si bien está derogado respecto de las segundas, su aplicación para los primeros deriva
de lo dispuesto en la disposición derogatoria única LPRL. Asimismo, el art. 6.3 ET veta a los
menores la realización de trabajo nocturno. Lógicamente, estas limitaciones se imponen
también al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, al que se aplica la
legislación social común en todo lo no dispuesto expresamente por el EBEP.
La Orden ADM 853/2009, en su apartado cuarto.punto 4, exige “tener cumplidos dieciséis
años de edad… No obstante, las bases específicas podrán exigir la edad mínima de dieciocho
años para el acceso a cuerpos y escalas que impliquen el ejercicio de autoridad o a
categorías profesionales y especialidades, cuyas funciones supongan un riesgo para la
salud”.
Por lo que respecta a la edad máxima para el acceso al servicio de las Administraciones
Públicas, procede entender que para los funcionarios es la de jubilación forzosa (apartado
cuarto.punto2 Orden ADM 853/2009), actualmente fijada –a la espera de inminentes
reformas-- en 65 años (art. 67.3 EBEP), ya que cualquier otra que no se introdujera por ley,
atendiendo a las características concretas del puesto podría ser considerada inconstitucional
por discriminatoria al no guardar relación con el principio de mérito y capacidad 610 . En tal
fijación se han rechazado argumentos relacionados con el establecimiento de carreras
administrativas que tengan una duración razonable y con la necesidad de que los empleados
públicos ejerzan su actividad durante un período mínimo habida cuenta del interés del
servicio y del necesario equilibrio financiero del régimen de pensiones, que en otras sedes se
han considerado como objetivos y razonables, tal y como argumenta el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Europea 611 .
El precepto citado del EBEP es absolutamente claro al recordar que sólo por ley podrá
establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa para el ingreso al
empleo público, como se ha hecho en el caso del acceso a los cuerpos y fuerzas de seguridad
o al de bomberos. La razón de esta imposición legal hay que encontrarla en la doctrina
constitucional en la que se mantiene que toda limitación del derecho al trabajo pertenece al
610
Tal y como ha establecido la doctrina sentada por la STCo 37/2004, de 11 de marzo.
611
En conocida Sentencia de 28 de octubre de 2004, FERNANDEZ DOMINGUEZ, J.J. y RODRIGUEZ ESCANCIANO, S.: El
acceso al empleo público, Madrid, 1995, págs. 23 y ss.
479 INFORME SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN